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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las mujeres continúan siendo la mayoría de la población en El Salvador, con un 53.22%, no obstante, sigue enfrentando desigualdad, marginación y violencia en sus diversas manifestaciones, afirmó América Romualdo, coordinadora de Las Dignas, que integra la RED-FEM.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la RED –FEM, constituida por ORMUSA, Las Mélidas y Las Dignas, presentaron el informe “Situación de la Violencia contra las Mujeres 2022”, que acentúa la “recurrencia” de hechos graves de violaciones a los derechos de las mujeres salvadoreñas.
“Seguimos demandando voluntad política para visibilizar que la violencia contra las mujeres es un problema social importante y que debe tener políticas públicas. Como organizaciones siempre estamos en la disponibilidad de hacer propuestas porque creemos que resolver esta violencia es vital para el desarrollo de las personas y el país”, señaló.
“Hay muchos esfuerzos que se han dedicado a la violencia delincuencial en general y no ha sido vista la violencia contra las mujeres como un problema importante de seguridad ciudadana esas son nuestras demandas”, reiteró Romualdo.
Sobre la reiterada discriminación y desventajas sociales de las mujeres en el país, agregó Romualdo, esto debe ser “tomado en serio” por la institucionalidad del Estado, articulándose desde los marcos jurídicos de protección a las mujeres, que en su mayoría continúan enfrentando espacios de violencia a lo largo de sus vidas.
“Creemos que es importante que toda la legislación se aplique de forma conjunta, -porque efectivamente-, al no combatir la violencia contra las mujeres se fortalece la violencia contra ellas. Cuando un Estado no resuelve los graves problemas que día a día viven las mujeres, se convierte en un Estado insensible de género y desigualdad”, explicó Romualdo.
Asimismo, reiteró que los movimientos feministas y de mujeres han venido fortaleciendo su lucha contra la “violencia contra las mujeres” y la “discriminación contra las mujeres”, que se vuelve indetectable por falta de información o estadísticas constante para medir esos procesos de exclusión de las mujeres en la sociedad salvadoreña.
“Esto potencia que las mujeres sean más vulnerables a la violencia, tengan temor de denunciar, que no tengan confianza de romper el silencio o hacer acciones para romper estos ciclos de violencia”, reafirmó Romualdo.
Y es que, solo entre enero de 2021 a junio de 2022, la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la Procuraduría General de la República atendió a 3, 781 víctimas. De ellas el 92% ha sido mujeres y en un aproximado un 89% de los agresores fueron hombres, explicó Silvia Juárez, coordinadora del Programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las mujeres (ORMUSA).
“El Salvador es un país que no carece de legislación a favor de las mujeres especializada y también se acercó a temer un subsistema de protección, en un país con un contexto de al menos 20 mil hechos de victimización a las mujeres ante el sistema de justicia. Hemos encontrado procesos de involución en cuanto a la erradicación de la violencia contra la mujer”, señaló Juárez.
Asimismo, señaló, como un hecho grave la ocultación de datos sobre la problemática ante la ausencia del “Informe anual de hechos de Violencia contra las Mujeres”, que es obligación del subsistema de protección que mantenía datos reales y estadísticas sobre la situación de las mujeres salvadoreñas. “Las estadísticas y el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que administra esta red (de organizaciones) no se ha tenido información sobre feminicidios u otros hechos de violencia contra las mujeres. Así que, hemos monitoreado los medios de prensa y reiteramos el derecho a la libertad de prensa, porque eso permite tener una contraloría ciudadana ante el problema”, aclaró.
Sobre el monitoreo periodístico, Juárez comentó que registran 51 feminicidios entre 1 de enero al 20 de noviembre (2022); de estos 17 fueron cometidos por sus parejas, o sea, en el ámbito de relaciones de confianza, lo que indica, agregó, que si bien pudo haber una disminución en comparación al año 2021, que registró 121 feminicidios.
No obstante, no ha variado el hecho de que las prácticas de esta expresión de violencia sigue marcada por tratos degradantes, crueles y en un marco de relaciones de poder que la institucionalidad del Estado no ha podido incidir para disminuirla.
“Percibimos un desinterés también por garantizar de manera contundente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte de la institucionalidad pública, sin advertir presupuestos especializados y específicos para atender la violencia contra las mujeres”, señaló Juárez.
En cuanto a la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la UNIMUJER-ODAC, atendió a 7,027 mujeres de diferentes edades en el período comprendido de enero 2021 a la fecha (junio 2022 fecha de entrega) de 3,119 atenciones (ODAC) 4,254 casos (UNIMUJER) y 4,045 casos (COP) que hacen un total de 11, 418 atenciones brindadas a mujeres por estas unidades de la PNC. Mientras, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que para el año 2021, los hechos de violencia contra niñas, niños y adolescentes fueron 2,483 casos con un 82% sexo femenino, que fueron víctimas de los delitos de violación agravada en menor incapaz, violación en menor o incapaz, agresión sexual en menor e incapaz y maltrato infantil.
Así como los delitos de violación, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos sexuales agravadas, violencia intrafamiliar y privación de libertad. Período en que se registraron 132 muertes violentas de mujeres de las cuales el 61.4% fue catalogada como feminicidios.
Otro hallazgo de la investigación señaló, Juárez, fue medir la “carga de trabajo” de la jurisdicción especializada y medir su capacidad de administrar justicia desde una perspectiva de derechos. Aunque, señaló que estos tribunales tienen una cifra del 266% de saturación de casos, que se traduce en una “desborde de casos”, que provoca que se remitan estos casos a los Juzgados de Paz.
“Estos Juzgados de Paz son insensibles y están minimizando la violencia contra las mujeres, vienen a facilitar la impunidad y también disminuyen el acceso a la justicia de las mujeres. Y las entidades públicas con competencia en la protección de derechos de las mujeres y niñas con débiles presupuestos financieros terminan en una falta de implementación de marcos normativos”, aclaró Juárez.
