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César Villalona
31 de mayo de 2025
Cuando Bukele llegó a la presidencia de la república, en junio de 2019, la deuda pública acumulada durante seis gobiernos y 30 años era de $19,241 millones. Para mayo de 2024, cuando Bukele terminó su primer mandato, la deuda estaba en $30,858 millones, o sea, había aumentado en $11,617 millones (60%).
Bukele tomó posición de un segundo mandato (de facto) en junio de 2024 y dijo que la economía estaba enferma y la curaría con una “medicina amarga”. Al cerrar ese año, miles de personas fueron despedidas del Gobierno pero al mismo tiempo la deuda aumentó en $1,314 millones y llegó a $32,172 millones, equivalentes al 91% del PIB.
Mucha gente pregunta para qué sirvió ese endeudamiento si la economía está enferma y hay 127,000 pobres más que en 2019. La pregunta es correcta pero el Gobierno no la responde.
En diciembre de 2024, el Gobierno firmó un acuerdo con el FMI porque su deuda es tan grande que podía quedarse sin fuentes de financiamiento. El FMI le prestará $1,370 millones a cambio de que el Gobierno recorte sus gastos, se olvide del bitcoin, frene la corrupción pública (algo imposible), aumente las reservas del Banco Central y reforme el sistema de pensiones.
Como el FMI representa los intereses de los prestamistas internacionales, su misión consiste en garantizar que los Estados paguen sus deudas y se sigan endeudando para que los prestamistas ganen cada vez más dinero.
El acuerdo con el FMI arrancó en enero de este año y el Gobierno ya despidió a miles de empleados y empleadas públicas, cerró escuelas, unidades de salud y 12 oficinas departamentales del ISDEMU, le quitó $54 millones a 30 hospitales y aplica otras medidas negativas para la población.
Entre enero y abril de este año el Gobierno pagó $911 millones de deuda, de los cuales $601 millones (66%) fueron intereses, que no reducen la deuda. Pero en ese mismo período la deuda aumentó en $958 millones y llegó a $33,130 millones.
Como el Gobierno mantiene su acelerado endeudamiento, al cerrar el 2025 la deuda pública podría superar los $35,000 millones, una cifra alarmante. Para pagar lo que debe, el Gobierno duplicará la dosis de la medicina amarga.
Ya veremos cómo responderá el pueblo ante el nuevo tratamiento.
