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Depuración judicial

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador.

La depuración judicial es un objetivo largamente aguardado por la sociedad salvadoreña y en consecuencia con los graves niveles de corrupción y mora judicial existentes en el sistema; hasta hace apenas un año, por ejemplo, de la totalidad de casos elevados a pleno, estadísticamente solo un 2% llegaba a término, describiendo esto con crudeza la situación. Pero añadamos a ello el actuar de diversos operadores de justicia que respondiendo a intereses personales, políticos o de clase contribuyen con sus resoluciones a perpetuar las condiciones de injusticia e inequidad estructurales, como fuera el caso de ese magistrado de lo contencioso que recientemente se sumara a la política de impunidad del ejecutivo al manifestar como valedera la ley de amnistía que fuera hace años declarada improcedente por la corte plena y favoreciendo así a los criminales de guerra que procesaba; y que decir de los miles de personas procesadas por diversos delitos que congestionan el sistema judicial y que sin más evidencia en su contra que su origen social son olvidadas a su suerte por los mismos operadores para satisfacer intereses políticos, a lo que podemos sumar los privilegiados empleos de la corte concedidos a personas cuya mayor referencias es ser cercano a este o aquel magistrado o juez, quienes además entre agosto y noviembre ya están pensando en que celebraciones se dilapidará el presupuesto de la corte que no se ejecutara cada año, prevaleciéndose de los cargos, menospreciando las ingentes necesidades que abaten al país.

Lo mas grave, es de regular que el sistema solo responda al sagrado deber de hacer justicia cuando esta satisface intereses políticos [el caso de los niños Guerrero Toledo, desaparecidos en Santa Tecla recientemente evidencia crudamente como a pesar de tener todos los elementos para resolver, la ausencia de interés lo obstaculiza, y quizás contribuyera por desidia al asesinato de los jóvenes].

Estos son solo algunos ejemplos que evidencian el grado de descomposición alcanzado por el sistema judicial, el cual solo puede explicarse sistémicamente, es decir, se corresponden al interés de perpetuar condiciones sociopolíticas y económicas que favorecen a las élites.

Los mayores criminales de este país no pasean por las calles, ni andan en mangas de camisa; son resguardados intocables por el mismo sistema que ahora es sometido y cooptado, asegurando el poder garantizándose la impunidad judicial.

Es decir; las acciones emprendidas desde el ejecutivo, supuestamente orientadas a sanear el sistema judicial no tienen en realidad tal propósito, puesto que los agentes judiciales que son removidos por supuestamente ser corruptos, así reza el discurso, son sustituidos por otros que asumen simplemente porque responden a intereses políticos, por lo que el proceso se encuentra viciado jurídicamente.

No hay en ese sentido ninguna depuración, solo se sustituye a un agente por otro que sí es corrupto, puesto que se lo elige por un perfil inescrupuloso que responderá a los intereses del ejecutivo.

De semejante procedimiento solo puede resultar niveles más graves de impunidad y corrupción, pues la descarnada operación tiene ese solo propósito: perpetuar condiciones de injusticia.

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