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Redacción Nacionales
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Las organizaciones que conforman la Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) presentaron un sistema de indicadores que generará informes públicos anuales para el monitoreo de la seguridad ciudadana en el país. La herramienta estará al alcance de organizaciones sociales, activistas, personas defensoras, academia, medios de comunicación y otros actores claves de la sociedad civil, así como instituciones del Estado y población general.
Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), indicó que el objetivo de este sistema de monitoreo es contar con información oficial, brindar elementos de análisis y profundizar sobre la seguridad en El Salvador. El sistema cuenta con un total de 92 indicadores, divididos en cuatro ámbitos, como son prevención de la violencia, persecución del delito, atención integral a víctimas y rehabilitación e inserción.
Dichos indicadores fueron elaborados a partir de la definición de cuatro teorías de cambio, correspondientes a cada ámbito priorizado, que buscan medir la posibilidad de un abordaje integral a los problemas de violencia y criminalidad en la coyuntura actual. La metodología duró cerca de un año y medio, consistió en generar un proceso de discusión con las organizaciones que conforman la PSC, a partir del conocimientos y experiencias en la atención a distintas poblaciones.
Reyna detalló que en la primera medición del sistema se recopiló información únicamente de 44 indicadores en los cuatro ámbitos, el resto no fue posible debido a la falta de información de las instituciones consultadas, poca homogeneidad de la información registrada y la ausencia de respuesta ante algunas solicitudes. Se retomaron datos oficiales y algunos indicadores de percepción recopilados por instituciones académicas de prestigio, durante los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén y Nayib Bukele, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.
“Hay limitaciones en la información existente, muchas instituciones no documentan su trabajo de manera sistemática. U problema con los gobiernos locales fue que algunos desconocen la información o el tipo de acciones desarrolladas por gobiernos anteriores, y esa es la excusa para decir que no tienen información; otros, incluso, adjudicando que había renunciado el coordinador de prevención de violencia mencionaron que no podían brindar la información y otros dijeron que se habían ejecutado acciones pero no eran documentada y no se podía responder”, sostuvo.
A la vez, agregó que durante la administración Sánchez Cerén se dieron algunos avancen en términos de construcción, diseño y generación de espacios participativos de políticas públicas en seguridad ciudadana, el Plan El Salvador Seguro y la medición en el sistema de indicadores de monitoreos fue una experiencia positiva para el país, que desgraciadamente se perdió con el cambio de gobierno, sin embargo, no fue perfecta en ejecución porque las medidas extraordinarias en seguridad ciudadana generaron condiciones de violencia y confrontación del Estado con las pandillas, lo que no se había observado en tiempos anteriores y propiciaron otro ambiente de violencia.
“En este momento no se cuenta como un documento público del Plan Control Territorial, aunque recientemente en la página web del Ministerio de Justicia se publicó una Política Nacional de Justicia y Seguridad Pública, que más bien es una presentación sobre esa política, pero es el primer documento público del gobierno sobre las acciones que pretende desarrollar en seguridad. Aunque ese documento no está ni relacionado conceptualmente con el control territorial, desgraciadamente volvemos a esas costumbres de planificar para otros pero no para la ejecución directa del país”, afirmó la representante del SPSS.
Según la PSC, esta medición preliminar permitió brindar valoraciones sobre el presupuesto asignado a la seguridad pública, los avances en torno a la investigación del delito, mejoras de las condiciones de trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC), percepciones sobre seguridad de la población, acciones territoriales para prevenir la violencia, acceso a oportunidades educativas y laborales para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, capacidad y articulación de las instituciones para la atención a las víctimas de la violencia, situación de hacinamiento y sobrepoblación de los centros de detención, entre otros factores clave para dimensionar las actuales condiciones de seguridad.
