Cátedra desnuda el costo humano y democrático del régimen de excepción en El Salvador

Por: Luis Rafael Moreira Flores

 La Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, un espacio de análisis crítico que puso sobre la mesa la erosión del Estado de derecho, la persecución política y el drama humano derivado del régimen de excepción. Ante participantes del espacio formativo, el encuentro se desarrolló en dos bloques temáticos que articularon el diagnóstico jurídico-institucional con el testimonio directo de las organizaciones de víctimas y familiares.

 Una visión de estudios de la vulneración nacional desde el exilio

En el primer bloque, con participación virtual desde México, Ingrid Adriana Escobar Campos, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), presentó un balance sobre la pérdida progresiva de la democracia y el desmantelamiento institucional en El Salvador. Escobar explicó cómo, bajo la narrativa oficial de un modelo exitoso de seguridad pública, se ha consolidado un esquema de concentración absoluta del poder que vació de contenido los contrapesos republicanos. Según su análisis, el punto de quiebre ocurrió tras las elecciones legislativas de mayo de 2021, cuando la nueva mayoría parlamentaria destituyó sin debido proceso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General para imponer funcionarios afines al Ejecutivo.

Esta captura institucional allanó el camino para avalar la reelección presidencial de 2024, reducir la Asamblea Legislativa de 84 a 60 curules y los municipios de 262 a 44, y subordinar tanto al Ministerio Público y la Fuerza Armada como al Tribunal Supremo Electoral hacia 2026, configurando lo que la doctrina define como un autoritarismo competitivo.

Desde su intervención remota, la directora de SJH cuestionó también el origen del llamado modelo de seguridad, recordando los pactos previos entre operadores gubernamentales y estructuras de pandillas desde 2015, así como el aumento de 6,443 desapariciones entre 2019 y 2022 antes de la escalada homicida de finales de marzo de 2022 —con 87 asesinatos en tres días, en un 95 por ciento de víctimas civiles— que sirvió de antesala al régimen de excepción.

Escobar advirtió que la medida, concebida en el artículo 29 constitucional para un plazo máximo de 30 días, acumula ya 50 meses de vigencia continua, anulando el debido proceso mediante detenciones provisionales de hasta 15 días, el bloqueo a la defensa técnica, la actuación de jueces sin rostro y procesos penales reducidos a dos fases que mantienen a miles de personas hasta cuatro años sin audiencia de instrucción ni vista pública.

Las cifras expuestas por Socorro Jurídico Humanitario dimensionaron la magnitud de la crisis: de aproximadamente 93,000 personas detenidas bajo el régimen, se estima que 40,000 son inocentes sin vínculos con pandillas, mientras el propio gobierno ha reconocido la liberación de cerca de 10,000 ciudadanos sin culpabilidad. Asimismo, SJH documenta 588 muertes bajo custodia estatal; el 94 por ciento de los fallecidos no pertenecían a pandillas y carecían de condena firme, muriendo la mitad de forma violenta y la otra mitad por falta de atención médica, el 99 por ciento en cárceles comunes.

Para Escobar, la sistematicidad de estas prácticas —detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas, traslados forzosos y persecución política— encuadra en crímenes de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma.

 La lucha por visibilizar a las víctimas y presos políticos en El Salvador

El segundo bloque de la jornada trasladó el análisis al terreno de la organización social y la resistencia cotidiana, contando con la participación presencial de Lourdes Palacios, coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), y Katia Panameño, representante del movimiento Madres por la Libertad, quienes dialogaron directamente con los beneficiados de la cátedra en la Facultad de Ciencias y Humanidades.

En su intervención, Lourdes Palacios detalló cómo COFAPPES surgió en julio de 2021 tras las primeras redadas políticas del actual gobierno, con el objetivo de lograr la libertad de los presos políticos y frenar la judicialización por motivos ideológicos.

Apoyándose en la Resolución 1900 del Consejo de Europa y el artículo 7 del Estatuto de Roma, Palacios expuso los registros del comité hasta septiembre de 2026: 212 víctimas políticas contabilizadas, de las cuales el 95 por ciento (202 personas) son exfuncionarios, militantes de izquierda, líderes sociales y sindicales, periodistas y ambientalistas, y el 5 por ciento (10 personas) pertenecen a un partido de derecha.

Del total, 96 sufrieron prisión política —34 continúan encarceladas, 57 tienen medidas sustitutivas o fueron absueltas y 5 murieron en prisión—, mientras otras 116 enfrentan persecución o exilio, incluidos cerca de 50 periodistas y 30 miembros de organizaciones sociales. Pese a enfrentar vigilancia domiciliaria, intervención de comunicaciones, listas de señalamiento y acoso en marchas, COFAPPES sostiene jornadas de acompañamiento jurídico, denuncia diplomática y actos solidarios frente a los penales.

Por su parte, Katia Panameño compartió el testimonio colectivo de Madres por la Libertad, movimiento integrado por madres y familiares de personas inocentes capturadas durante el régimen de excepción que se organizaron frente al desamparo institucional, la ruptura familiar y el impacto económico y emocional de las detenciones. Relató cómo, mediante movilizaciones pacíficas con retratos, flores amarillas y mantas con decenas de nombres y fechas de captura bajo la consigna «Hasta darles el abrazo», las familias rompen el miedo a denunciar.

Panameño sintetizó las cuatro exigencias irrenunciables del movimiento: libertad inmediata para los inocentes detenidos, restablecimiento de la visita familiar, entrega de pruebas de vida verificables sobre el estado físico y jurídico de los reclusos, y el cese de las audiencias masivas que vulneran las garantías individuales.

Al cierre de la jornada académica en la UES, tanto las expositoras como los asistentes coincidieron en que la articulación entre el rigor jurídico, la memoria histórica y la solidaridad ciudadana resulta indispensable para romper el silencio oficial y exigir justicia frente a los costos humanos del actual modelo de seguridad en El Salvador.