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Por Leonel Herrera*
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, confirmó esta semana que el régimen de excepción no es sólo para combatir a las pandillas, sino que es el marco legal utilizable para proceder contra cualquier persona por cualquier delito.
En su declaración, la ministra Sol exhortó a las mujeres que sufran violencia de género a denunciar a los hombres agresores, para capturarlos y procesarlos con las reglas del régimen de excepción.
Michelle Sol fue lugarteniente de Bukele en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y es, junto con su esposo Ernesto Castro, miembra del círculo cercano al presidente. Su declaración valida lo que desde hace cuatro años vienen denunciando organizaciones, analistas, periodistas y comités de familiares de víctimas inocentes: que el régimen de excepción no es sólo para capturar y encarcelar a pandilleros, sino para proceder contra cualquier persona.
Desde que se instaló el régimen de excepción, en marzo de 2022, voces críticas han denunciado que éste trasciende del mero combate a las maras y sus reglas se aplican, incluso, a los casos de persecución política. Por eso los ambientalistas de Cabañas, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, Ruth López, Enrique Anaya y demás presos políticos fueron sometidos a disposiciones de este régimen, inconstitucional desde el tercer mes de su implementación.
Como recuerda el abogado y analista Manuel Zometa, el régimen de excepción mantiene suspendidas garantías constitucionales esenciales para toda la población, anula el debido proceso penal y es carta blanca para capturar arbitrariamente a cualquier persona, sin orden de captura y sin informarle el motivo de la detención.
Según MOVIR, Socorro Jurídico Humanitario, COFAPPES y otras organizaciones, miles de detenidos bajo el régimen de excepción llevan años sin ver a su familia, sin acceso a un abogado defensor y sin ser llevados ante un juez. Centenares han muerto en prisión, sin una acusación formal y algunos hasta teniendo órdenes judiciales de libertad.
El régimen de excepción también ha servido para mantener un clima de miedo, atemorizar a la población y desincentivar la crítica, la protesta y la movilización social. El régimen de excepción, además, impide la rendición de cuentas públicas, consolida el autoritarismo, violenta los derechos humanos y anula la democracia.
La admisión de la ministra Sol de que el régimen de excepción es para detener a cualquier persona, es la segunda concesión narrativa del gobierno hacia la oposición y sectores críticos. Hace un mes, el propio Bukele informó sobre un supuesto plan gubernamental para liberar a “colaboradores de pandillas”, reconociendo así que hay personas que no deberían estar en prisión (aunque no las llama inocentes sino “colaboradores”).
Así, Bukele autogolpeó su propia narrativa, según la cual los más de 90,000 detenidos bajo el régimen de excepción “son terroristas”, quienes piden liberar a los inocentes son “defensores de pandilleros” y que es la oposición la quiere “liberar a los terroristas” para que vuelvan a las calles a robar, extorsionar, violar y matar a la población”.
Volviendo a la reveladora declaración de Michelle Sol, ésta no sólo constituye una concesión narrativa a los críticos y disidentes del relato gubernamental, sino que es la confesión de un abuso, arbitrariedad y crímenes por los que tarde o temprano sus perpetradores tendrán que rendir cuentas.
Por lo demás, si la flamante ministra de verdad está preocupada por la violencia contra las mujeres, debería empezar por las inocentes presas: las que murieron detenidas, las que dieron a luz en prisión, las que han sido violadas sexualmente por custodios, las que siguen detenidas sufriendo todo tipo de vejámenes y las que sufren por tener a sus hijos, esposos, padres y otros familiares en las tenebrosas cárceles del régimen de excepción.
*Periodista y activista ambiental.
