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Por Leonel Herrera*
Fidel Zavala es testigo de posibles crímenes del lesa humanidad cometidos por el actual gobierno salvadoreño en las cárceles del régimen de excepción. Es posible que por eso lo quieran eliminar: encarcelarlo y hasta asesinarlo en alguna prisión, para evitar que tarde o temprano testifique en la Corte Penal Internacional o en algún otro tribunal de la justicia global.
El actual defensor de derechos humanos y miembro de UNIDEHC llegó a la cárcel como reo común, acusado de estafa, por un caso relacionado con deudas e incumplimiento de contratos. Peró ahí, al ver todas las vejaciones cometidas contra personas detenidas, se sensibilizó y -cuando fue absuelto y salió de prisión- denunció todos los abusos que había presenciado.
Zavala presenció torturas, vio salir bolsas negras con cadáveres y fue testigo de todo tipo de abusos en la cárcel de Mariona. Cuando salió de prisión declaró que podría reconocer a los perpetradores de tales crímenes.
Pero la Fiscalía General de la (ex) República, sumisa al oficialismo, en vez de citar a Zavala para tomar su testimonio y procesar a los abusadores de los centro penales, decidió acusarlo nuevamente por el mismo delito del que ya había sido absuelto y dejado en libertad.
Esta semana, el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, posiblemente por orden de presuntos criminales de lesa humanidad que temen al testimonio de Zavala en una corte internacional, lo condenó a 15 años de prisión por “estafar” con 4,025 dólares a tres personas.
Las críticas en medios y redes sociales se centran en la condena escandalosamente desproporcionada y en que el supuesto delito pertenece a los ámbitos civil y mercantil, y no a tipo penal. Esto es correcto; sin embargo, el aspecto más cuestionable y denunciable no debería quedar de lado: el objetivo de eliminarlo como testigo de posibles crímenes de lesa humanidad.
Los procesos judiciales de persecución política son presentados como casos comunes, para engañar a la población y justificar públicamente las detenciones. A los ambientalistas de Santa Marta los acusaron de aseinato; a los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, de planificar actos terroristas; a Ruth López, Eugenio Chicas y Enrique Anaya, de delitos de corrupción…y a Fidel Zavala, de estafa.
Pero las narrativas para justificar esas farsas jurídicas se están cayendo a pedazos. En el caso de los ambientalistas se demostró que la persecución era por su lucha contra la minería metálica; en el de los veteranos, que la cúpula policial inventó un caso para impresionar a su jefe en Casa Presidencial; y en casos como el Ruth López, que la Fiscalía no tiene pruebas ni argumentos legales para sostener la acusación.
Y en el caso de Fidel Zavala, todo apunta a que los motivos reales de su condena serían: represalia por denunciar abusos contra personas detenidas y el intento de eliminarlo como eventual testigo de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en las cárceles salvadoreñas.
Ojalá que la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional se indignen frente a esta barbarie judicial, para liberar a Fidel Zavala y para que -más temprano que tarde- tengan que rendir cuentas los verdaderos estafadores, entre éstos los jueces del Tribunal de Sentencia de San Salvador que han condenado a Zavala y todos los jueces y magistrados partícipes de los demás casos de persecución política y presos inocentes del régimen de excepción.
*Periodista y activista ambiental.
