Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública
Estados Unidos tiene democracia, elecciones periódicas y alternancia política. Pero enfrenta una paradoja: republicanos y demócratas se suceden en el poder gracias al fracaso del adversario, mientras las grandes demandas nacionales permanecen postergadas. La democracia electoral funciona, pero sus resultados son cada vez menos satisfactorios para las mayorías.
En 2024, Donald Trump regresó a la Casa Blanca capitalizando el desgaste demócrata y el desencanto con la administración de Joe Biden. Dos años después, los avances electorales demócratas reflejaron el voto de castigo contra Trump y los republicanos. Cada partido encuentra en el fracaso del otro su principal oportunidad de regresar al gobierno. El bipartidismo estadounidense ha convertido la incapacidad ajena en su mejor capital electoral.
Republicanos y demócratas funcionan como dos grandes corporaciones electorales: eficaces para financiar campañas, conquistar cargos y conservar privilegios, pero incapaces de responder satisfactoriamente a las necesidades de millones de ciudadanos.
Ambos mantienen relaciones con poderosos intereses económicos que trascienden sus diferencias ideológicas. Bancos, aseguradoras, farmacéuticas, corporaciones tecnológicas, contratistas militares y organizaciones de presión influyen en las decisiones públicas. La Asociación Nacional del Rifle y los grupos de presión favorables a Israel ilustran cómo sectores organizados buscan orientar la actuación de legisladores y candidatos.
La influencia no termina en las campañas electorales. Muchas decisiones estratégicas comienzan a definirse fuera del Congreso, mediante negociaciones corporativas, organizaciones de presión y compromisos políticos previos al debate parlamentario. Senadores y representantes conservan sus facultades constitucionales, pero la dependencia de grandes financiadores plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega su independencia frente a quienes sostienen sus carreras políticas?
Mientras las reformas destinadas a mejorar las condiciones de las mayorías enfrentan obstáculos, los sectores económicamente poderosos disponen de recursos permanentes para defender sus intereses.
En este contexto adquiere relevancia el denominado Estado profundo: estructuras burocráticas, militares, financieras y de seguridad cuya influencia trasciende los cambios de gobierno. Su permanencia ayuda a explicar por qué determinadas prioridades sobreviven a administraciones de orientaciones diferentes.
Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump representan proyectos políticos distintos, pero han sido los rostros visibles de un modelo que los precede y los sobrevive. Los presidentes cambian; las estructuras de influencia permanecen. Millones de estadounidenses enfrentan dificultades para acceder a vivienda, financiar estudios superiores, pagar servicios médicos o alcanzar estabilidad económica. El salario mínimo federal continúa congelado desde 2009 y la legislación federal no garantiza vacaciones pagadas con carácter general.
La inmigración irregular exhibe otra incoherencia del sistema. Mientras los partidos convierten las fronteras en instrumento electoral, sectores de la agricultura, la construcción y los servicios recurren a trabajadores sin autorización laboral. El discurso condena la irregularidad; determinados intereses económicos aprovechan su persistencia.
También existe una crisis de coherencia moral. Los republicanos proclaman la defensa de la familia y los valores tradicionales, pero los escándalos de algunos dirigentes erosionan la credibilidad de esas banderas. Los demócratas reivindican la justicia social, mientras impulsan agendas culturales e ideológicas cuestionadas por sectores de convicciones tradicionales y mantienen vínculos corporativos. Ambos muestran una distancia creciente entre sus principios y sus prioridades políticas.
El agotamiento del modelo también tiene consecuencias internacionales. Estados Unidos ha visto erosionarse su predominio económico e industrial frente al ascenso de China y otras potencias, mientras se debilita la seguridad económica de su clase media. La nación que simbolizó prosperidad y movilidad social conserva una riqueza considerable, pero reproduce desigualdad, precariedad y pobreza. Una potencia que pierde cohesión social debilita también los fundamentos de su liderazgo mundial.
El problema es igualmente de representación. Trabajadores, sindicatos, agricultores, ambientalistas, pequeños empresarios y organizaciones sociales carecen de alternativas partidarias nacionales con posibilidades comparables de disputar el poder. Alemania ofrece un contraste: partidos como Los Verdes permiten que corrientes ambientalistas tengan representación parlamentaria propia. Su sistema multipartidista amplía las opciones políticas para defender intereses sociales específicos.
Estados Unidos necesita una apertura semejante: nuevas fuerzas capaces de representar clases sociales, sectores productivos y demandas colectivas, sin quedar subordinadas a las estructuras tradicionales. La nación que durante generaciones fue referente democrático mundial no ha perdido sus elecciones. Lo que enfrenta es el agotamiento de un modelo que confunde alternancia con renovación y competencia electoral con representación efectiva.
Republicanos y demócratas son eficaces para disputarse el poder, pero sus resultados siguen siendo insuficientes para responder a las aspiraciones de las mayorías. Una democracia puede sobrevivir al fracaso de un gobierno. Lo que no debería aceptar indefinidamente es que el fracaso de dos partidos se convierta en su único horizonte político.
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