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Antonio Baños y Francisco Cinco que integran el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA). Foto Diario Co Latino /Gloria Orellana.

Denuncian irregularidades institucionales en captura de defensores del agua

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Lo que ocurre en la comunidad La Labor es complicado porque no esperábamos todo lo que ha sucedido desde el 25 de octubre, hay miedo porque no podemos enfrentar el poder de la Fiscalía, los jueces y la Policía Nacional Civil”, expresó Francisco Cinco, integrante del MCA.

El Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) hizo pública su denuncia y condena por la privación de libertad de tres personas defensoras de derechos humanos de la Hacienda La Labor, quienes enfrentan supuestos cargos de “ocupación violenta de espacios habitacionales o trabajo”, en terrenos propiedad de la inmobiliaria Fénix, S. A. de C.V.

En una reseña cronológica de estos hechos, Francisco Cinco relató que la empresa llegó en marzo del presente año, y que posterior a ese momento, iniciaron perforaciones de pozos -que según Cinco-, afectó casi de inmediato el manantial que preservan las comunidades para abastecerse y del que depende también buena parte el departamento de Ahuachapán.

La primera manifestación de las comunidades ante la perforación de pozos se dio el 18 de octubre, cuando en común acuerdo deciden cerrar la carretera para hacer su denuncia pública. La que fue rodeada por un fuerte dispositivo policial y les advirtieron a “atenerse a las consecuencias”. Aun así, la población realizó su concentración y denunció las acciones abusivas de la empresa constructora.

“Eran las siete de la noche, llegó la noticia que (Fénix) había terminado el pozo y estaba lanzando ya una cantidad importante de agua y eran miles de litros por minuto. Tenemos los vídeos que la gente ve la perforación pero nadie entró al lugar, solo les pedían que apagaran la máquina porque el agua se estaba desperdiciando pero no entraron ni hubo violencia”, relató.

“En la mañana llegó más cantidad de población al pozo que tiene una tubería de aproximadamente 4 pulgadas y que seguía botando gran cantidad de agua por minuto. La gente se indignó y siguió pidiendo que apagaran la máquina por el desperdicio de agua pero se negaron. La empresa tenía a su seguridad, más el cordón de la PNC e ignoraron la petición”, acotó Cinco.

La presencia de la gente se mantuvo hasta horas de la tarde, luego de recibir un documento oficial de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que confirmaba que Fénix, no tenía “ningún permiso para perforar pozos”, en la zona.

A esto se sumó el escrito del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que exigió el retiro de la maquinaria de perforación por no contar con la autorización oficial, por tanto, se retiran los trabajadores de la constructora sin problemas, sin ningún registro de hechos de violencia.

La zona en donde se asienta la Hacienda La Labor es colindante a una “Área Protegida para Recarga Hídrica”, declarado así por el Ministerio de Medio Ambiente y por la cual, las comunidades han contratado un vigilante para resguardar los manantiales donde se abastecen alrededor de 10 mil familias y parte de Ahuachapán.

“En la madrugada del 25 de noviembre, patrullas acordonaron las comunidades -en este caso- solo mi casa con 40 agentes policiales, pese a que no tenía orden de captura. Y así lo hicieron en las casas de todos y los que detuvieron, eran 7 órdenes de captura giradas por la Fiscalía y jueces de Ahuachapán”, reseñó.

“¿Por qué esa cantidad de agentes, acaso somos delincuentes o pandilleros ?, esto indignó a la gente que salió a la calle a protestar y comenzó a movilizarse pero era tarde, se llevaron a estas tres personas que aun guardan prisión injustamente porque es una acusación falsa”, agregó Cinco.

Sobre la irregularidad de las acusaciones, indicó que ningún poblador invadió terrenos de la empresa Fénix, que incluso existe un acta de un Fiscal ambiental que llegó, cuando denunciaban la perforación del pozo y dio cuenta que no hubo delitos relacionados a la acusación.

Otra anomalía mencionada es la captura de Jorge Zúniga, presidente del Comité del Agua de La Labor, quien no participó de ninguna de las acciones de protestas de la comunidad porque integra la corporación policial, pero aún así fue capturado.

En cuanto a la integridad física y psicológica de los detenidos, Francisco Cinco, explicó que dos de ellos, padecen diabetes, y por ahora están en condición delicada por el irrespeto de las autoridades a su condición, por lo que temen por sus vidas de ser llevados a los centros penales por tres meses.

“A criterio de muchos abogados el caso no tenía precedente de recluir a las personas, incluso, en la defensa estuvieron miembros de Derechos Humanos (PDDH) que aseguraron que se violaron los derechos de esas personas. Ahora, la gente está indignad pero le teme a la institucionalidad y no podemos reunirnos ni 10 personas, porque llega la Policía y nos toman fotos, estas cosas que no caben somos acosados”, sostuvo.

“No porque una empresa quiera edificar una residencial nos vamos a quedar sin agua, queremos que las autoridades comprendan eso. Le pedimos al Gobierno Central y la Fiscalía General investigar desde adentro el caso de La Labor, porque han cometido muchas injusticias con las personas detenidas y las que están retenidas en sus casas”, reafirmó Cinco.

Los afectados hicieron un llamado a las organizaciones defensoras de mujeres, ambientalistas, comunidades y organismos internacionales, a sumarse en la defensa de estas personas capturadas. Y, al MARN, a no admitir un permiso de explotación de agua en la zona de recarga hídrica.

Mientras, Antonio Baños, director de Cáritas El Salvador e integrantes de MCA, rechazó el actuar de las instituciones al no respetar derechos constitucionales de la población, que se niegan a la perforación de 4 pozos en la zona de recarga acuífera por la empresa Fénix, subsidiaria de la urbanizadora Salazar Romero.

“Como MCA, demandamos de la Cámara de Segunda Instancia de Occidente acepte el recurso de apelación de la defensa a favor de las víctimas para que puedan seguir el proceso judicial en libertad y en unificación familiar”, dijo.

“A la Fiscalía General de la República y al juez del Juzgado de Instrucción de Ahuachapán, a no prestarse a los intereses económicos y corporativos de la empresa Fénix, S.A. De C.V, y garanticen el debido proceso a favor de los derechos humanos de las víctimas. Hacemos un llamado a todas las Juntas de Agua, sociedad en general y organismos internacionales a mostrar solidaridad con estos defensores”, puntualizó Baños.

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