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Salomón Chicas,  acudió a la exhumación de su hermano Pablo Chicas y su familia de 7 miembros en la Masacre de el caserío El Barrial, Cerro Pando, Morazán. Foto Diario Co Latino/Gloria Orellana.

“De la familia de mi hermano quedaron solo dos sobrinas”: Salomón Chicas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Los 76 años de Salomón Chicas le han pasado factura, pues presenta presión alta y los dolores artríticos, los que han hecho más difícil su ascenso al cerro cerca de la Cueva de la Luna, lugar en donde solo los arranques (bases) de la casa de bahareque de su hermano Pablo Chicas, han quedado expuestos, luego de 42 años de ausencia, tras la masacre en Cerro Pando, sitio aledaño a El Mozote.

“De esa familia solo han quedado dos sobrinas. A mí me tocó huir del caserío Agua Fría, que es al otro lado de Meanguera. Me tocó correr para salvar la vida, era el 14 de diciembre, cuando los soldados pasaron por allí, cuando ya habían terminado con toda la gente de aquí de El Barrial en Cerro Pando”, recordó.

“Si, perdí a mi hermano y su familia y también perdí dos 2 hijos allá en el Caserío Los Argueta, fue la Fuerza Armada y fue a la misma hora que hicieron todo eso (Cerro Pando), los busqué pero no hubo resultados de nada”, comentó Salomón.

Las hermanas menores de Salomón, María de la Paz y María Juana, ambas de apellido Chicas recordaron también, como sus vidas cambiaron ante tal violencia ejercida por el Estado salvadoreño contra la población en esa época, que generó migraciones forzosas en todo el país y fuera de este.

María Juana aún recuerda, que en el macizo rocoso, de casi 70 metros de altura, conocido como la Cueva de la Luna, vivía su hermano, su esposa, tres niñas y 2 niños, y allí fueron asesinados, destruida la casa ese 14 de diciembre.

“A mí me tocó huir de El Barrial, salimos corriendo por el cerro que le dicen Pajarito y nos fuimos lejos, gracias a Dios. Y el ejército no nos hizo nada porque en una hora hicieron toda la masacre, fue rápido y quizás ya ni matar querían. Solo esperamos encontrar algunos huesitos y poder sepultarlos”, manifestó María Juana, quien desde 1982 reside en cantón Olomega, en La Unión.

Silvana Turner, antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense señala que las técnicas científicas aportan un alto nivel de identificación de restos humanos. Foto Diario Co Latino/Gloria Orellana.

Mientras, María de la Paz huyó de El Barrial al caserío El Chacalín, en San Francisco Gotera, Morazán, luego de recibir una posada de un señor en ese momento. Luego, pudo conseguir con su familia un terreno pequeño para levantar una casa de nuevo.

“Hicimos allí un ranchito, nos quedamos a vivir en Gotera, pero no pudimos volver, era un problema y con los cuerpos de nuestra familia, sabemos que no pudieron ser enterrados porque por la guerra no se podían ni enterrar , así que solo esperamos poder encontrarlos y darles un entierro”, manifestó.

La respuesta para la familia Chicas puede estar en las manos de Silvana Turner, arqueóloga, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que este lunes 14 iniciaron el proceso de la “etapa de exhumación arqueológica”, que según explicó, es el primer paso de la búsqueda, luego de la información recabada por los familiares sobrevivientes.

“El Equipo Argentino de Antropología Forense viene trabajando en El Salvador, en particular en el caso de El Mozote desde el principio de los años noventa y, pues, esto de alguna manera es un sitio más, que está vinculado a esa masacre y bueno se llevará a cabo la diligencia de búsqueda a petición de la familia, y en el contexto del procedimiento que se está llevando a cabo y continuaremos el resto de la semana”, dijo.

Sobre el trabajo de la antropología forense, Turner explicó que el trabajo consta de distintas etapas y el lunes 14 de febrero inició la “búsqueda de exhumación arqueológica” que trata la recuperación del material óseo y de la evidencia asociada a ese material, y es el trabajo que conjuntamente realizan con integrantes del Instituto de Medicina Legal de El Salvador .

“Después de esa etapa, vamos a trasladar todos los hallazgos a la oficina de Medicina Legal en San Salvador, donde serán analizados también por miembros del Equipo de Argentina, conjuntamente al IML. Se realizan los estudios a fin de poder dar cuenta de las características de los hallazgos y en lo posible avanzar en el proceso de identificación de las víctimas, para poder restituirlos a los familiares y también para aportar esa evidencia al proceso (judicial)”, señaló Turner.

Sobre las técnicas de la antropología física y biológicas, la antropóloga argentina señaló que les permiten establecer el sexo de los individuos, la edad aproximada y las lesiones que pudieron ocurrir en la vida de las personas o lesiones alrededor del momento de su muerte, que podrían ser la “causa de la muerte” de las personas. Esta información se aporta a la investigación y también, una identificación en algunos casos si es posible realizarlas.

“La Antropología Forense es un gran apoyo para la identificación de personas y como en El Salvador, se tiene una larga experiencia de hechos, como te mencionaba, al principio de los años noventa se empezó a implementar tecnología para la búsqueda de restos humanos”, manifestó.

“Es la técnica más adecuada porque debido al tiempo transcurrido, no solo se trata de restos óseos y por el estado de preservación es importante hacerlo de forma científica adecuada, y la metodología que la antropología forense brinda hace mejor recuperación y preservación de ese material esto es lo indicado”, afirmó Turner.

En el proceso de la exhumación en el caserío El Barrial, cantón Cerro Pando, jurisdicción del municipio de Meanguera, el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos Civiles, Levis Abarca, compareció para verificar el inicio de esta diligencia judicial, ordenada por la jueza Mirtala Teresa Portillo de López, del Juzgado Segundo de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán.

La diligencia judicial proyecta la exhumación de 11 personas, entre ellos, cinco niños que fueron víctimas de la masacre ocurrida en el caserío El Barrial en diciembre de 1981. El procurador Abarca mencionó que la PDDH da cumplimiento a su mandato constitucional de acompañar a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el país.

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