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Analistas de la realidad nacional abordaron los acontecimientos del 9 de febrero por la irrupción del presidente, Nayib Bukele, con elementos del ejército al interior de la Asamblea Legislativa, evento el cual calificaron como un golpe fallido. En la fotografía de izquierda a derecha Cesar Villalona (economista), Mónica Rodríguez (periodista), Carlos Lara (antropólogo), Héctor Dada Hirezi (economista) y Vilma Salamanca (diputada del FMLN). Foto Diario Co Latino/René Estrada.

Dada Hirezi: La ciudadanía tiene que defender la democracia

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Como ciudadano -puedo decir-  que fue una violación flagrante a las normas de convivencia democrática del país”, dijo el economista y analista político Héctor Dada Hirezi, sobre los acontecimientos del pasado 9 de febrero, cuando miembros del ejército incursionaron a la Asamblea Legislativa, para presionar a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares, que le permitirá ejecutar la tercera fase del Plan de Seguridad.

“Es falso que la democracia sea un obstáculo para defender los problemas nacionales, la historia ha demostrado que los Estados autoritarios terminan produciendo problemas que son insolubles sin violencia. Lamentablemente este país tuvo una guerra de doce años porque se privilegió el autoritarismo sobre la democracia”, dijo Héctor Dada Hirezi, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO).

La organización de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) realizaron un conversatorio sobre “Los acontecimientos del 9 de febrero ejecutados desde CAPRES”, luego que el Consejo de Ministros ordenara a la Asamblea Legislativa, sesionar de forma “extraordinaria”, para discutir el préstamo destinado a la tercera fase del Plan de Seguridad del actual Gobierno.

Dada Hirezi calificó como preocupante la “visión autoritaria del gobierno”, considerando que era una “etapa superada”, en la historia del país, porque este tipo de acciones rompe el Estado de Derecho y el proceso democrático que está construido desde la firma de los Acuerdos de Paz, de 1992.

“Las palabras del presidente (Nayib Bukele) previas al evento, cuando él convoca a una insurrección fuera de los términos de la Constitución, que le da derecho de insurrección al pueblo. Él dijo que iba a disolver la Asamblea Legislativa, si no hacía caso ahora, puede decir lo que quiera, pero las convocatorias están claras, y esta es una violación a los principios constitucionales de la independencia de poderes, porque él quiso sustituir un poder y como si eso no fuera poco,  declaró abierta una sesión de la Asamblea Legislativa, la autonomía de poderes es esencial, para una democracia que ya le costó mucha sangre a este país, como para vivir otra experiencia”, argumentó.

Dada Hirezi añadió que el fascismo tiene estas características de ser arbitrario, ya que está enfocado en la visión de un solo hombre y que la historia lo ha demostrado como Hitler (Alemania) Mussolini (Italia), que atrofiaron la independencia de poderes del Estado.

“Aquí tenemos un presidente que tenía diez años de militancia en un partido político, que es -de los mismos de siempre- y en cierta medida tiene razón, porque está tratando de volver al país a un autoritarismo que desapareció en 1979, y para volver al cauce democrático dependerá del presidente. El hecho que él esté burlándose de la Asamblea, porque cumple su deber constitucional de interpelar a alguien que ha violentado la Constitución, significa que a él no le importa la Constitución”, sostuvo el también excanciller de la República.

Mientras, César Villalona, economista y miembro de PROES explicó que los hechos del 9 de febrero, generaron incertidumbre política y jurídica, decantó en una inquietud en la inversión nacional e internacional y encarecer la tasa de interés de los bonos colocados o los que quiera vender el país.

“Son 645 millones de dólares en bonos, que El Salvador tiene que vender para el presupuesto y cubrir el déficit fiscal, que aún no colocan y si la tasa se interés sube por la incertidumbre del país, entonces, la calificadora de riesgo suben, entonces encarecen los bonos, significaría más pago de deuda y endeudamiento más caro, a lo que se tiene que pagar”, manifestó Villalona.

Asimismo, calificó de “Golpe de Estado fallido”, los sucesos del pasado 9 de febrero, al considerar que el presidente de la República usurpó las funciones de la Asamblea Legislativa, utilizar el protocolo y convocar a los diputados, y el uso de militares que violentó sus principios de defender la soberanía nacional, integridad del territorio y  en casos excepcionales, la alteración de la paz.

“Le han aprobado todo en la Asamblea Legislativa, incluso el préstamo de 109 millones no está bloqueado. En junio de 2019 solicitó un refuerzo presupuestario para la Policía Nacional Civil (PNC), por $ 2.8 millones, que fue aprobado -en  julio-, y presentó la primera fase del Plan Nacional de Seguridad, pidió $30.9 millones que utilizó en la fase I, que ya terminó. En octubre 2019 presentó un requerimiento de $21.4 millones, para mover recursos a la PNC, bonos y centros penales, que fue aprobado.

Posterior presenta otro requerimiento, $42.3 millones de los cuales 9.4 son para la PNC, en diciembre presenta el Presupuesto General, que tiene un aumento de $204 millones, para defensa y seguridad y lo aprueban; también se aprobó que buscara un préstamo de $91  millones para la fase II de seguridad, y cuando lo presente, se lo van aprobar, y no tendrá dinero para la fase II, mientras no lo presente y pide $109 millones de dólares para la fase III, y sino ha buscado los 91 millones de la fase II, cómo quiere el dinero de la fase III”, cuestionó el economista.

“El Salvador, como parte de Mesoamérica, siempre ha mantenido una cultura del terror”, afirmó Carlos Benjamín Lara Martínez, antropólogo y coordinador de la Antropología Socio-Cultural de la Universidad de El Salvador (UES), al valorar el carácter autoritario de la sociedad salvadoreña.

“En realidad es una cultura que está presente en la historia del país, a veces aletargada, pero recordemos los sucesos de 1932, en donde fueron asesinados entre 10,000 a 20,000 campesinos e indígenas y la participación del Estado, el ejército y población. Lo mismo ocurrió en los sucesos de 1970 a 1980, la intervención del Estado y cuerpos de seguridad y la población civil, es una cultura de carácter nacional compartida por todos los sectores de la nación que comparten la cultura autoritaria que se basa en violencia e intimidación, aunque la cultura es superable”, concluyó.

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