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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los cuatro ingenios azucareros más prominentes del país se encuentran afincados en el Bajo Lempa, municipio de Tecoluca, San Vicente, cuyo proceso productivo -según denunciarion sus pobladores- afecta la biodiversidad, limita el acceso al agua y eleva los casos de Insuficiencia Renal Crónica, por lo que demandan una respuesta del Estado salvadoreño.
“Desde hace más de una década, las comunidades del Bajo Lempa hemos denunciado que el incremento del monocultivo de la caña de azúcar ha contribuido al deterioro de la calidad de vida de la población, porque al tener el monopolio de la tierra y explotación ilegal del agua de los cañeros, nos afecta en nuestros cultivos de subsistencia y pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria”, explicó Esmeralda Villalta.
Los representantes de CORDES, CRIPDES y MOPAO se manifestaron sobre la situación del acceso al agua en la zona rural, en el reinicio de los debates en la comisión de Medios Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, para legislar sobre una Ley General de Aguas y Saneamiento, de la cual demandaron un enfoque de derechos humanos para obtener la garantía de la cantidad, calidad y acceso del recurso natural.
Asimismo, invitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a realizar investigaciones y verificar que la producción industrial de caña de azúcar está causando la destrucción de la biodiversidad y ecosistemas de la zona costera, que incluyen al Complejo de Jaltepeque, que fue declarado “Sitio Ramsar” desde 2011, considerado el segundo bosque salado de importancia en el país.
“Tenemos a nivel del municipio una ordenanza sobre la quema indiscriminada de cultivos, que se elaboró con el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), una ordenanza sin dientes, porque no se puede sancionar las malas prácticas que los cañeros desarrollan en el municipio. La Ley de Medio Ambiente dice que debe existir 300 metros de distancia entre un cultivo de caña y las comunidades, pero en la ordenanza quedó que eran 100 metros solamente, y eso no lo respetan porque hay cañales que la distancia es solo el cerco que divide con la comunidad; entonces cuando la avioneta se levanta y fumiga, no respeta el límite”, aseguró Villalta.
Sobre las malas prácticas de los cañeros, Bernardo Bellos (CORDES-CRIPDES) consideró que era “urgente” que los responsables de los ministerios de Salud, Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería dialoguen con las comunidades sobre los bienes naturales, su afectación y para realizar investigaciones de campo sobre la depredación sin control de la zona rural, a expensas de la agroindustria.
“Ya hay conflictividad social, ya sea por la tierra, consumo de agua y salud, porque el número de personas con insuficiencia renal va creciendo más y no se está poniendo atención a esto, desde las autoridades de gobierno (MINSAL); así como la problemática reciente por el agua pestilente y con color que sirvió ANDA, en el Área Metropolitana de San Salvador, se pudo haber abordado, así como nuestras problemáticas, si contáramos con una Ley de Aguas, porque garantizaría no solo la calidad de agua, también la cantidad; así también, averiguar por qué solo cayó así el agua en sectores populares y no así en los centros comerciales, se debe hacer un estudio”, opinó Belloso.
Patrocinio Dubón, como presidente de la Asociación de Desarrollo Comunidades Lempa Abajo (ADCLA) señaló que el estrés hídrico que experimenta el país debería contar con un equipo multidisciplinario trabajando en las soluciones de corto, mediano y largo plazo, para remediar la situación y dar respuestas más integrales a la población.
“La respuesta del Gobierno no puede ser andar abriendo hoyos a diestra y siniestra en busca del agua, porque ya lo hemos visto, los grandes cañeros en los ingenios que sacan la burbuja del agua dulce en el territorio. ¿A dónde nos lleva esto? que al sacar el agua dulce, ese hueco lo llena de agua salada el mar en su avance subterráneo y los campesinos ya no puede utilizar un pozo artesanal porque esa agua salada ni las vacas pueden tomarla, yo creo y exigimos como organizaciones sociales que damos agua a 27 comunidades en Tecoluca, a la Asamblea Legislativa una Ley de Agua que respete el derecho humano para contar con ella”, manifestó.
Entre otras recomendaciones, CORDES, CRIPDES y el MOPAO demandaron al gobierno municipal de Tecoluca dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal aprobada en 2015, para regular la caña de azúcar, la regulación en el uso de pesticidas y fumigaciones aéreas y, al MARN, MAG y MINSAL, a tomar medidas de protección para la población y los ecosistemas en la zona rural.
