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Oscar Recinos, Azucena Ortiz, María Orellana y Judith Barrera, integrantes de la Mesa de Justicia Climática, afirmaron que existen serios retrocesos en materia democrática y vacíos de programas y políticas para la población rural. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana

Concentración de poder presidencial impacta sectores sociales: Mesa Climática

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

En su análisis sobre los tres años de gestión del presidente Nayib Bukele, las organizaciones que integran la Mesa de Justicia Climática, señalaron los daños al sector agropecuario, el alto costo de la vida, la ausencia de leyes en favor de la población y la nula transparencia y corrupción de la gestión gubernamental.

“Sobre el costo de la vida y situación del agro hemos venido como sector campesino pidiendo desde hace un buen rato un financiamiento para el área de producción para crear una reserva estratégica de alimentos y poder paliar las necesidades cuando se dan estos eventos. El Estado tiene condiciones para poder mitigar el impacto que pueda generar esto”, señaló, Oscar Recinos, de Vía Campesina El Salvador e integrante de la Mesa Justicia Climática.

“Las propuestas vienen desde el inicio del mandato de su gobierno y como hemos dicho se han anulado 5 programas importantes que daban capacidad de producción en el campo, entre ellos: agricultura familiar, modernización rural, amanecer rural que tenían mucho financiamiento, pero el gobierno los canceló”, expresó.

Solo la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2020), ha señalado en sus hallazgos que el 38.3% de los habitantes salvadoreños viven en el área rural (2.4 millones de personas) del cual, el 24.8% vive en “extrema pobreza” y un 21.7% en “pobreza relativa”, lo que suponen los miembros de la Mesa de Justicia Climática, un aumento de población por el impacto del COVID-19, el alto costo de los insumos agrícolas y la supresión de programas estratégicos del gobierno para estimular la agricultura familiar.

Asimismo, información oficial ha registrado que son alrededor de 445 mil familias productoras de granos básicos, de los cuales- el 93% son plantaciones menores a las 4 manzanas pero que producen la mayor parte de maíz y frijol a nivel nacional.

“¿Qué pedimos?, pues un refuerzo presupuestario para el área de producción y en alguna medida que controle el alza de los precios en los insumos agrícolas, porque los gobiernos y en este caso el presidente Nayib Bukele, no quiere asumir la responsabilidad que tiene de los problemas del país y todo los está justificando que es el contexto internacional”, agregó.

“Cuando hay medidas propias que se han tomado y se ven reflejadas en el Presupuesto (General de la Nación) en donde se ven las prioridades que este gobierno tiene para invertir y para el presupuesto de este año que son casi 8 mil millones de dólares, no va nada para el área productiva, es decir, los alimentos”, afirmó Recinos.

Recinos agregó que el recorte de 4 millones de dólares que eran para la entrega de paquetes agrícolas que luego de verificar con algunas comunidades en donde realizan trabajo organizativo, les han comentado que las personas en los listados se han reducido.

María Orellana, de la Mesa de Justicia Climática, comentó sobre el caso de una agricultora de Tetultepeque, Nejapa, San Salvador, que ya no aparece en los listados de los programas del paquete agrícola, lo que consideró un acto arbitrario porque muchas de las mujeres en la zona rural producen alimentos y con estas exclusión solo van a terminar generando una hambruna.

“Muchas mujeres agricultoras no van a producir este año porque no recibieron el paquete y no alcanzan a comprar los insumos agrícolas que están más caros con precios de un 100% más caros a años anteriores. Y si no se produce este año, pues para el 2023 habrá hambruna porque la gente no tendrá para resolver su alimentación”, explicó.

“Pedimos al gobierno que así como invierte en otras cosas de industrialización, que eso no le ayuda a todas las personas, pues queremos que invierta en el sector agropecuario, en las pequeñas iniciativas productivas y en los negocios que tienen las personas porque es la oportunidad para sobrevivir de las personas en estos próximos años”, sugirió Orellana.

En cuanto a los argumentos presidenciales sobre la culpa de la guerra en Ucrania o el alza en los precios del combustible, no era suficiente para negarse a invertir en la producción y abastecimiento de alimentos para la población salvadoreña.

“Claro, si a eso el gobierno no le pone atención es pues, porque no lo están padeciendo ellos, pero el problema que tendrá el próximo año será el de hambruna, lo que percibimos las organizaciones sociales es que el gobierno no tiene interés de apostarle a la Soberanía Alimentaria”, consideró.

“No tiene interés de apostarle a los agricultores , hay datos claros que durante la pandemia se importaron productos agrícolas y hubo una discriminación con los agricultores nacionales que muchos tenían también producción guardada que no pudieron venderla y esa baja la vivieron frente a las compras a nivel internacional”, sostuvo Orellana. La Mesa de Justicia Climática, que está integrada por organizaciones campesinas, comunitarias de mujeres rurales, agrícolas, jóvenes, cooperativistas, ambientalistas y población indígena, también se pronunciaron a tres años de la gestión del presidencial, que califican de un retroceso democrático por la concentración del poder.

La Mesa aduce que informes recientes de Transparencia Internacional han señalado, la “reducción histórica de los índices de transparencia”, que encabeza la suspensión de los servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), así como las incontables reservas de datos oficiales, sobre funcionarios y compras de medicamentos o alimentos en situaciones específicas como en la atención de la pandemia por COVID-19, señaló Azucena Ortiz, también de la Mesa de Justicia Climática.

“Hay una lista de funcionarios sospechosos de corrupción o narcotráfico, de hechos de corrupción durante la pandemia, abusos de poder con la estigmatización, privación de información pública y obstrucciones a la labor periodística”, indicó.

“(Nayib) Bukele anunció la ruptura del convenio que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), cuando informó la Fiscalía General de la República sobre 12 posibles casos de corrupción que incluían a funcionarios del gobierno actual”, argumentó Ortiz.

En cuanto a los ataques a las organizaciones y defensoras de derechos humanos, Ortiz señaló que la actual gestión ha lanzado una campaña de desprestigio a organizaciones de la sociedad civil, movimiento feminista, ambientalistas, periodistas, sindicatos y personas defensoras de derechos humanos y de sus comunidades. Así también, el allanamiento a siete colectivos sociales con acusaciones infundadas y tratar de anular la movilización en la calles, con el fin de callar las voces del movimiento social y jaqueando las comunicaciones de los periodistas que hacen señalamientos a las irregularidades en su gestión.

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