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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los archivos que se hallan en la pequeña oficina de Tutela Legal, dentro de la sede del Arzobispado de San Salvador, lució llena de movimiento a tempranas horas de ayer, con la diligencia judicial que encabezó el Juez de Instrucción, Jorge Guzmán, del tribunal de San Francisco Gotera, Morazán, en busca de datos sobre la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ejecutada por un combinado militar en diciembre de 1981.
Creada como el “Socorro Jurídico para los Pobres”, esta oficina de asistencia legal nació en 1977, a iniciativa de san Óscar Arnulfo Romero, que luego de su magnicidio pasó a llamarse Tutela Legal del Arzobispado (1982), la que resguardó aproximadamente 50,000 piezas documentadas de denuncias de víctimas, familiares y sobrevivientes del conflicto armado de los años ochenta.
Tutela Legal del Arzobispado fue cerrada abruptamente, en septiembre de 2013, por el arzobispo José Luis Escobar Alas, dejando al equipo de abogados que acompañó por décadas a su directora, María Julia Hernández, sin acceso a los archivos que ellos mismos construyeron con su trabajo investigativo y levantamientos testimoniales.
Luego de que los abogados de la “acusación particular”, en el caso de la Masacre de El Mozote, presentaran una solicitud para tener acceso a estos archivos, y que el arzobispo Escobar Alas se negara en un primer momento, se logró a posterior el ingreso de la comisión judicial integrada por el juez Guzmán, los peritos en archivo y los representantes de las partes de este proceso penal.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez, sobre este “impasse” que surgió entre la Iglesia católica y el órgano Judicial, señaló que se debió a una “confusión inicial”, que cayó en un “mal entendido, porque siempre hemos dicho que sí”, afirmó el prelado al señalar que se le dará curso a la petición judicial sobre los informes que poseen estos archivos que tienen un valor incalculable.
“Siempre ha existido un criterio de ayuda a las víctimas, con un protocolo que se ha establecido previamente para el uso y acceso a la documentación. Lo hemos puesto en marcha en el más alto nivel para el juez de Gotera (Jorge Guzmán) y su equipo, así que, nos vamos a reunir para establecer cómo vamos a proceder, será un largo tiempo. Es el inicio de un proceso para hacer justicia; esta información va a servir para que las víctimas tengan esperanza. Ellos (juez y expertos) nos pedirán los documentos y nosotros vamos a entregarlos, si los tenemos, en una copia certificada” , afirmó el cardenal Rosa.
Mientras, los abogados particulares y acusadores en representación de las víctimas, Wilfredo Medrano (Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández) y David Morales (CRISTOSAL), afirmaron que las sección del archivo que han solicitado ha sido previamente identificada y señalada como el objetivo de la diligencia judicial.
Morales señaló que, en el año 2018, el Arzobispado rindió un informe con el inventario de estos archivos y que con la reunión preliminar se definieron los horarios y procedimientos del trabajo de los peritos en archivo que tendrán a cargo, la verificación y posterior copia del documento para su firma de autenticación.
“Las partes hemos podido opinar sobre diferentes puntos logísticos-operativos, desde la perspectiva de las partes y la inspección ha iniciado. Ya el laboratorio de la policía científica de la PNC está fijando en fotografía el lugar, y van a comenzar el trabajo pericial. El espacio es muy reducido, por lo que se tendrá un protocolo muy estricto por razones de bioseguridad (COVID-19) y por el protocolo que tiene un archivo; así es que esperamos que en los próximos días estos documentos puedan ser reproducidos, certificados y agregados al proceso”, explicó Morales.
El contenido de los archivos que resguarda el Arzobispado es una compilación de cédulas de identidad, boletas de una cooperativa y otros documentos institucionales que dan cuenta de la existencia de una sociedad civil y no un campamento guerrillero, como se ha tratado de hacer creer, sobre la masacre de diciembre de 1981, de el caserío El Mozote y los lugares aledaños, en el municipio de Meanguera, Morazán.
“El arzobispo, con permitir el ingreso a los archivos, le está dando pleno cumplimiento al amparo que se puso en el año 2013, donde la Sala de lo Constitucional le ordenó -certificar- todo tipo de documento solicitado por el Ministerio Público, por el órgano Judicial, por las víctimas o por cualquier organización de derechos humanos; esto es muestra de flexibilidad, porque vamos a poder contar con la información requerida por el juez (Guzmán). Esto va a ayudar con las partidas de nacimiento de niños que no tenemos identidad, además de fe de bautismos. Y para los padres, con cédulas, escrituras públicas o privadas que se encontraron se podrá obtener mayor información y establecer identidades”, resumió.
Óscar Tobar Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, agradece la rectificación desde el Arzobispado, que va a permitir a los peritos en archivos indagar sobre las denuncias interpuestas hace más tres décadas y que aún esperan justicia. “Creemos que es algo que tenía que darse, porque la Iglesia Católica ha venido promoviendo el apoyo a las víctimas de El Mozote, -es lo que esperábamos- estamos conformes, porque la información que encuentren es básica de la comunidad, que ha venido buscando justicia y querían encontrar estos archivos y poder traer la información al caso. Es algo que servirá en la investigación, -claro no será tan buena- como la que buscábamos en los archivos militares donde estaban los operativos, pero sí hay información de la época”, sostuvo.
El arzobispo José Luis Escobar reiteró que la postura de la Iglesia Católica siempre será a favor de las víctimas, la justicia y la verdad. Y recordó que la postura de protección y prohibición al acceso se debió a un intento en el pasado de despojarlos de estos documentos.
“Eso no podía ser, porque quedaban en manos de terceros y las víctimas se revictimizarían, por eso acudimos a la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional nos dio la razón de tener el derecho a custodiar estos archivos y en efecto son archivos de la Iglesia. Y la Iglesia los ha conservado por todos estos años, intactos y ante esta situación por el bien de las víctimas, que no era posible que vinieran a pedirnos o incautar documentos, que con base en la sentencia de la Sala tenemos que salvaguardar el derecho; sí podemos colaborar con la justicia, pero no en detrimento de las víctimas. El juez nos explicó que no tomará documentos, solo inspeccionar qué declaraciones le son útiles en el proceso y nos pediría copias certificadas, y es por esto que modificamos nuestra posición”, afirmó.
