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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó el martes la Ley de Sostenibilidad Fiscal, como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la nueva normativa se supone se pondrá límite al endeudamiento público.
La ley enviada por el Gobierno fue aprobada con dispensa de trámite y según el oficialismo, la normativa es para fortalecer las finanzas públicas. En el proyecto de decreto se menciona que el objetivo de la normativa es «emitir normas y lineamientos, que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas, y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del Estado».
La nueva ley deroga la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social emitida en 2016, pero que se puso en pausa en 2020 por motivo de la pandemia por el Covid-19.
En el articulado de la regla de responsabilidad fiscal se establece que el nivel de deuda límite respecto al Sector Público No Financiero con pensiones en el largo plazo será del 70% del Producto Interno Bruto (PIB).
Añade que la razón de deuda con pensiones no podrá ser mayor al 80% del PIB en 2030; ni mayor al 75% del PIB en el 2035. La meta de endeudamiento de largo plazo se estima alcanzar en el 2045, selala el decreto. Sin embargo, la normativa señala que la meta podrá suspenderse si ocurren eventos excepcionales como la caída del PIB real de al menos 1.5% durante dos trimestres consecutivos o una emergencia sanitaria, estado de calamidad pública, desastre natural, crisis económica u otros.
Esta ley es en cumplimiento a uno de los requisitos que establece el acuerdo con el FMI, en el sentido de hacer mejoras en la transparencia fiscal; de hecho, el gobierno se comprometió a aprobar la ley.
El objetivo de esta ley se alcanzará, según se mencionó a través de una regla fiscal, que enuncie un objetivo de endeudamiento de mediano y largo plazo; a través de un marco fiscal de mediano plazo y un presupuesto anual elaborado y aprobado de conformidad a la ley; se hará la publicación de información sobre la situación fiscal y sus perspectivas de mediano plazo. Esta normativa se aprobó con 59 votos a favor, solamente VAMOS, votó en contra. El argumento del partido fue que no se estudió a profundidad y que las medidas que se proponen no se podrían cumplir.
