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Saúl Méndez
Colaborador
La Alianza Periodística Intermedios (API) condenó la nueva ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra el periódico El Faro y aseguró que se trata de un ataque no solo contra ese medio, sino contra todo el periodismo independiente salvadoreño.
El pronunciamiento de la API surge tras el congelamiento preventivo de bienes contra socios del periódico El Faro, por parte del Gobierno, una medida que, según la organización, representa el más reciente episodio de una serie de acciones emprendidas en los últimos seis años y evidencia un escenario en el que instituciones del Estado estarían siendo utilizadas para intentar silenciar a la prensa independiente mediante procesos arbitrarios y sin garantías constitucionales.
Entre febrero y abril de 2026, el Ministerio de Hacienda ordenó la inmovilización de fondos en una cuenta bancaria y de un inmueble pertenecientes a dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad fundadora de El Faro.
En términos fiscales, la medida corresponde a una “anotación preventiva”, es decir, una reserva temporal de bienes individuales como garantía ante eventuales obligaciones tributarias de una empresa.
Este es el episodio más reciente de una disputa fiscal entre el Gobierno y el medio, que se remonta a 2020, cuando Bukele afirmó en cadena nacional que El Faro enfrentaba una “investigación seria por lavado de dinero”.
Posteriormente, bajo órdenes del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode. Al no encontrar sustento para la acusación de lavado de dinero, según denunció el medio, la investigación fue reorientada hacia presunta evasión fiscal en los cuatro ejercicios auditados. El Faro sostiene que ha apelado cada resolución y que ha presentado pruebas para refutar los señalamientos, aunque denuncia falta de garantías dentro del sistema judicial salvadoreño.
“Como hemos denunciado durante los últimos cinco años, el Gobierno de Bukele nos acusa de no pagar unos impuestos que sí pagamos y de no pagar impuestos por ingresos que nunca existieron y que Hacienda inventa”, explicó El Faro.
“Todo el proceso ha sido irregular desde sus inicios. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda violó la ley para fiscalizar los ejercicios 2014 y 2016, porque ya había caducado el plazo legal para hacerlo”, enfatizó.
“El Ministerio de Hacienda nos acusa de haber evadido impuestos por fondos provenientes de fundaciones, que no aparecen declarados en el año en que firmamos el contrato. Sin embargo, esos impuestos fueron pagados en los años en que dichos fondos ingresaron a nuestras cuentas. A pesar de ello, y de que no existe sentencia definitiva en ninguna de las cuatro auditorías, se ha procedido a la inmovilización de bienes personales”, detalló el medio.
“No podemos considerar las conclusiones de los auditores como simples errores de procedimiento, sino como un elemento más dentro de una larga cadena de acosos, seguimientos, intervenciones, ataques y campañas de desprestigio contra nosotros por el periodismo que ejercemos”, agregó.
“En un contexto de cierre de espacios de opinión, y a un año de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que mantiene bajo amenaza a organizaciones de la sociedad civil y medios independientes con multas millonarias, restricciones a la libertad de prensa y la apertura de procesos penales arbitrarios, esta nueva acción reconfirma la existencia de una política de persecución y censura contra el ejercicio periodístico en El Salvador”, afirmó la API.
“Exigimos el cese de la persecución contra los periodistas de El Faro y contra todo el ecosistema de medios independientes en El Salvador. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que acompañe con su denuncia y vigilancia”, concluyó la organización.
