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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Si bien en 2019 la Asamblea Legislativa avanzó en materia de legislaciones de importancia que se encontraban en estudio desde varios años atrás, al inicio de un nuevo año los legisladores continúan en mora con la aprobación de normativas de importancia para la población, como una Ley de Agua que organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos impulsan desde hace casi catorce años en el Congreso.
Cabe mencionar que dicho marco legal, en los últimos ha experimentado un franco retroceso, ya que en la legislatura 2012-2015 se aprobaron 92 artículos, los cuales debían ratificarse en la siguiente conformación del congreso (2015-2018), pero en ese período los diputados ingresaron otros anteproyectos sobre el tema y dejaron de lado este avance.
La nueva configuración de la Asamblea Legislativa resultante de las elecciones para Concejos Municipales y Diputados de 2018 que dio mayoría al partido ARENA con 37 escaños, redujo al FMLN en 23 e hizo crecer al PNC a diez diputados, PDC en 3, GANA 9, significó el regreso del CD con 1 curul y la primera diputación no partidaria, lejos de retomar el avance de los 9 artículos, lo desestimó configurando así más que un estancamiento, un retroceso en el estudio de la normativa.
Para 2020, los legisladores tienen el desafío de retomar el estudio de la legislación y avanzar en ella bajo la premisa impulsada por diversos grupos sociales de que la misma no debe entregarse a la administración de privados; sino verse como un derecho humano para la población, privilegiando el consumo sobre el lucro, un tema que motivó durante años anteriores fuertes manifestaciones de la población y enfrentamientos entre legisladores.
Otro de los temas en el que este órgano del Estado no ha mostrado avances, a pesar de las constantes exigencias de los trabajadores, es una nueva Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP); en este sentido, si bien se aprobaron reformas en 2017, estas no fueron del agrado de las organizaciones sindicales que las consideraron un retroceso en los derechos de la clase trabajadora.
A mediados del año pasado y debido a la presión popular, los parlamentarios crearon una subcomisión especial para estudiar reformas a la Ley SAP que cuenta con varias propuestas de enmiendas a la misma, que van desde reducir entre 0.5 % y 1 % de la comisión que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cobran por el manejo de los ahorros de los trabajadores, actualmente está fijada en 1.9 %, hasta la derogación de la ley para liquidar a las administradoras privadas y configurar un sistema público de previsión.
Cabe mencionar que al finalizar 2019, dicha instancia legislativa no tuvo avances significativos en el estudio de las propuestas; entre otras cosas porque pasaron seis meses sin convocar a reuniones a sus integrantes, y fue hasta diciembre que llevaron a cabo tres sesiones formales de trabajo que duraron menos de dos horas.
La resolución del 13 de julio de 2016, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y ordenó a la Asamblea Legislativa la creación en un plazo de tres años de una nueva ley que brinde reconciliación nacional, que venció en 2019, es otra de las deudas pendientes que los legisladores tienen para con las víctimas del conflicto armado.
En este sentido, es importante destacar que a pedido del Congreso salvadoreño, la CSJ brindó dos prórrogas posteriores a julio de 2019, una que caducó en noviembre del año pasado y la última que está a punto de vencerse en febrero próximo, siete meses en los cuales los legisladores no adelantaron en el estudio de las dos propuestas existentes, una de los partidos de derecha y otra de las organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado.
Este tema no estuvo exento de controversias durante el 2019, ya que en varias ocasiones los colectivos de derechos humanos y víctimas del conflicto armado denunciaron supuestas intenciones de los diputados de configurar una nueva ley de impunidad que elimine la condena de prisión para los responsables de violaciones a derechos humanos durante la guerra civil.
Es en este panorama de descontento por parte de varios sectores que conforman el país, en que los diputados de la Asamblea Legislativa inician 2020, un año preelectoral en el que sus decisiones estarán bajo la lupa de toda la población, podría significar la continuidad o conclusión de gestión de muchos en los curules del Congreso salvadoreño.
