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Paolo Luers y Raúl Mijango asisten al Juzgado Segundo de Paz, de San Salvador donde enfrentaron audiencia inicial por supuestas agrupaciones ilícitas y fraude electoral. También estuvieron presentes Benito Lara, Arístides Valencia, Ernesto Muyshondt y Wilson Alvarado. Foto Diario Co Latino/René Estrada

Acusados de negociar beneficios a pandillas continuarán el proceso judicial en libertad

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador instaló este viernes la audiencia inicial en contra de siete acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de negociar beneficios a pandilleros. La FGR solicitaba que imputados siguieran proceso en libertad. 

La jueza envió a la etapa de instrucción (ampliación de la investigación) a todos los procesados, a excepción de Salvador Ruano, extinguiendo la responsabilidad penal tras haber fallecido en 2017.

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los ex ministros de Gobernación y Justicia y Seguridad Pública, Arístides Valencia y Benito Lara, respectivamente; así como a quienes sirvieron de enlaces y mediadores entre los políticos y los pandilleros, el columnista Paolo Lüers, el dirigente de una organización no gubernamental Wilson Alvarado, y el ex mediador del proceso conocido como “Tregua” Mario (Raúl) Mijango.

La juzgadora dictó que Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia y Benito Lara cancelaran fianzas por $10 mil; y determinó que Muyshondt se presente al Juzgado Segundo de Instrucción, que continuará el proceso judicial, cada 30 días y Valencia y Lara cada 40.

A Wilson Alvarado y Paolo Lüers, les impuso fianzas por $5 mil, y sin ninguna otra medida restrictiva, mientras que Raúl Mijango es el único que guardará prisión al encontrarse cumpliendo ya una condena.

Según explicó el equipo fiscal, los hechos sucedieron en el marco de las elecciones presidenciales de 2014 y los comicios municipales y legislativos de 2015, “en el caso de los dos partidos (políticos), estos solicitaban el apoyo de las estructuras criminales para poder alcanzar la presidencia de la República en el año 2014 y en el año 2015, sumar la mayor cantidad de curules en la Asamblea Legislativa y lograr la obtención de la mayor cantidad de alcaldías”, resumió el fiscal Julio Batarse. Las pruebas que la FGR presentó en este proceso fueron los testimonios de dos testigos con criterio de oportunidad quienes supuestamente presenciaron las reuniones y participaron en procesos pasados bajo las claves “Noé” y “Salomón”, ambos delincuentes; intervención de llamadas telefónicas y material audiovisual que, a criterio de la Fiscalía, acredita la existencia de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

La defensa de varios de los imputados argumentó que los testimonios de los criteriados no pueden ser utilizados en en este proceso porque a estos se les otorgó el beneficio para un proceso judicial diferente, así como sostuvieron que las pruebas se obtuvieron de forma periférica, es decir, surgen a partir de otras causas penales como los juicios de la Operación Jaque y Operación Cuscatlán, por lo que no pueden ser reutilizados, en el caso de las escuchas telefónicas, estas deben ser dirigidas a objetivos concretos de investigación.

Además, los abogados afirmaron que la FGR no pudo establecer el origen de algunos de los videos acreditados como evidencia y no ha podido determinar fechas exactas de las reuniones, que según el Ministerio Público, se realizaron doce antes de la primera vuelta electoral y siete en antes de la segunda.

La Fiscalía sostiene que Benito Lara y Arístides Valencia negociaron una serie de beneficios a cambio de respaldo de las pandillas para las elecciones presidenciales de 2014, se entregaron al menos $150 mil de parte de los efemelenistas a las pandillas solo para la primera vuelta electoral el 2 de febrero de 2015.  Tras tener conocimiento de esta situación, Ernesto Muyshondt y el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, pactaron una reunión en la que participó Norman Quijano, quien prometió a los pandilleros, entre otros beneficios, reducir el “acoso policial” y orientar $100 millones en programas de rehabilitación y productividad para pandilleros. Muyshondt entregó al menos $138 mil a las pandillas para que le respaldaran en las elecciones legislativas de 2015.

En tanto, Wilson Alvarado y Paolo Lüers, habrían fungido como enlaces entre estructuras pandilleriles y los partidos políticos, mientras que Raúl Mijango, supuestamente asesoraba a los pandilleros en las negociaciones con los políticos.

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