Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“¿Quién usurpó a quién? Nosotros nacimos aquí -siempre me pregunto- llegamos tarde a la repartición o sencillamente ya nos habían quitado lo que era nuestro”, dijo Maritza López, presidenta del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra El Salvador (MOVI-TIERRA).
Maritza vive junto a otras 493 familias que se distribuyen en 462 parcelas en las cercanías del corazón comercial de la ciudad de Santa Ana. La comunidad Emmanuel se formó luego que el 5 de octubre de 2005, el volcán Ilamatepec, desplazara a sus habitantes de la zona, y que la Tormenta Stan, de ese mismo año, terminó dejándolos sin un techo a sus familias.
“Tenemos quince años de venir luchando por una vivienda digna, por un análisis social y económico de las familias que están en la comunidad, porque hemos hecho muchas visitas, pero esperamos que ahora, se nos llegue la oportunidad, sabemos que son tierras del Estado. Por ahora, no hay decreto; entonces, no hay nada aún, hay una promesa y tenemos la esperanza. La mayoría es trabajo informal, si no se trabaja un día, tenemos problemas para la alimentación del siguiente día. Y hay muchas madres solteras jefas de hogar con familias de 3 a 8 integrantes”, expresó López.
López reiteró una invitación al Estado a sentarse y discutir con la población afectada en su derecho a la vivienda adecuada y digna que lleva más de una década. “De nada nos sirve que quieran construir un CUBO (Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades), sino tenemos la seguridad jurídica de la propiedad, si pudieron sacar escritura para la construcción del CUBO, pueden hacerlo por la comunidad”, reclamó López.
El Informe Situacional sobre el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada en El Salvador, presentada por FESPAD y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra El Salvador (MOVI-TIERRA), señala que el papel del Estado salvadoreño es garantizar el derecho a la vivienda y debe crearla desde una “política de vivienda”, ya que el país, no cuenta actualmente con una normativa.
Entre los hallazgos relevantes de la investigación está la marcada desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al suelo que establece un obstáculo más para una vivienda adecuada que dignifique su proyecto de vida. El 70.2 % de las propiedades están registradas a nombre de hombres y solo un 29.8 % de mujeres.
Celia Medrano, consultora y experta en Derechos Humanos, que trabajó en el informe, señaló que otro aspecto que destaca es la ausencia de una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada, se debe al planteamiento liberal de la ley, que omite el enfoque de derechos humanos.
“La Constitución de la República, si destaca el bien social de la vivienda y es ahí lo importante que los movimientos sociales y, sobre todo, las personas que están viviendo en territorios o propiedades que no son propias trabajar por este derecho. Porque estos últimos ahí han construido sus viviendas y edificado sus vidas, puedan trabajar con el enfoque de bien social que debe entenderse como el derecho humano a una vivienda digna y adecuada”, sostuvo Medrano.
Asimismo, hizo referencia a que el estudio destaca que no se trata de aplicar una legislación en donde se hable de “colonos” que hace 30 años, llegaron a diferentes zonas del país y les traten ahora de usurpadores, al aplicarles a sus casos legislación secundaria con el Código Civil y Procesal Civil, y el decreto 23 de la Asamblea Legislativa, para justificar desalojos sin una visión humana de la realidad que viven estas personas.
“El estudio plantea dos ideas a partir de la información obtenida de la oficina de acceso a la información pública y otras instancias estatales como la Dirección General de Registros. En donde conocemos que el 60 % de las propiedades están adjudicadas al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y otro 30 % a otras instancias estatales”, dijo.
Y agregó, “en la investigación tomamos Santa Ana y la Paz, que están planteadas como propiedades del Estado, y otras que ni se pueden georeferenciar porque están con cero hectáreas, pero dudamos que sea un error de la entidad. Porque estas zonas deben ser las zonas robadas al manglar. Ya hemos tenido reportes de proyectos turísticos y cañeros que roban parte de un bien ambiental y nacional y eso se sobreentiende como su propiedad”, explicó Medrano.
Mientras, Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, declaró que la situación de país es “preocupante” en cuanto a garantizar el derecho de una vivienda adecuada que afecta a miles de personas que no cuentan con los medios para adquirir un domicilio fijo y digno.
“Sin ir más lejos, en su discurso el presidente de la República (Nayib Bukele) en el segundo año de su mandato, reconoció que existían muchas familias sin un techo digno y eso es importante porque es una realidad. Y si ponemos datos y contenido a esas declaraciones, instituciones como el INCAE, ha hecho referencia que el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo asciende al 91 % de la población en general. Es decir, sobre el derecho de la vivienda adecuada, de cada 100 salvadoreños 91 no tienen un techo donde vivir”, señaló.
Y sobre las obligaciones del Estado, Flores agregó que debe generar políticas públicas e incluso plantearse reformas y algunas normativas, como una Ley de Vivienda y Hábitat, cuyo fundamento y alcance sería: garantizar el derecho al acceso al suelo; el financiamiento estructural y la institucionalidad para aplicarla.
“Este informe como el que presentamos, robustece la idea que el Estado salvadoreño, puede crear esas políticas públicas; así como derogar las que atentan a los derechos humanos y reformar otras como la Ley de Lotificaciones, tenemos conocimiento que en la práctica las lotificadoras salen gananciosas y perjudica mucho a la población salvadoreña”.
“Y el Decreto legislativo 23, creado en el año 2009, que genera las condiciones a los desalojos forzosos de viviendas que incluso están observados y descalificados por el Sistema de Protección de Derechos Humanos que reconocemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, órgano de este tratado que descalifica los desalojos forzados”, puntualizó.
