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César Ramírez
@caralvasalvador
El problema de las organizaciones en grupos irregulares armados (maras, pandillas, delincuentes, terroristas) ha escalado en complejidad al punto de provocar el Estado de Excepción, durante este período aproximadamente 51 días (27MAR022) tiene por resultado 31,000 capturas a nivel nacional, una cifra apabullante de supuestos miembros de estructuras delictivas, si le agregamos los privados de libertad previos el total sería aproximadamente 70,000.
Hemos comentado que estas estructuras delictivas y terroristas tienen un arraigo de 1ª. 2ª. o 3ª generación de tal forma que sus núcleos familiares deberán multiplicar varias veces, entonces los números saltan a 60,000 o 90,000 que incluirían hijos, padres, abuelos, primos etc., similar a familias consanguíneas antropológicamente.
El fenómeno parece una guerra suburbana antisistema, aunque el término no es preciso pretendo calificar este evento, así el Estado ejerce su violencia sistemática contra grupos armados irregulares diseñando un marco jurídico con penas de 30 años de prisión para los miembros capturados, pero el producto de esas acciones ha llevado al reclamo de miles de personas por sus hijos inocentes, que al final es un legítimo acto por los Derechos Humanos.
Así esa guerra debe tener un plan general: Objetivos a mediano plazo, Medios disponibles, Resultados etc. control de acciones, evaluación etc. con la inclusión estratégica de la rehabilitación, reeducación, reinserción social etc., puesto que no se puede condenar a cadena perpetua en general a todo capturado, ni eliminar la presunción de inocencia, sería retornar a tiempos de la inquisición religiosa.
El caso de los miembros familiares externos de los capturados es un tema complejo, se trata de una educación exterior de núcleos consanguíneos y no consanguíneos unidos por el esquema de la organización delictiva, ahí reside un ancla de formación social que debe comprenderse con un modelo educativo comunitario y horizontal, con énfasis en la prevención de la violencia.
Los privados de libertad deberán rehabilitarse junto a sus nexos sociales externos, puesto que en determinado tiempo unos y otros avanzarán hacia una nueva legalidad con respeto a las normas sociales, entre ellos el trabajo legítimo, respeto a la vida, integración social.
La razón de comprender el fenómeno entonces se transforma en una respuesta social, con racionalidad política y no será resuelta en una sola administración, se necesita el aporte de la academia, los partidos políticos, ayuda internacional, Derechos Humanos, entonces si las penas son de 30 años, serán también 30 años de reeducación… si no existen estallidos de violencia en los centros de reclusión.
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