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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Durante una jornada de “consultas” organizada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa respecto al estudio del anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional, los colectivos de derechos humanos y comités de víctimas del conflicto armado reiteraron a los diputados que la justicia es irrenunciable para lograr reconciliación.
Los colectivos remarcaron -como obscuro- el hecho de que el Congreso salvadoreño trabaja en secreto un documento que servirá de base para la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, una normativa que tendrá que cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad que la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó a la Ley de Amnistía General de 1993.
“Queremos denunciar la opacidad de este procedimiento, pasan a otra etapa con una versión de la ley desconocida, no la han compartido con organizaciones, con víctimas”, dijo David Morales, abogado de Cristosal.
Morales, además, denunció que desde el inicio del proceso de estudio de las iniciativas de ley entre ellas una presentada por las organizaciones, la cual los diputados no permitieron a sus proponentes exponerla. El exprocurador de derechos humanos sentenció que los legisladores que integran la instancia legislativa han examinado a puerta cerrada cinco borradores, que contemplan dos objetivos claros que tienen que ver con la protección de criminales de guerra y evitar que los casos presentados a la FGR no sean investigados.
David Ortiz, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) externó a los legisladores que el esclarecimiento de señalamientos de impunidad de la Fuerza Armada en casos donde se comprometa el respeto a los derechos humanos es una disposición contenida en la firma de los Acuerdos de Paz. “Las partes reconocen que hechos de esa naturaleza, independientemente
del sector al que pertenecieren sus autores debe ser objeto de actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia a fin de que se aplique a sus autores las sanciones contempladas por la ley, esto son los Acuerdos de Paz, el marco histórico a atender para solventar este proceso”, sostuvo Ortiz.
Los colectivos de derechos humanos y víctimas del conflicto armado externaron a los parlamentarios que existen condiciones irrenunciables para lograr reconciliación nacional, y tienen que ver con que cualquier causal de extinción de la responsabilidad penal es inadmisible, poner al centro de la legislación a las víctimas a quienes debe procurarse
reparación integral.
Además de la reivindicación de la memoria histórica, disposiciones
para que la FGR agote todos los recursos necesarios para dar trámite a los procesos penales, una asignación diligente y responsable de recursos, y la obligación de gestionar y entregar archivos del conflicto armado. Las organizaciones indicaron que al margen del proyecto de ley que el
órgano Legislativo decida tomar como punto de referencia para la fase de discusión final, es imperante sostener que la ley a aprobar no debe soslayar el mandato de la Sala de lo Constitucional establecido en la sentencia ni las obligaciones estatales derivadas de tratados internacionales ratificados por El Salvador en materia de justicia transicional.
