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Veredicto popular

@arpassv

El rechazo a la explotación minera en el país es contundente. Un sondeo realizado recientemente en las comunidades rurales y urbanas potencialmente afectadas revela que casi el 80% de la población se opone a las actividades extractivas.

La encuesta –realizada por Oxfam y el Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP)– detalla que el 79.5% de los encuestados considera que El Salvador no es un país apropiado para hacer minería metálica y el 76% está en desacuerdo con la instalación de proyectos mineros en sus municipios.

El estudio dice que el 89.9% cree que la contaminación del agua sería grave y el 80% de los encuestados señala que la agricultura, capsule la ganadería y la pesca serían perjudicadas por los proyectos mineros.

Según la investigación, pills el 77% considera que se debe prohibir definitivamente la minería de metales y –de los entrevistados que conocen sobre la demanda de Pacific Rim-Ocena Gold contra el Estado salvadoreño en el CIADI– el 92.8% está en contra de que empresas extranjeras obliguen al país a dar permisos de explotación minera.

El sondeo, efectuado en los 23 municipios de la zona norte donde fueron otorgados permisos de exploración durante los gobiernos de ARENA, desmiente el argumento de la empresa minera sobre que las comunidades avalan sus proyectos.

Los resultados de la encuesta constituyen, además, un veredicto popular contra la industria extractiva y es un llamado a la Asamblea Legislativa para que no dilate más la aprobación de la ley que propone la Mesa Nacional frente a la Minería. Dicha normativa prohíbe definitivamente la minería metálica.

El rechazo a la explotación minera es generalizado: se oponen las comunidades potencialmente afectadas, las organizaciones ambientalistas, la iglesia católica y hasta ex funcionarios areneros. Sin embargo, este consenso nacional anti minero no se traduce en correlación favorable en la Asamblea, donde los partidos de derecha bloquean la prohibición.

Lo mismo sucede con la ley de agua. Los partidos de derecha, proclives a los intereses privatizadores de gran empresa privada que quiere hacer negocio con el vital líquido, impiden su aprobación.

Vale decir que el Ejecutivo tampoco está empujando como debería estas iniciativas. El Ministerio de Medioambiente tiene un perfil muy bajo en la exigencia de aprobación de ambos proyectos de ley y la secretaría presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad ni siquiera se refiera a estos temas.

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