Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Leonel Herrera*
La reactivación de la minería metálica es rechazada por la mayoría de la población salvadoreña. Según una encuesta reciente del Centro de Opinión Pública (COP), este rechazo ciudadano alcanzó el 73% de la población en el pasado mes de abril, frente a un 26% que se muestra de acuerdo con la explotación minera.
De hecho, el COP revela que las intenciones mineras del gobierno y el escándalo de los migrantes (y supuestos delincuentes) venezolanos encarcelados ilegalmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOP) son las principales razones de la fuerte caída de la popularidad de Nayib Bukele en los últimos meses. Según esta casa encuestadora, el 63% de la gente rechaza el cuestionado acuerdo del gobernante salvadoreño con el presidente estadounidense Donald Trump.
En relación a la minería de metales, el rechazo ciudadano es creciente. A finales de diciembre del año pasado, cuando se aprobó la nueva ley minera de Bukele, una encuesta de la UCA mostró un rechazo social del 62%, es decir, 11 puntos porcentuales menos que en el último sondeo del COP.
Sin embargo, el gobierno de Bukele podría avanzar con los tenebrosos proyectos mineros, a pesar de este amplio y contundente rechazo social. Podría proceder en cualquier momento, sobretodo porque las acciones de protesta ciudadana han disminuido y las organizaciones se han dedicado a enfrentar otras situaciones que el mismo régimen genera para alejarlas de la resistencia antiminera, como las capturas de activistas sociales y la reciente aprobación de Ley de Agentes Extranjeros (LAE).
Por eso es de enorme importancia la acción realizada el pasado 20 de mayo por las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA). La referida organización comunitaria presentó a la Asamblea Legislativa más de 7,000 firmas ciudadanas, solicitando derogar la Ley General de Minería Metálica.
Las firmas de COFOA, recogidas en comunidades rurales de Zacatecoluca, La Libertad y otros departamentos del país, se suman a las 150,000 presentadas en marzo pasado por la Iglesia Católica también pidiendo la derogación de la nueva ley minera y a las más de 50,000 que respaldaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por CRISTOSAL y varias organizaciones ambientalistas en la Corte Suprema de Justicia.
Lo actuado por COFOA es un oportuno recordatorio de volver a los plantones (digitales y presenciales) y demás acciones de incidencia contra la minería metálica, que representa actualmente la mayor amenaza contra el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones.
La minería metálica es inviable en El Salvador debido a su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave depredación ecológica, especialmente de los bienes hídricos. Somos el país centroamericano con la menor disponibilidad de agua dulce debido a la sobreexplotación del recurso y a la contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas; y esto se agravaría a niveles extremos con la minería, sobre todo porque la mayoría de proyectos están sobre la cuenca del Río Lempa.
Por eso es necesario una movilización permanente, para mantener al país a salvo de la minería; hasta que se derogue la ley que fue aprobada sin discusión técnica y sin participación ciudadana, en contra de la voluntad de la mayoría de población y sin tomar en cuenta los peligros ambientales.
También es necesario que el movimiento ambiental trascienda de la demanda de no minería y se plantee como objetivo la sustentabilidad socioambiental del país que incluye la recuperación de las fuentes de agua, la reversión del deterioro ambiental, la mejora de las condiciones de vida y el respeto a los derechos de la población y cambios estructurales orientados a la construcción de un país justo, incluyente, equitativo, pacífico y realmente democrático.
Esta apuesta por la sustentabilidad integral sería una alternativa ciudadana real frente a la destrucción, el despojo, la corrupción y las injusticias que representa el proyecto autoritario que pretende perpetuarse en este país que es de todas y todos, y no sólo de grupos o familias que usan el Estado para enriquecerse.
Así que urge retomar la lucha contra la minería y por la sustentabilidad ambiental, social, económica y cultural del país. Y, al respecto, es oportuno recordar que esto pasa también por lograr la libertad definitiva de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES que fueron criminalizados, precisamente, por alertar al país sobre la reactivación de los proyectos mineros y el irreversible desastre ambiental que estos podrían provocar.
A pesar de haber sido sobreseídos definitivamente en octubre del año pasado, los activistas ambientales enfrentarán un nuevo juicio el próximo 3 de junio porque los quieren imponer la minería desean condenarlos y encarcelarlos de cualquier manera, aun sin pruebas del delito que les acusan.
La XXV Caminata Ecológica que iglesias y organizaciones ambientalistas realizarán esta semana es una excelente oportunidad para relanzar la movilización ciudadana permanente contra la amenaza de la minería metálica en el país.
*Periodista y activista ambiental.
