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Renán Alcides Orellana
El tiempo de retraso que lleva la Asamblea Legislativa, ampoule health para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decease va para casi dos meses. El mandato constitucional ordena elegirlos cuando algunos magistrados terminan su período, pilule pero como la Constitución no sanciona si no se hace en la fecha debida, pues ahí van los diputados, para variar, tomándose su tiempo. Es la tradición…
Se toman su tiempo, argumentando algunos diputados que se debe al interés de “seleccionar al mejor” candidato. Si eso fuera cierto y al final resultara el producto deseado, sería aceptable. Pero, si los expedientes están ahí, en la Comisión, sin ser tocados, ¿cuál estar seleccionando al “mejor candidato”?; o si, como ocurre realmente, se sigue pensando más en satisfacer intereses de los partidos políticos o de grupo y no en cumplirle al interés nacional ¿de cuál tiempo necesario para buscar “el mejor candidato”, estamos hablando…? El pueblo sabe la verdad, pero todavía sigue esperando rectificaciones. Tal vez, un día…
En realidad, eso de tomarse el tiempo para saber pensar, es válido y hasta muy productivo; pero, no es simplemente darle largas a la cosa. Se trata de pensar con sabiduría, en el tiempo justo; es decir, presupuestar el tiempo, trabajar intensamente y con responsabilidad, para tener el producto -en este caso la elección de los magistrados de la CSJ- en la fecha que indica el mandato. Más o menos, como diría el verso: no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar… Sólo que por ahora, y por lo visto, la cosa sigue igual…
Sin embargo, la oportunidad de exigir verdadero cumplimiento en las elecciones de segundo grado, sin que se den las justificaciones en las que ya nadie cree, puede estar cerca. Vienen las elecciones de Fiscal General, Procuradores, Magistrados… y, si bien no se pide precipitación para decidir sobre los candidatos, es imperativo que, sin desestimar otros requerimientos constitucionales (honradez e instrucción notorias, no vinculación política orgánica partidaria, solvencia judicial…), la selección/elección se haga en el tiempo estipulado por la ley; y, sobre todo, con estudio exhaustivo sobre la conducta, personal y profesional, de los seleccionados.
Aunque la Asamblea Legislativa es la que al final elige, lo cierto es que, generalmente, el origen del desaguisado está en los partidos políticos cuando, sin ningún temblor de su pulso, designan a sus candidatos por compromiso político, compadrazgo o vínculo familiar, sin importar capacidad y conducta. Y luego, ya a nivel de la Asamblea Legislativa, los grupos parlamentarios siguen con el desaguisado -cumpliendo los “deseos” de su partido- promoviendo el estancamiento, bajo el argumento de “buscar la pureza” de los candidatos, cuando en realidad el estira y encoge, el sí pero no, termina sólo cuando a las cúpulas partidarias logra satisfacer el “me das, te doy”.
Entonces, la responsabilidad primaria está en los dirigentes políticos. Ya suficientes casos ha ofrecido el panorama político nacional, en esto de malos candidatos que llegan a ser funcionarios, sin que se hubiera analizado, como era debido, su trayectoria moral/profesional, afectando no solo a su familia y a su partido, sino a la sociedad en general, que es la que resulta más agraviada y, sobre todo, más que defraudada por haber confiado cargos a personas que resultaron diferentes a la manera de ser y actuar que se esperaba.
Se puede pecar de ignorante o de malicioso, o de ambos calificativos juntos, y evitarlo es un reto para los partidos políticos, en este campo de saber escoger candidatos. Mucha responsabilidad tienen algunos partidos, por haber propuesto a ex funcionarios -quizás sin conocerlos a fondo- que hoy hasta enfrentan cuestionamientos penales muy serios y graves. Funcionarios que valiéndose del cargo atentaron contra la cosa pública -dinero propiedad exclusiva de la población- para su beneficio personal y el de su grupo (caso emblemático Flores/Taiwán); o ex funcionarios cuestionados por diferentes ilícitos, algunos gozando de total impunidad o de favoritismos jurídicos.
Duro reto, pues, para los partidos políticos de saber escoger candidatos a cargos de segundo grado, y reto también para la Asamblea Legislativa para elegirlos, enmarcados en los plazos constitucionales y, sobre todo, en un verdadero análisis curricular -una hoja de vida limpia y productiva- como convendría a la Nación. Para las elecciones de segundo grado de este año, podría ser la oportunidad.
Después de algún tiempo realizando elecciones anuales, a partir del otro año habrá un espacio de casi tres para las futuras elecciones; es decir, para que se pueda intentar realizarlas a tiempo -en el período de ley- como debe ser. Se contará con el tiempo necesario para un trabajo consciente, a fin de analizar la hoja de vida de los candidatos y también para cumplir los plazos constitucionales, sin recurrir a las justificaciones y subterfugios, en los que la población ya no cree. Será tiempo valioso y útil. Tiempo para saber pensar…
