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Familiares y sobrevivientes siguen demandando justicia ante el Estado, por la muerte de cientos de humildes campesinos salvadoreños. Foto Diario Co Latino/Cortesía Oscar Machón

Sobrevivientes y familiares de masacre del Sumpul esperan justicia luego de 42 años

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

A 42 años de la masacre del Río Sumpul los familiares y sobrevivientes siguen demandando justicia ante el Estado salvadoreño que a lo largo de estos años no les ha ayudado a esclarecer el caso y menos, pedir perdón ante el crimen de lesa humanidad que dejó a cientos de salvadoreños asesinados.

Este fin de semana, sobrevivientes y familiares de los mártires del Sumpul, acompañados por campesinos, estudiantes y activistas de derechos humanos conmemoraron el 42 aniversario de la masacre conocida también como de Las Aradas con una vigilia cultural y una solemne ceremonia. Al evento se hizo presente el cardenal Gregorio Rosa Chávez.

El evento inició con una peregrinación que parte todos los años de distintos puntos de las montañas de Chalatenango hacia el sitio del caserío de Las Aradas, con el objetivo de conmemorar a los mártires de la masacre del Río Sumpul con esto exigen la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Según mencionaron organizaciones participantes, el reporte de la Comisión de la Verdad, “De la Locura a la Esperanza” señala que entre el 13 y 14 de mayo de 1980, al menos 300 pobladores fueron asesinados en el caserío Las Aradas, municipio de Ojos de Agua, Chalatenango, como resultado de un operativo militar conjunto con miembros de la Fuerza Armada (FAES), Guardia Nacional y grupos paramilitares de la Organización Nacional Democrática (Orden); además, con la colaboración de la Fuerza Armada Hondureña. Sin embargo, sobrevivientes y familiares de las víctimas han identificado a más de 600 hombres, mujeres, ancianos y niños que fueron brutalmente asesinados durante dicho operativo militar.

Las organizaciones señalan que la justicia “ha sido lenta paras las familias de las víctimas”, pues en 1992 se interpuso una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, pero hasta la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no imputa cargos contra los militares responsables por la masacre, aunque la evidencia sigue acumulándose.

El pasado 29 de abril, el Instituto de Medicina Legal (IML) entregó las osamentas a los familiares de 6 personas víctimas del mismo operativo militar que fueron exhumadas en el cantón Llano Grande del municipio de Concepción Quezaltepeque en Chalatenango.

“Lamentablemente, ninguno de los gobiernos de la post guerra ha tomado las medidas adecuadas para responder a las demandas de justicia de las y los sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas. Al contrario, estas demandas han sido obstaculizadas por la implementación de leyes como la Ley de Amnistía General de 1993 y Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional; aprobada por la Asamblea Legislativa en febrero de 2020, que en el fondo buscan proteger a los victimarios, borrar de la memoria eventos deplorables en la historia de nuestro país y exonerar a aquellos responsables por delitos de lesa humanidad”, señalaron las organizaciones en su postura oficial.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez oficia la misa, en conmemoración de la masacre El Sumpul, ocurrida hace 42 años. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Agregaron que el clima político actual donde “persiste la persecución política, el acoso a los medios de comunicación, la militarización que afecta la convivencia de nuestras comunidades fronterizas y la impunidad institucionalizada” es motivo de preocupación para los sobrevivientes de las masacres de la guerra civil, los familiares de las víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos que los acompañan.

Estimaron que la instrumentalización de las víctimas para fines políticos “es evidente” en el discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, quien mantiene “una ambigüedad” ante el tema memoria histórica, pues aseguran que por un lado, el mandatario se pronuncia públicamente a favor de las víctimas y por otro lado, mantiene una actitud de descalificación ante las fechas conmemorativas a los Acuerdos de Paz, se rehúsa abrir los archivos militares para esclarecer los hechos de la masacre del Mozote, y permite que los militantes de su partido Nuevas Ideas destruyan monumentos construidos en el pasado para promover la memoria histórica.

Además, este 14 de mayo se cumplieron 10 años desde que el sitio memorial de Las Aradas fuese declarado “Bien Cultural Protegido” por la Secretaria de Cultura de El Salvador (Secultura), hoy Ministerio de Cultura. Desde entonces, la Asociación Sumpul ha trabajado para adquirir el terreno y construir el Parque Memorial Las Aradas con el apoyo de los familiares de los sobrevivientes, miembros de las comunidades locales y la ayuda de organizaciones nacionales e internacionales.

Se espera que este año se puedan presenciar los avances de la construcción del parque y se devela oficialmente la imagen de San Romero de América, (Monseñor Óscar Arnulfo Romero) que estará acompañando permanentemente el sitio del parque memorial. Dicho evento será acompañado por representantes de la iglesia católica, entre ellos el Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

La Asociación de Sobrevivientes de la masacre del Sumpul y otras masacres de Chalatenango, acompañados por organizaciones sociales, reiteraron sus demandas al Estado de El Salvador, una de ellas es “acceso a la justicia” refiriéndose a que el Juzgado de Paz de Ojos de Agua, Chalatenango, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas asuman con la responsabilidad el caso de la masacre del Sumpul y cumplan con prontitud y eficiencia la función que le corresponde a cada uno como operadores de la justicia salvadoreña.

Exigen también “verdad y reparación moral”, aduciendo que el Estado salvadoreño debe reconocer la veracidad de los hechos tal y como han sido documentados, así también que pida perdón, sin revictimizar a los/as sobrevivientes de la masacre del Sumpul.

Piden también una “reparación material”, pues se debe garantizar una pensión digna para todos los/as sobrevivientes de la población civil de la guerra. Que se implementen programas de salud mental, proyectos de vivienda, salud y educación superior, que se creen espacios físicos de recreación, condiciones dignas para su esparcimiento hacia los/as sobrevivientes y sus familiares.

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