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José Mejía
Transparencia Activa
La Unión Internacional de Obreros de la Construcción de Norte América (LIUNA) tiene más de 100 años, fue fundada por migrantes y ahora cuenta con 500 mil miembros localizados en Canadá y Estados Unidos (EE.UU.), con sede en Washington D.C. El 30% de miembros pertenecen al rubro de la construcción y están amparados al TPS y por eso consideran importante la discusión sobre el tema.
Explican que hay 5 propuestas de reforma migratoria en el Congreso de EE.UU., pero los sindicatos de obreros han apoyado solo dos de ellas, la del senador de Maryland Chris Van Hollen, respaldada por todos los demócratas en el Senado, y la otra es la de Nydia Velásquez, miembro de la Cámara de Representantes en Nueva York.
Miguel Díaz, miembro del sindicato señaló que la gestión del gobierno salvadoreño a través de la red consular en el país norteamericano ha tenido un gran impacto en este momento.
“Ha habido una gran actividad por parte de las organizaciones comunitarias y en toda la historia del TPS desde el 2001 es la única vez que se ha hecho intenso cabildeo a través de la gestión del canciller para apoyar a los salvadoreños con este beneficio”, aseguró Díaz.
El representante sindical señaló que están a favor de las propuestas de ley que busquen la regularización de su estado migratorio, de obtener una residencia permanente, así como la ciudadanía para poder trabajar libremente en EE.UU.
Agrega que los trabajadores sindicalizados ganan un 25% o 30% más que los que no lo están, a los 25 años de servicio o 55 años de edad pueden retirarse, las prestaciones son mucho mejores y tienen un fondo de pensión, por lo que quedarse sin trabajo sería desastroso, ya que todos los miembros salvadoreños que han generado fondo de pensión lo perderían si son deportados. “Eso impactaría a las familias en Estados Unidos y a las de El Salvador por las remesas”, asegura. Además, para las empresas estadounidenses también es una pérdida porque debido a las demandas de seguridad han invertido en capacitaciones especializadas. Díaz añade que casi todos los trabajadores están capacitados y al quitarles el permiso para trabajar todo mundo pierde, los empleadores tendrían que volver a capacitar a otra gente y perder a trabajadores hasta con 20 años de experiencia.
Para los sindicalistas, la mayoría de “tepesianos” pagan impuestos y están bien insertados en diversas actividades de sus comunidades. Sonia Lozano, también miembra de LIUNA, añadió que se han apoyado en las gestiones de la Cancillería salvadoreña para darle volumen a sus demandas porque “a veces ellos pueden abrir puertas que nosotros no podemos abrir, ante senadores u otras autoridades estadounidenses, cuando el canciller llega es más fácil que nos reciban los senadores o representantes”. Los sindicalistas estadounidenses, quienes acompañaron a la delegación de observación electoral del Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) recientemente, comentaron que “un aporte importante del Gobierno ha sido llegar y explicar a los senadores quiénes son los afectados por el TPS, explicar qué es, porque hay muchos que no saben exactamente qué es este beneficio migratorio, por lo tanto, la labor es ponerle rostro a los afectados con la eliminación de este beneficio tanto para la economía de Estados Unidos como para la de El Salvador”.
Sobre la campaña que en la época electoral realizó el partido ARENA y en la que aspirantes a la presidencia supuestamente fueron a EE.UU. a gestionar una ampliación del TPS, y que los grandes medios de comunicación salvadoreños visibilizaron a través de publicaciones pomposas, Díaz aseguró: “me asombra el cinismo y cómo puede decirse que esta gente fue a abogar por los compatriotas en un momento que había pausa gubernamental en el gobierno norteamericano, estaba todo cerrado allá y le han vendido a la población que fueron a reunirse con las autoridades estadounidenses. Hay que estar con los ojos bien abiertos y no dejarse engañar por este tipo de campañas”.
Para Jacob Blickenov de CISPES, el tema del TPS debe manejarse como un tema de país por los distintos partidos políticos e instituciones gubernamentales de El Salvador y no señalar que la última prórroga solo por 18 meses es por culpa del gobierno del FMLN.
“Los congresistas en los Estados Unidos al conocer de los comentarios realizados por representantes del partido ARENA han señalado que eso no puede ser, y que en realidad hay que decir que es por el racismo y xenofobia de Trump. La política migratoria no tiene nada que ver con la política exterior que recibe el beneficio del TPS”, afirmó Blickenov.
CISPES también reconoció el esfuerzo realizado por Cancillería en tener más de 80 reuniones con congresistas estadounidenses para poder apelar a una medida migratoria favorable para los intereses de los migrantes salvadoreños. Al cierre de la inscripción de la prórroga al beneficio del TPS, Cancillería calcula que preliminarmente se han registrado a través de la red consular 34,613 salvadoreños a la espera de una reforma migratoria en el país del norte.
