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Julio Palacios
En nuestro patio, el pueblo salvadoreño es la víctima del desfalco al tesoro nacional por aquellos que gobernaron desde el primer gobierno post independencia, y de manera continuada y legalmente justificada, por el entramado político-judicial de El Salvador incluidos gobernantes de ultima generación. La voz popular reconoce a los saqueadores, los señala con nombre y apellido, y reconocen a los acólitos y socios de aquellos actos fraudulentos que públicamente se realizaron. El sistema judicial salvadoreño finca sus esfuerzos en señalar a los atracadores, pero nunca mencionan a todos los salvadoreños que fuimos asaltados institucionalmente por estos delincuentes de cuello blanco. Esta es la visión al interior de nuestro país, pero como no estamos solos en este mundo, la comunidad internacional esta apostando a ejemplarizar por medio de los procesos en El Salvador (CICIES), una política judicial que castigue a corruptos y a los corruptores. Estos últimos están aún en sombras, gracias al sistema judicial garantista que elabora maniobras jurídicas para que continúen impunes los otros bandidos financieros aunque sean los principales actores en los delitos de cuello blanco. Para mayores detalles léase la portada y páginas interiores de Diario El Mundo del día jueves 26 de Septiembre de 2019.
El binomio corruptor-corrupto no forma parte del léxico judicial en El Salvador, no se hacen todos los esfuerzo procesales para sentar en el banquillo a los banqueros que están en el lavado de dinero, en los operadores financieros en compañías de seguros, compañías de reaseguros, bolsas de valores, paraísos fiscales, en bolsa de compras y ventas generales, en casinos, en loterías clandestinas, inmobiliarias y flota de autos de cuenta directa o alquiler, en fin en donde haya oportunidad de blanquear dinero. Y nos cansaríamos de enumerar. En el plano del derecho internacional la víctima (salvadoreños) es inicialmente un “ocupante sin lugar”, hasta inicios de los años noventa. A ellas no se le permitía hacerse sentir ni ver en los tribunales, como ocurrió durante los Juicios de Nuremberg, realizados con posterioridad a la finalización de la segunda guerra mundial. Solo es con la aparición de la Corte Penal Internacional que se intenta dar un lugar a la víctima, pero que aún hoy se le da tímidamente pues los sistemas de justicia, ni a nivel nacional, ni a nivel intencional, están preparados para que las víctimas sean un actor más dentro del proceso penal (Guerrero, 2007).
A partir de la segunda guerra mundial, surge el Estado intervencionista que asume el conflicto entre particulares, y la víctima se convierte así en un vehículo para llegar a la verdad, es solo un testigo que facilita la identificación del autor del delito, único objetivo de la investigación criminal. A la víctima, realmente llamada para entonces el sujeto pasivo del delito, se le imponen obligaciones, debiendo asumir cargas procesales, pero se le niegan o no se le reconocen sus derechos (Montoya, s.f.; Garrido, Redondo y Stangeland, 1999; Beristain, 1999). “La víctima del delito ha padecido un secular abandono, tanto en el ámbito del derecho penal (sustantivo y procesal) como en la política criminal, la política social y la propia criminología, dicha “neutralización” de la víctima condujo, sin embargo, al dramático olvido de la misma y de sus legítimas expectativas, habiendo contribuido decisivamente a tal resultado el pensamiento abstracto y formal, categorías, de la dogmática penal que degrada a la víctima a la mera condición de sujeto pasivo tiene que soportar la víctima no solo el impacto del delito en sus diversas dimensiones, sino también la insensibilidad del sistema legal, la indiferencia de los poderes públicos e incluso la insolidaridad de la propia comunidad no interesa que los procesados estén o sigan en la cárcel. Finalmente podemos decir devuelvan lo robado. Y todos los electores felices.
