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UNES realiza webinario titulado “Cambio climático y Derechos Humanos en contexto de pandemia por COVID-19”. UNES destacó el impacto climático y de contaminación que han sufrido las fuentes de agua en la región. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Respeto a derechos humanos garantiza Estados más democráticos

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

El impulso o responsabilidad que cada Estado asigne a garantizar los derechos humanos de la población se traduce en espacios más democráticos e inclusivos socialmente, señalaron los invitados al foro “Cambio Climático y Derechos Humanos en contexto de Pandemia por COVID-19”, que reunió a representantes de la Federación Luterana Mundial, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y la Campaña Mesoamericana de Justicia Climática (CMJC).

Martin Ruppenthal, representante regional del Programa Centroamérica de la Federación Luterana Mundial, quien trabaja para América Latina hace más de una década, a través del “Programa Centroamérica”, señaló que la FLM reúne a 144 iglesias, extendidas en 80 países, y que, desde 1947, este organismo tomo la decisión de construir un servicio al exterior atendiendo a otras poblaciones, desde el concepto de poner la “fe en acción”, que les ha permitido llegar a comunidades más vulnerables a 28 países en el mundo.

“Buscamos unir a las personas de todos los orígenes por la justicia, paz y reconciliación en un mundo más complejo y fragmentado; un trabajo constituido en la base de los derechos humanos, un compromiso con todas las personas independiente de su condición social”, resumió.

Sobre los derechos humanos y la pandemia por COVID-19, Ruppenthal lamentó que América Latina haya transgredido y llevado a un deterioro el respeto de derechos humanos fundamentales en una situación de crisis social y sanitaria como el coronavirus.

“La prueba de fuego para los gobiernos de la región han sido los problemas alrededor de falta de transparencia, el buen manejo de fondos y casos de corrupción. Así también la efectividad para brindar atención en salud a la población y en especial a los más desfavorecidos social y económicamente, al que se adosan los datos estadísticos no tan fiables, que solo terminan dando una falsa seguridad a la población para salir y pueden contagiarse con el COVID-19”, afirmó.

Otros flancos débiles, para Ruppenthal, se relacionan con la falta de coordinación interinstitucional y órganos del Estado, que han generado impasses innecesarios y que solo contraponen a una sociedad hundida en la pobreza y pobreza extrema.

“Han vulnerado los derechos humanos de la población por la falta de acuerdos políticos en tiempos de crisis que se necesitan acciones y decisiones estratégicas, y no ser vistas desde una actitud de ‘no me importa’ también, está que muchos líderes sociales que sufren amenazas, han sido obligados a desplazarse constantemente para que no los maten y nuevas medidas gubernamentales relacionadas con la pandemia a poblaciones que no tienen recursos para enfrentarlos; vemos a millones de personas en la zona urbana que aguantan hambre porque no pueden salir a la calle a trabajar, en el campo surge la importancia del acceso a la tierra, así como otras personas defensoras sociales y periodistas que se han visto con restricciones”, argumentó.

Mientras, José David Sandoval -procurador adjunto para derechos y medioambiente de la PDDH- abordó el estado de los derechos humanos en el contexto por la COVID-19 y la institucionalidad del Estado salvadoreño para dar una respuesta a la población, situación que se agrava por los fenómenos meteorológicos, como tormentas tropicales, inundaciones o incendios forestales.

“Esta situación afecta los derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda, agua potable y enfrentar la contaminación. Hemos sido testigos de cómo las tormentas Amanda y Cristóbal dejaron muertos, desparecidos y desplazadas, dentro de una emergencia sanitaria por COVID-19, que llevó al procurador de la PDDH ha realizar diversas visitas y constatar el estado de los derechos humanos de la población afectada”, explicó Sandoval.

En cuanto a la operatividad del Estado, citó el manejo de los “albergues”, durante la Tormenta Amanda, en que destacó que las personas desplazadas permanecieron en lugares que no cumplían los requisitos mínimos para acomodar los colectivos.

“Allí no existía distanciamiento social, eran lugares insalubres y no había alimentación y algunos se resguardaron en estructuras dañadas, y otros estaban en lugares de alto riesgo. Se hicieron varios pronunciamientos para que las instituciones cumplieran su mandato y protegieran los derechos humanos. También, el problema del agua y su desabastecimiento que ahora, en el contexto del COVID-19, ha repercutido de manera importante en diferentes municipios, hubo gente sin agua por 15 a 25 días, llevando sus protestas a la calle, pese a reiteradas exhortaciones al presidente de ANDA a resolver este creciente problema”, indicó.

Yanira Cortez, abogada e investigadora quien realizó algunas valoraciones sobre el estudio de investigación realizado para la UNES, “Cambio Climático. Lecciones de Resiliencia Comunitaria para Proteger Derechos Humanos”, destacó que si bien la pandemia ha sacado otros temas de la agenda nacional, no podía omitir una realidad tan transcendental como que “7 millones de personas han muerto relacionados al tema del Cambio Climático” a nivel mundial.

“Este tema debe discutirse siempre y ponerlo en la mesa, así como cuáles son aquellos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de los Estados, que señalan sus obligaciones y medidas a tomar en una situación anómala. El estudio surgió con la UNES, porque el cambio climático va a traer situaciones complejas y consecuencia relacionadas al clima donde habrá situaciones difíciles y catástrofes; escenarios y costos beneficios, y todo este conocimiento es importante ponerlo en discusión, porque precisamente estos datos permiten conocer el alcance de estos impactos ambientales”, indicó.

Asimismo, invitó a que la agenda política nacional esté al lado la agenda de los derechos humanos, desde un análisis crítico e identificando a los responsables de estos impactos y no solo denunciarlos, para ir evolucionando como sociedad democrática.

“En el estudio hablamos de experiencias de las comunidades que realizan acciones en el territorio; no estamos romantizando estas experiencias, sino que hablamos que están asumiendo las obligaciones jurídicas del Estado y que eso conlleva a hablar del desprecio del Estado a lo que están viviendo muchas comunidades que ni siquiera son apoyadas de una forma mínima, son estas experiencias de centralizar la vida y nuestros ecosistemas”, puntualizó.

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