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Movimiento social
Redacción Nacionales
“Estamos aquí como parte de las organizaciones de la sociedad civil preocupados por los graves acontecimientos que estamos viviendo, que hemos tenido en los últimos años”, dijo María Inés Dávila, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, al hacer la evaluación del primer año, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
Representantes de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, dieron a conocer el “Balance sobre la Situación de Derechos Humanos en El Salvador” en el “primer año de inconstitucionalidad de la administración Bukele”, en la que está presente una “crisis política”, que tiene como origen las destituciones arbitrarias de los: magistrados de la Sala de lo Constitucional (CSJ) y el Fiscal General de la República, a fin de controlar en su totalidad al “órgano judicial”.
“Queremos denunciar el deterioro de las instituciones, en donde realmente ha habido un desfinanciamiento de las políticas sociales, y que culmina con una legislación orientada a quitarle esos recursos financieros (cooperantes) a las comunidades, que les ha permitido hacer posible la transformación de sus comunidades para su población”, afirmó.
“Hay una intención de controlar la organización en los territorios, en donde tenemos vasta experiencia y hay una intención de criminalizar la organización popular y lo denunciamos. Porque después de todos estos años que el gobierno ha desfinanciado las políticas públicas en áreas de salud, educación, ambiente y producción agropecuaria, pretende el gobierno incidir aún más en el retroceso de las condiciones de vida de estas comunidades”, sostuvo Dávila.
Organizaciones sociales y cooperantes transforman comunidades
En cuanto al trabajo de cientos de organizaciones comunitarias y territoriales, que han acumulado una amplia experiencia, Dávila no duda en reconocer que se debe también a la ayuda de los cooperantes extranjeros.
“Esto ha sido con el apoyo de otros países, ese apoyo solidario que les ha permitido a las comunidades desarrollar sus territorios, han hecho también estas acciones del ejercicio de defensa de sus derechos en el marco que nos norma en este país. En ningún momento ha sido fuera de la Constitución de la República, porque este marco legal reconoce la actividad de esta organización social”, acotó Dávila.
Dávila reiteró que está contemplado en el Código Municipal la participación de la ciudadanía en estos procesos de desarrollo local, el involucramiento de la población, a fin de resolver las problemáticas que afectan a las comunidades.
“Esto ha desarrollado una amplia experiencia de las comunidades y de hecho se tienen muchas vivencias exitosas como la recuperación de ecosistemas, en temas del mejoramiento de condiciones de vida, de vivienda, de salud y educación, así como procesos de soberanía y seguridad alimentaria”, expresó.
“Y estos procesos no se hubieran podido desarrollar si las organizaciones del territorio no hubieran asumido la responsabilidad que durante años el Estado no ha llevado a cabo. Y en particular estos últimos años donde el gobierno no ha respondido a las necesidades ni ha hecho posible el respeto a los derechos de la población”, argumentó Dávila.
Gobierno con instituciones cooptadas y sin financiamiento
Dávila también denunció el “deterioro» de las instituciones, que tiene a la base el desfinanciamiento de las políticas sociales, a la que suma la nueva legislación orientada a quitar recursos de los cooperantes a las comunidades, lo que vendrá a limitar procesos de trabajo colectivo que busca transformar comunidades y fortalecer el bien común de su población.
“Demandamos el funcionamiento de las instituciones y las normas que ya tenemos en el país. No necesitamos más legislación, lo que necesitamos es que funcionen las instituciones que tienen la competencia de verificar que hacen las organizaciones”, señaló.
Las organizaciones sociales no solo informan al gobierno, sino también a las organizaciones cooperantes en el exterior, sobre lo que se está haciendo y qué beneficios se llevan a los territorios. Lo que falta es el funcionamiento de la Corte de Cuentas, la independencia de la institucionalidad, la efectividad del Instituto de Acceso a la Información Pública, y dejar de resguarda información pública”, acotó Dávila.
Reprueban al gobierno en salud y educación
Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, calificó con “reprobado” el primer año del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, al señalar que dos rubros tan sensibles como educación y salud de vital importancia para la población en situación vulnerable están continuamente siendo desfinanciados y debilitados en su cobertura nacional.
“Desde el momento que en el presente año se reducen los presupuestos para salud y educación, y comienza el desmantelamiento de ambos rubros, la población está viviendo en crisis”, afirmó.
“En el caso de salud hemos observado el cierre de ECOS Familiares, en donde se da especial atención médica a la zona rural del país. Una población que tiene difícil acceso a los servicios de salud ha sido vulnerada en su derecho de acceso a la salud», reiteró Navarrete.
En cuanto al Seguro Social (ISSS), manifestó que el deterioro es palpable con el cierre desde el año pasado de clínicas comunales. Así como la fuga de especialistas en todo el Sistema de Salud Pública, que según las denuncias del personal de salud fue por el acoso al personal y los bajos salarios.
Sobre la construcción de los hospitales, la lideresa sindical manifestó que el gobierno incumplió la promesa de una mejor atención en especialidades. Como la construcción del nuevo edificio para el Hospital Rosales, que por ser de Tercer Nivel (especialidades), ampliará su atención a la mayoría de la población que no está en el sistema del ISSS.
“Las promesas en referencia a la construcción de nuevos hospitales, especialmente el Hospital Rosales, que todos sabemos el proceso que ha llevado y, se conoce que el nuevo edificio no servirá para dar consulta a los pacientes, sino que será utilizado para oficinas administrativas”, aseguró Navarrete.
Gobierno intolerante apoyado en un régimen de excepción
Para Salomón Alfaro, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), el discurso presidencial del domingo 1 de junio tuvo como objetivo general mandar un mensaje de “intolerancia al movimiento social y periodistas”, así como, reiterar que el régimen de excepción seguirá vigente este año.
“En su discurso del primer año de su segundo período como presidente inconstitucional de El Salvador, el presidente Bukele mencionó dos objetivos, el primero: resaltar las políticas de seguridad del gobierno, es decir, que el régimen de excepción va a seguir este año en vigencia”, resaltó.
“Y el segundo objetivo fue la reprimenda y la represión que este gobierno le estará dando a la prensa libre. Su discurso presidencial estuvo cargado de amenazas a los periodistas que dicen la verdad, entonces, podemos intuir toda esa represión que se viene para todo este año y el que viene”, consideró Alfaro.
Del mismo modo, en el análisis de estos 6 años del gobierno del presidente Bukele, consideró que se ha caracterizado por la intolerancia frente al movimiento social y organizaciones populares. Y que por tener un aspecto «egocéntrico» ha generado dificultades para el establecimiento de un diálogo entre el Estado y la población como lo reconoce la Constitución de la República.
“Esas ansias de poder, la corrupción, la disminución y desmantelamiento del Estado de Derecho, los pactos con las pandillas, el incremento de la pobreza, la criminalización y persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos, de sindicalistas, de líderes comunitarios, los despidos masivos y la existencia de presos políticos marcan la gestión”, señaló.
“Hay una falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, así como el uso del poder político para el enriquecimiento personal. Es por esto que me conmovieron las palabras de Ruth Eleonora López, cuando les dijo a sus captores: ´Tengan Decencia, porque esto alguna vez, se va a terminar´. Y es porque todo lo que sube tiene que bajar”, puntualizó Alfaro.
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