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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
De forma exprés, Nuevas Ideas aprobó la tarde este martes la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30% a las organizaciones no gubernamentales. El objetivo de la Ley, según se lee en el documento es “identificar a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública”.
La propuesta de Ley de Agentes Extranjeros contempla un impuesto del 30 % a cada transacción financiera, desembolso o transferencia provenientes del extranjero, según se lee en artículo 11 de la ley aprobada en menos de dos horas este martes. Ese 30% que serán captados a las oenegés, el Ministerio de Hacienda destinará los fondos para fines de interés público o social.
La ley aplicará a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio salvadoreño realice “actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”.
Las ONG deberán inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros denominado «RAEX», que dependerá del Ministerio de Gobernación. Una de las atribuciones de este registro es suspender o cancelar la personería jurídica o el registro de las organizaciones.
En la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros de 2021, el anteproyecto planteaba excluir a organismos de asistencia humanitaria y lo relacionado a actividades religiosas, de salud, académicas o científicas. Ahora, quedará a criterio del Registro de Agentes Extranjeros.
La Ley en términos básicos, según el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, pretende “transparentar” quien manda dinero desde el exterior, quien lo recibe en El Salvador y para qué se utiliza.
El art. 9 de la ley prohíbe «realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público», lo que en la práctica impedirá incluso acciones como marchas para exigir el respeto a derechos humanos. Algo que le incomoda al Gobierno de Nayib Bukele.
El Art. 20 de la ley permitirá que Bukele cree todos los reglamentos que quiera para aplicarla, incluso definir quién es “agente extranjero”. Sin controles ni límites. En manos del poder, esta ley puede usarse para callar a ONG, prensa y voces críticas.
Claudia Ortiz, diputada por VAMOS, sostuvo que “esta no es una herramienta de un país democrático, es una herramienta de control, de censura y muy característica de los gobiernos autoritarios».
La ley se aprueba en medio de una tensión social luego que el Gobierno ha violentado derechos humanos de la población, donde incluso la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López ha sido capturada.
