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La Ley de Agentes Extranjeros es un intento de limitar el accionar de organizaciones sociales y medios independientes mediante propuestas que buscan imponer impuestos a la cooperación internacional y a las remesas.
Rosario Rivas
@DiarioCoLatino
Hay un incremento en la represión y la criminalización de la protesta social en El Salvador, en un contexto marcado por el fortalecimiento de un régimen autoritario que busca perpetuarse en el poder, es el análisis que hizo Celia Medrano, defensora de Derechos Humanos, durante una entrevista en radio YSUCA.
Estas declaraciones se dan luego de que el presidente Nayib Bukele pronunciara su discurso del primer año de gobierno, en su segundo mandato, y donde dejó claro que prefiere que lo llamen dictador al defender sus políticas, que rendir cuentas claras y transparentes a los salvadoreños.
En la entrevista, Medrano señala que el mandatario evitó referirse a problemas estructurales como la falta de acceso al agua potable, la crisis ambiental y la incapacidad del Estado para brindar respuestas eficaces ante emergencias.
“Es un discurso carente y defensivo”, dijo y agregó que en su intervención, lejos de atender las múltiples denuncias ciudadanas, el gobierno ha optado por profundizar la represión.
La Ley de Agentes Extranjeros, es un intento de limitar el accionar de organizaciones sociales y medios independientes mediante propuestas que buscan imponer impuestos a la cooperación internacional y a las remesas.
Estas medidas apuntan a debilitar económicamente a quienes resultan incómodos al poder, añade, por lo que la denuncia debe ser que El Salvador vive una escalada autoritaria que pone en riesgo la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio ciudadano.
Para Medrano la respuesta a estas acciones del gobierno debe ser la acción colectiva, creando conciencia de la capacidad del pueblo salvadoreño para coordinarse y unirse.
Por lo que esto debe llevar a una seguridad integral, que vele por el respeto a los derechos fundamentales, y su alcance dependerá de hasta dónde la ciudadanía esté dispuesta a permitir que se vulneren sus libertades, añadió.
