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Redacción Nacionales
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El Grupo de Trabajo CLACSO Violencias en Centroamérica manifestó su preocupación ante la escalada autoritaria del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. A más de tres años del Régimen de Excepción, esta medida se ha utilizado como herramienta de persecución política contra el periodismo opositor, dirigentes sociales y defensores de derechos.
Entre los casos más recientes de capturas arbitrarias están de de la abogada Ruth López, Atilio Montalvo, Fidel Zavala y Alejandro Henríquez, cuyos hechos no son aislados, sino parte de una política que criminaliza y encarcela a opositores políticos, luchadores sociales, líderes comunitarios y organizaciones sociales que alzan la voz para denunciar las violaciones de derechos humanos y el despojo de sus medios de vida bajo el Régimen de Excepción.
“Demandamos la inmediata liberación de las personas que han sido encarceladas de manera arbitraria, solo por ser referentes de la lucha y los derechos humanos; el autoritarismo y la persecución política no son el camino para desarmar la violencia y construir la tan anhelada paz para el pueblo salvadoreño”, indicó CLACSO.
Esta persecución política por parte del gobierno se suma la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de la “Ley de Agentes Extranjeros” que penaliza el trabajo y las donaciones recibidas por las organizaciones de la sociedad civil, manifestó.
A criterio de CLACSO, cada día se vuelve más difícil acceder a documentos y cifras oficiales, ya que todo ha sido puesto bajo reserva; además, las familias y personas allegadas a trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil, hoy se encuentran sufriendo persecución gubernamental.
En el caso de la Cooperativa El Bosque, el abogado Alejandro Henríquez y el pastor Ángel Pérez, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento formal en su contra por los supuestos delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva. La audiencia ha sido programada para viernes a las 9:30 a.m. en el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla.
Mientras tanto, Ruth López fue detenida arbitrariamente en su hogar por agentes de la PNC la noche del pasado 18 de mayo, no se le presentaron cargos claros ni le permiten a sus abogados. La captura ocurrió minutos después de la renuncia del comisionado de Derechos Humanos y días antes de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
Durante casi 40 horas permaneció desaparecida, su familia ni los abogados sabían dónde estaba. Cristosal denunció una desaparición forzada de corta duración. El 20 de mayo fue localizada en una celda policial, su madre y esposo logran verla, pero los abogados aún no tienen acceso.
A través de redes sociales la FGR notificó que Ruth será imputada por peculado, debido a hechos que se remontan cuando fue asesora jurídica en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Más de 100 organizaciones, incluyendo WOLA, HRW, CEJIL, Amnistía Internacional y Robert F. Kennedy Foundation han condenado la detención y exigen su liberación inmediata, consideran esa captura como un acto de persecución política bajo un régimen que criminaliza la disidencia.
