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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Por más de 20 años las comunidades han venido luchado por proteger el río Sensunapan y su cuenca. “A esta lucha nos hemos unido y es difícil porque aunque exista una protección de toda la comunidad, no vemos, voluntad del gobierno para que crear una ley que fortalezca esta acción”, dijo Cecilio Alejandro Contreras.
Cecilio Contreras, quien es integrante de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), afirmó que tienen toda la “voluntad” de seguir resistiendo frente a la amenaza a sus modos de vida por la construcción de otra represa en el río Sensunapan. “No hay voluntad política, tenemos una tala de árboles que se -supone- están protegidos por la ley de Medio Ambiente (MARN), pero nos da tristeza comprobar en el territorio que la misma alcaldía es la que realiza esta deforestación grave”, expresó Contreras.
En el municipio de Nahuizalco las comunidades de los cantones de Sisimitep y Pushtan enfrentan un proyecto hidroeléctrico de la empresa Sensunapán, S.A de C.V., que espera el vencimiento de las medidas cautelares, emitidas por la Cámara Ambiental de Santa Ana, como protección al patrimonio biológico y cultural que simboliza este cuerpo de agua.
De obtener el visto bueno la empresa construiría la octava presa denominada Pequeña Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II, de la empresa, que se encuentran suspendidas por orden judicial, producto de la lucha de las comunidades de los Pueblos Indígenas de Nahuizalco.
El río Sensunapan nace en el municipio de Juayúa y termina su recorrido en la playa de Acajutla y El Limón hasta integrarse en el océano Pacífico. El río hace un recorrido de 16 kilómetros, y es conocido también como río Grande de Sonsonate, que bordea y resguarda sitios sagrados del Pueblo Indígena Nahua, así como una riqueza de biodiversidad.
La defensa del río Grande de Sonsonate o Sensunapan la lideran las comunidades de los Pueblos Indígenas de Nahuizalco, y apoyada por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y otras organizaciones ambientales y de defensa de derechos humanos que esperan del órgano Ejecutivo una “Declaratoria de Bien Cultural”, para el Sensunapan y otros sitios sagrados del lugar.
La declatoria de Bien Cultural, estaría a cargo del Ministerio de Cultura, que junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), deben acatar las órdenes de la Cámara Ambiental de Santa Ana, y pronunciarse sobre la protección de este bien natural no solo en su herencia simbólica, sino también en su aspecto biofísico que incluye su caudal y espacio físico.
Alejandro Labrador, técnico territorial de la UNES, lamentó el deterioro de las condiciones en los ecosistemas de las cuencas hidrográficas, las que se reflejan en los diferentes niveles las que son constantemente chequeadas junto a las comunidades.
Estos registros técnicos de la situación de las cuencas también se acompañan de acciones de restauración de las mismas en su parte alta, media y baja y que se extiende en los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate, en donde, trabajan junto a las comunidades.
“Hemos estado trabajando todo el año y solo vemos un reflejo de deterioro y depredación alarmante, y en donde las medidas judiciales y recomendaciones no han sido acatadas o no hay respuestas inmediatas firmes por parte de las Carteras de Estado a las que les corresponde”, afirmó.
La defensa del caudal del río Sensunapan o “la vida del abuelo río”, es considerado por el Pueblo Nahua como una lucha por su “cosmovisión” y herencia ancestral. También, es una reserva natural conocida como la Periquera, en donde habita el “Eupsittula canicularis” (perico frente naranja) que se conoce como “chocoyo”.
Labrador agregó que sumado a la amenaza de represar las aguas para producir energía eléctrica que será vendida a la industria, este río recibe una cantidad alarmante de basura que se acumula en el municipio de Acajutla, y la disminución del caudal de estos afluentes lo que calificó de grave y de urgente atención.
“Solo para el año 2018, el MARN habló, de una disminución de 4 metros aproximadamente del caudal del Sensunapan, y son estas comunidades las que lo están viviendo y experimentando. Pese a los inviernos fuertes y lluvias torrenciales el agua no infiltra sino que inunda y esta situación solo profundiza la vulnerabilidad”, sostuvo Labrador.
En cuanto al bajo caudal frente a un invierno copioso, Labrador insistió en que esta no era una “buena señal” y que la situación de crisis hídrica en el país se debía a un “desequilibrio ambiental” que se encuentra presente en todo el territorio nacional y debe atenderse o serán permanentes los daños o irreversibles.
“Es una situación que poco o nada se puede prever y que las autoridades a nivel nacional y local no lo están abordando de manera adecuada, pues lo hacen sin presupuesto y sin capacidad de prevención”, argumentó.
“Somos testigos que la manera de reaccionar ante fenómenos hidrometereológicos, que es improvisada y lo único que hacen es echar mano de partidas que no están destinada a la gestión de desastres. Y esto solo demuestra que no hay un presupuesto para los territorios vulnerables”, manifestó Labrador.
Asimismo, consideró que mientras no se encuentren respuestas a los diferentes conflictos en la Cuenca del río Sensunapan, ante el monocultivo de la caña de azúcar, la construcción de hidroeléctricas y la disputa por el cambio en el uso del suelo que se realiza de manera desordenada y poco estratégica, el gobierno y grupos económicos de poder solo estaban acelerando la degradación de la cuenca. “No olvidemos que la cuenca del Sensupan es la única declarada con estrés hídrico, y está documentado por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), es un indicador que casi es el doble a la demanda de agua que hay sobre la cuenca del Sensunapan, y su capacidad de oferta hídrica, porque se extrae casi el doble de lo que existe de su caudal poniendo en riesgo los modos de vida de las comunidades”, reiteró.
“Lo que observamos en los territorios y diversas comunidades es la muestra que efectivamente hay un declive la capacidad hidrológica de los ecosistemas que están al límite, pero aún siguen otorgando permisos afectando medios de vida de la población por intereses de grupos de poder económico que intervienen los bosques salados o dulces a costa del agua, suelo y aire”, puntualizó.
