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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En el marco del 180 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la sociedad civil diversas organizaciones sociales y una gremial empresarial presentaron sus informes sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador, la que culminó con la petición de un pronunciamiento y una visita especial de la CIDH al país.
La Audiencia de la CIDH inició con la participación de la sociedad civil organizada para presentar sus observaciones desde las temáticas de Ciudadanía Democrática e Independencia Judicial, que estuvo a cargo de CRISTOSAL, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
En el segundo bloque, relacionado al derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública y defensa a Personas Defensoras de Derechos Humanos, participaron la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos.
La representación por la CIDH la integró la primera vicepresidenta, comisionada Julissa Mantilla Falcón; la relatora país, Margaret May Macaulay; la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana. Además de secretarios y relatores especiales en derechos humanos que integran la CIDH.
La delegación del Estado salvadoreño presentó una excusa por escrito anunciando su no participación a esta audiencia temática, señalando un “desequilibrio de participantes”, pero reiteraron su disposición a colaborar en la protección de los derechos humanos de la población, y adjuntaron su informe oficial de diez páginas.
“Esta convocatoria genera todas las condiciones para la desnaturalización del objeto de la misma. Y para la instrumentalización a través del uso mediático en El Salvador, contrario a reforzar el espíritu de colaboración entre la Comisión (CIDH) y el Estado, lo que se ha visto concretado por El Salvador, entre otros aspectos, y la atención oportuna de otros requerimientos realizados por esta comisión en el marco de peticiones y casos individuales, medidas cautelares, audiencias públicas y solicitudes de información”, cita el texto.
La sesión de la CIDH inició con Zayra Navas, por CRISTOSAL, quien tocó el tema del “deterioro de la institucionalidad democrática e independencia judicial”, cuando reseñó la acción del presidente Nayib Bukele, junto a un dispositivo militar –policial, que irrumpió el recinto de la Asamblea Legislativa, que significó un intento de Golpe de Estado.
Por tales hechos del 9 de febrero de 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente Nayib Bukele, a abstenerse del uso del ejército en actividades contrarias a sus deberes constitucionales y cualquier otra acción que pusiera en riesgo el sistema democrático y la independencia poderes del Estado.
“Progresivamente el Gobierno ha debilitado la independencia de los poderes estatales, tomando el control de estas como la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública, desprestigiando su labor como ha ocurrido con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte de Cuentas de la República”.
En cuanto a la anulación de las garantías y desprotección judicial, agregó que el 1 de mayo la nueva legislatura mayoritaria del partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele, destituyó a los cinco magistrados y fiscal general de la República sin la aplicación de un debido proceso, porque no estaban cerca de concluir el período de sus mandatos y que actualmente, los funcionarios elegidos de facto suplantan a los funcionarios legalmente elegidos.
Daniel Olmedo, en representación de la ANEP, agradeció el espacio e interés de la CIDH, por la situación en el país, y recordó los sucesos del 1o de mayo, que llevó a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la presencia de la Policía Nacional Civil y el ejército en las casas de los exfuncionarios como presión.
“Esto no fue un hecho improvisado el 9 de agosto de 2020, cuando la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que señalaba inconstitucional el régimen de excepción del órgano Ejecutivo y provocar desproporcionadas violaciones masivas a derechos fundamentales. En cadena nacional el presidente Nayib Bukele, refiriéndose a los cinco magistrados, y citó: Si fuera un dictador habría mandado a fusilarlos a todos, salvar mil vidas a cambio de cinco, y si bien no los fusiló, pero ocupó la mayoría parlamentaria de su partido para destituirlos”.
“Sin un tribunal constitucional independiente, ningún salvadoreño tiene garantías de defender sus derechos de manera efectiva mediante amparos, habeas corpus o recursos de inconstitucionalidad. Un país sin justicia constitucional independiente es un riesgo permanente para los empresarios y trabajadores. Si no regresan los legítimos magistrados a sus puestos, mañana será muy difícil que El Salvador, vuelva a ser una democracia. Honorable comisión para que tengan más insumos para sus informes, con todo respeto pedimos que autoricen una visita a El Salvador del relator de personas defensoras de derechos humanos”, solicitó.
Verónica Reyna, por el Servicio Social Pasionista, expresó la preocupación por la seguridad ciudadana, lamentando además la ausencia de la representación del Estado salvadoreño, que calificó como muestra del “poco interés” gubernamental para aclarar el alto deterioro de los derechos humanos en el país.
“La violencia es uno de los principales problemas de la población salvadoreña, que el Gobierno en turno ha optado por políticas que privilegian el uso de la fuerza excesiva, prisión preventiva, el incremento de penas, la militarización de la sociedad y la negociación a veces ilícita con estructuras de pandillas como lo han publicado algunos medios de comunicación en sus investigaciones periodísticas”.
“La reducción de homicidios y diversos delitos, representa un alivio a la población en condiciones de vulnerabilidad, pero la violencia sigue siendo elevada y epidémica y los asesinatos de mujeres han incrementado en un 43 %, y la desaparición de personas en 46 %, comparado al año pasado. Y el Plan Control Territorial que ha sido declarado de información reservada se centraliza en la exaltación militar, más parece publicidad que acciones reales de recuperación del territorio”, indicó Reyna.
En representación de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), Alejandra Burgos expresó que la pandemia por COVID-19 se convirtió en un “escenario propicio” que generó debilitamiento de canales de la participación ciudadana, atacó la institucionalidad democrática y ha permitido el autoritarismo como control social.
“Se justificó restringir las libertades y se negó la defensa de derechos humanos, como una actividad esencial. Esto tuvo un fuerte impacto en las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos, la participación comunitaria, la denuncia y la movilización pública. Al restringir al máximo el papel de las personas defensoras de derechos humanos que realizan diariamente y se identificaron con mayor prevalencia hacia mujeres, con un 47.22 %, por entornos virtuales y por funcionarios públicos”.
Asimismo, señaló que mujeres defensoras fueron más vulnerables en la pandemia, citando porcentajes de una encuesta realizada a 83 defensoras, en donde un 92 %, tuvo que asumir sola el trabajo doméstico, reproductivo y cuidados del grupo familiar; un 77 % no contó con ingresos económicos y el 43 % no tuvo acceso a servicios de salud y el 22 % no contó con agua potable, situación más agravante en la zona rural.
“También han aumentado los riesgos en materia de seguridad digital, pues la mayoría no usa vías seguras para comunicarse. Un informe de la APES, SSPAS y la Red Salvadoreña de Defensoras, dan cuenta que durante la pandemia por COVID-19, en El Salvador, del 100 % de las agresiones, el 69 % de estas fueron contra periodistas y 31 % contra mujeres defensoras. Las agresiones fueron por defender el derecho a la información, la libertad de Prensa e Información. Y por los derechos de la población LGBTI, derechos sexuales y reproductivos y de una vida libre de violencia”, argumentó Burgos.
Wilson Sandoval, por FUNDE, abordó el derecho a la información pública, en la cual resaltó que la institucionalidad está dispuesta para tal fin, en lugar de facilitarlos y se han dedicado a bloquearlos desde una política pública de restricción.
“No son hechos aislados o accidentales, sino acciones u omisiones deliberadas por algunos funcionarios públicos, entre estos, el presidente de la república (Nayib Bukele); comisionados del IAPI, diputados de la Asamblea Legislativa, entre otras autoridades. Estos acontecimientos tuvieron un punto de quiebre el 1 de mayo 2021, cuando las garantías constitucionales fueron fuertemente comprometidas ante la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”.
“El IAPI puede visualizarse como la institución que dejó de su misión principal de fomentar la transparencia y se convirtió en un ente confeccionado a la medida de su entes contralores. Porque el instituto parece regirse por el secreto, la opacidad, parece más ejecutor y no ente contralor de las actuaciones y decisiones del Ejecutivo. Y queremos con todo respeto que autorice una visita del Relator de Libertad de Expresión”, agregó Sandoval.
Y en la última intervención, Miriam Pineda, de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, se enfocó también en los retrocesos en el derecho a la información pública, luego del cambio de los “criterios resolutivos de las instituciones de contraloría”, y el uso desmedido de la reserva de información pública.
“El 16 de noviembre de 2020 la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió que los datos personales de los empleados públicos, particularmente su nombre es información confidencial, por lo que no puede divulgarse su nombre sin su consentimiento. Y, el IAIP, garante del acceso a la información, consideró oportuno adoptar esta interpretación en abril 2021, que ha generado grandes obstáculos para la contraloría ciudadana sobre actos como nepotismo y clientelismo, en un país en donde históricamente las instituciones fiscalizadoras no cumplen su papel de control. Y el uso desmedido de la reserva con el fin de negar el acceso de información invaluable sobre el desempeño de las instituciones públicas, como la pandemia del COVID-19, compra de vacunas y compra y distribución de alimentos”, agregó.
