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Profesores hora-clase y el derecho al trabajo

Carlos Mauricio Hernández
Docente hora-clase

En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa lo siguiente: “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

En El Salvador la figura de la docencia hora-clase ha sido un factor de ganancias para las universidades privadas. En la mayoría de ellas, el pago por cada hora clase es menor a $10. Algunas privadas ofrecen instalaciones para consultas, preparar clases o subir notas. Otras, ni siquiera eso mínimo. La cantidad de estudiantes que se asignan pueden llegar a ser más de cien. Así la ganancia o el reparto de utilidades de las cuotas estudiantiles se convierten en un exitoso negocio para las empresas privadas que se lucran de la educación superior. A eso se suma, que con la figura legal de “hora-clase”, las empresas no pagan ni seguro social ni cuota de pensiones. Solamente se descuenta renta.

El sector profesional que se dedica a este tipo de docencia no es homogéneo.

Algunas personas tienen trabajos formales, con amplias prestaciones. Otras, obtienen del trabajo hora-clase su única fuente de ingresos. Este último conjunto de personas es un indicador de la desvalorización de lo que implica la educación superior como un derecho humano y del aporte que las universidades están obligadas a hacer frente a la sociedad en la que están. Cuando el interés primario no es la formación científica para desarrollar la sociedad sino la obtención de ganancias, no se puede esperar que la calidad educativa esté a la altura de las exigencias sociales.

Por su parte el Estado, desde el Ministerio de Educación, no toma cartas en el asunto para exigir mejoras en el sector privado. El lema “dejar hacer, dejar pasar” resume el papel de este ministerio frente al sector privado universitario. La desprotección social y laboral –por no decir sobreexplotación– del sector más vulnerable de hora-clase tiene consecuencias para el país. Sin las condiciones adecuadas, por más que un docente esté bien formado, la calidad educativa es afectada.

La mejora no solo pasa por aumentar el sueldo, que ya de por sí es sumamente bajo e injusto para lo que implica la formación superior. Pasa por valorar a este sector proporcionándole protección social, tal como menciona el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pasa por obligar desde el Estado a las empresas a crear mecanismo que controlen su obsesión por hacer dinero con la excusa de ofrecer educación universitaria. Pasa por valorar el aporte que hace al país este sector escandalosamente desprotegido, en una sociedad que pretende proporcionar educación de calidad a su ciudadanía.

Mención aparte merece la universidad pública y el trato a sus docentes hora-clase. En pregrado, el pago de hora clase es de $6. Más bajo que el promedio de las privadas. Otra diferencia es que los honorarios se entregan hasta el final del ciclo. Una persona cuyo único trabajo sea por horas en la Universidad de El Salvador (UES), no recibe salario mensual o en tres desembolsos mientras dure el ciclo, como sucede en las privadas. Situación que se ha visto aún más agravada por la emergencia de COVID-19. Los pagos se han atrasado por falta de una adaptación responsable a las circunstancias que ha implicado esta situación. Mientras docentes han respondido a las exigencias, con clases en el ámbito virtual en los tiempos propios de los ciclos escolares, el área administrativa aduce que se han visto “afectados” los tiempos para generar los pagos.

Ser docente hora clase en la UES se ha convertido en plena pandemia en todo un arte de malabarismo para sobrevivir diariamente. Las razones administrativas que se esgrimen puertas adentro, no solo son reflejo de la inadaptabilidad e irresponsabilidad del personal administrativo ante la emergencia por COVID-19, sino de algo más profundo: la desvalorización de lo académico, expresada en la defensa de un mecanismo de pago obsoleto, injusto e inhumano. Impropio de una universidad pública.

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