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Redacción Nacional
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Organizaciones que conforman el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) dieron a conocer un balance del primer año de gobierno inconstitucional de Nayib Bukele, que ha estado marcado por la criminalización de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
“Durante el primer año inconstitucional de gobierno de Nayib Bukele, la población salvadoreña, principalmente la que históricamente ha sido vulnerada, excluida y estigmatizada, enfrenta condiciones de salud, educación, vivienda, agricultura, alimentación y vida cada vez más deterioradas”, enfatizó Héctor Rodríguez, representante del MCDT.
Rodríguez señaló que el gobierno de Bukele ha gobernado de manera autoritaria implementando una política de miedo y terror en la población salvadoreña, a través del Régimen de Excepción y la militarización de la sociedad.
Rodríguez afirmó que en este período la familia de Bukele y allegados han concentrado más poder, riqueza y recursos, violentando el marco constitucional, imponiendo el Régimen de Excepción, controlando las instituciones del Estado y despilfarrando los recursos para financiar su aparato comunicacional propagandístico.
Valentina Fabián Portillo, representante de las juventudes en el MCDT, dijo que el gobierno de Nayib Bukele profundiza y precariza la vida de la infancia, adolescencia y juventud, la violencia y discriminación vivida por la aplicación de la política más represiva y lesiva como es el Régimen de Excepción condena al miedo y la miseria en todo el desarrollo integral.
Rodríguez dijo que durante los años de aplicación del Régimen de Excepción se han capturado aproximadamente 100 mil personas, de estas 414 personas han muerto en los centros penales bajo la custodia del Estado, además, han dejado en abandono a centenares de niños y niñas porque sus padres y madres han sido encarcelados.
“Estas medidas represivas suponen un peso enorme para la juventud y familias empobrecidas, especialmente porque se ha ejercido la violencia sistemática contra las personas de las disidencias sexuales y genéricas. El gobierno de Nayib Bukele no garantiza los derechos fundamentales para las juventudes, tales como educación y salud pública integral, vivienda, deporte, recreación y empleo digno”, afirmó.
Entre tanto, Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud (FNS), recalcó que este primer año del segundo gobierno de Bukele también las mujeres han sido impactadas, principalmente con los recortes presupuestarios a las instituciones garantes de los derechos de este sector de la población, específicamente el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que es uno de los más afectados a pesar de ser la entidad rectora para la implementación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.
“También existe una reducción de programas específicamente que tienen que ver con la salud sexual y productiva, educación integral de la sexualidad y también todos aquellos programas relacionados con la atención para mujeres víctimas de violencia. Hay un recorte en las unidades especializadas para la atención de víctimas de violencia, tanto en la PNC, como en la Fiscalía, en las alcaldías y otras dependencias del Estado”, sostuvo.
Asimismo, manifestó que estas políticas ponen en detrimento los servicios brindados, principalmente aquellos servicios de auxilio y acogida hacia las mujeres; en este último año se han registrado 11 feminicidios, sin embargo, la política represiva del Régimen de Excepción no sigue o persigue a los feminicidas en el país, además, en los centros penales hay cinco mujeres fallecidas bajo custodia del Estado, quienes no fueron vencidas en juicio.
A criterio de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud (SITRASALUD), Silvia Navarrete, el gobierno de Nayib Bukele no ha cumplido con las promesas en materia de salud; la construcción de nuevos hospitales en Chalatenango, Ahuachapán, Atiquizaya y La Unión, lejos de gestionar nuevas infraestructuras hospitalarias, no ha podido ni construir el nuevo hospital Rosales, cuyo préstamo por 170 millones de dólares fue aprobado un año antes de su llegada al poder en el año 2019.
Expresó que unidades de salud y hospitales no cuentan con medicamentos e insumos para la atención de enfermedades no transmisibles, como medicamentos y tratamientos para diabetes, hipertensión, epilepsia y colesterol alto, entre otras; a la fecha se han cerrado más de 50 Equipos Comunitarios de Salud y despedidos más de 3,500 trabajadores esenciales de salud.
“En el Seguro Social han renunciado 250 especialistas debido al acoso, carga laboral y la falta de medicamentos e insumos para garantizar la atención de calidad, siendo afectada por esta situación más de 100 mil derechohabientes en el Seguro Social y 300 mil en el sistema público”, agregó Navarrete.
El MDCT recalcó que ninguna política ambiental implementada por el actual gobierno ha sido en función de superar la crisis climática en el país, contrario a ello, se ha despojado de la tierra a diferentes comunidades para implementar proyectos que destruyen los eco sistemas e incrementan con mayor celeridad la vulnerabilidad del territorio.
El gobierno ha agilizado y flexibilizado los procesos administrativos que permiten otorgar permisos ambientales para la implementación de proyectos de «desarrollo» a las grandes empresas, sobre todo, en materia urbanística y recreación.
A la fecha, el gobierno no ha presentado un plan que permita enfrentar la crisis climática y el estrés hídrico y las condiciones de acceso al saneamiento.
Se profundiza la amenaza de la vida, con una apuesta extractiva que se enfoca en la minería y por las condiciones del territorio es inviable desde cualquier enfoque.
