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La Asamblea Legislativa aprobó, en la víspera de la Navidad, el Presupuesto General de la Nación, así como una serie de leyes para su financiamiento. El Presupuesto para 2021 es mayor en mil millones de dólares con respecto al de 2020, lo que sería lógico si la situación económica del país estuviera en sus mejores momentos, pero no, la pandemia ha dejado al país en recesión, lo que implica que si las cosas se hacen bien, el 2021, al menos en los dos primeros trimestres, serviría para comenzar a recuperar la economía.
Claro, para recuperar la economía post-pandemia debería obligar al Gobierno a proponer un pacto de nación con todos los sectores del país, incluidos los trabajadores tanto privados como públicos, pues se requiere que todos trabajen por un mismo objetivo. Sin embargo, con el presidente Nayib Bukele es imposible hablar de pacto de nación, porque su lógica es otra. Por un lado, su apuesta es utilizar la crisis para responsabilizar a los otros de lo que no se pueda hacer, aprovechándose del apoyo popular y el adormecimiento de la gente. Y de paso, esto le sirve para empoderar a su partido, Nueva Ideas, para que saque la mayor cantidad de diputados el 28 de febrero. Pues, la pandemia le ha servido al presidente también para buscar o garantizar un buen resultado electoral.
Volviendo al tema del presupuesto aprobado la víspera de la Navidad, este refleja un 16 % de incremento en 2021 con respecto al vigente. Los presupuestos -se supone- se elaboran con respecto a la realidad económica del país, pues el presupuesto, mayoritariamente, debe financiarse de los impuestos que la ciudadanía paga, de los impuestos de las empresas, es decir, de lo que produce la actividad económica.
Y si la actividad económica cayó producto de la pandemia, significa que en 2021 iniciaría un proceso de recuperación, de ahí que el presupuesto debería ser igual o inferior al año que está por terminar. Recordemos que, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, la economía cayó este año -10 %. Por lo tanto, en los primeros seis meses del próximo año el país debe intentar revertir ese menos diez por ciento.
La otra parte para cubrir los presupuestos, sin lugar a duda, son los préstamos internacionales, pero recordemos que el país ha sobrepasado el 90 % del PIB en su deuda externa, lo que significa que le costará obtener préstamos en los organismos multilaterales y, si los obtiene, serán más caros que hasta ahora. Es decir, pagar más en concepto de interés.
Solo el hecho de retrasar los salarios en dos ocasiones a los empleados de los órganos legislativo y judicial es una señal que el presupuesto general de la nación no debería ser superior al actual, pues si ha habido atrasos con un presupuesto menor en mil millones de dólares, el otro año no solo podrían retrasarse los salarios en el legislativo y judicial, sino también en algunos ministerios del Ejecutivo.
Pero también hay que decir que la aprobación del presupuesto, antes de que concluya el año y a pesar de lo arriba expresado, es un aspecto positivo. Sobre todo porque la Asamblea Legislativa aprobó otras leyes para equilibrar los $7,453.5 millones del presupuesto, por eso es que aprobó ocho dictámenes para el financiamiento de dicho presupuesto. Independientemente de que sea un presupuesto no acorde con la realidad económica del país, al fin y al cabo, si los ingresos no son los esperados, en el camino el Ejecutivo dejará de atender ciertas obligaciones, tal como lo ha hecho en el presente año al negarse a entregar el FODES a las alcaldías o los beneficios a los excombatientes, o el FOMILENIO II. Aunque a decir de la oposición, estos incumplimientos no han sido por falta de fondos como lo asegura el Ejecutivo, sino por capricho del Presidente Bukele, para debilitar a los actuales alcaldes y garantizar que se potencien los candidatos de Nuevas Ideas y hacerse de los gobiernos locales.
Entre las fuentes de financiamiento aprobadas por la Asamblea Legislativa está la reforma al Decreto Legislativo 608, que contiene la aprobación de deuda por dos mil millones para enfrentar la pandemia COVID-19 y sus efectos, es decir, que de los $1,341 millones restantes de los préstamos de los 2,000 millones, se retomarán $629 millones para completar las reorientaciones asignadas en el presupuesto 2021.
Estas asignaciones son $51 millones de aumento a la Corte Suprema de Justicia para cumplir con el 6 % que le corresponde, según la Constitución de la República. $100 millones para el Fondo de Desarrollo Económico y Social de las 262 alcaldías del país, en cumplimiento de la Ley del FODES. $20 millones para la Universidad de El Salvador. $5 millones más para el Tribunal Supremo Electoral para medidas de bioseguridad contra la COVID-19 en elecciones, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas de la República. $7 millones a la Fiscalía General de la República para su actuación como fiscal electoral en las elecciones del próximo año.
Además, medio millón de dólares al Tribunal de Ética Gubernamental. $10 millones al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y, por último, $60 millones al Ministerio de Gobernación, para transferir al Instituto de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes. Estas asignaciones no han sido aceptadas por el presidente, por lo que se espera un rechazo desde el Ejecutivo a la Ley del Presupuesto General de la Nación, por primera vez en la historia, lo que confirmaría que en El Salvador predomina la lógica de lo absurdo, una de las principales características de la literatura surrealista, que es el espejo de lo que pasa en El Salvador.
