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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
“Este presidente (Nayib Bukele) desde que se formó como político, que inició su proceso desde hace varios años, se caracteriza por haber desarrollado todo un tema publicitario. Vive en una campaña publicitaria y su mandato presidencial está rodeado de esa campaña publicitaria”, dijo la abogada Zayra Navas, de Cristosal.
La reacción de la abogada se da en el contexto de la ausencia del Estado salvadoreño en la “Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ sobre el estado de los derechos humanos y el Estado de Excepción en El Salvador, que fue convocada por solicitud de 13 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Navas, agregó que este manejo de la toma de decisiones del actual gobierno lejos de buscar soluciones para la población, sus funcionarios se enmarca en orientar la presentación del mandatario a “nivel publicitario”, lo que deriva de haber estudiado ampliamente lo que la población desea y un tema sensible es la violencia que vive desde hace varios años y que como los otros gobiernos han responsabilizado a las pandillas.
“Todos han utilizado el mismo discurso, solo que este gobierno tiene una estrategia publicitaria que acompaña el populismo punitivo, entonces, la aceptación del presidente tiene que ver con esa imagen que han creado en los medios de comunicación, que lo presentan permanentemente como una persona que resuelve todo lo que nunca se resolvió antes. Es toda una narrativa de lo malo que fue y El Salvador que tenemos ahora”, explicó Navas.
Sobre el “populismo punitivo”, la profesora Michelle Bonner, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la University of Victoria, Columbia Británica, Canadá, ha señalado que el “populismo punitivo se refiere al uso que hacen los líderes políticos de la retórica y las políticas de mano dura contra el delito para ganar elecciones y apoyo popular. Y tres tipos claves de populismo punitivo son: autoritario, conflictivo y responsable. “Este es un tema de publicidad pura, de haber analizado el sentir de la población salvadoreña. La población salvadoreña recibe impactos fuertes y si le dicen que ya no hay muertos y con muy pocos medios de comunicación que cubren realmente lo que ocurre en el país, eso también juega un papel importante en este tema”, subrayó Navas.
Xenia Hernández, de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), ante la decisión del Estado salvadoreño de no presentarse ante la Audiencia de la CIDH, señala que este dejó sin explicaciones no solo al organismo interamericano, sino también, a la sociedad y, a las víctimas del Estado de Excepción.
“Esta ausencia representa un desinterés por rendir cuentas, por asumir su responsabilidad ante el escrutinio internacional y le acerca, cada día más, a las prácticas que ejercen otros gobiernos autoritarios en la región latinoamericana”, expresó.
De igual forma, retomó la valoración que hiciera en su momento el comisionado Joel Hernández, ante la ausencia del Estado salvadoreño en la Audiencia Temática de la CIDH, al interpretar las declaraciones que dio el pasado jueves 23 de junio.
“Es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional”, cita de las declaraciones del comisionado Hernández.
Asimismo, Xenia Hérnández, de la DTJ, señaló que la CIDH no es el único organismo internacional de derechos humanos que ha expresado su preocupación sobre el “deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador”.
“¿Qué implica que El Salvador no compareciera a esta Audiencia de la Comisión Interamericana?, es algo relativamente nuevo, porque El Salvador no ha comparecido en tres oportunidades -siendo dos en la administración Bukele”, señaló, Melissa Guerrero, de Amnistía Internacional, lo que calificó de “delicado” porque estos espacios son la única herramienta con la que cuentan las víctimas de graves violaciones a derecho humanos para obtener respuestas de sus gobernantes.
El Salvador, al ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha comprometido a cumplir con la Convención Americana, además de cooperar y respetar el mandato de la Comisión Interamericana, que es el órgano principal que vela por el cumplimiento de este instrumento internacional, señalaron.
“La sociedad no sabe qué medidas están siendo implementadas para garantizar derechos en este Estado de Excepción, a la fecha no hay respuestas a nivel nacional ni interamericano. Nuestro llamado como organizaciones es a la Comunidad Internacional, que los Estados y las agencias de cooperación redoblen sus esfuerzos ante la situación de derechos humanos que vive El Salvador y se mantenga vigilante”, reafirmó Guerrero.
No obstante, las organizaciones de derechos humanos, reconocieron la “imagen de popularidad” que rodea al presidente Nayib Bukele, brindándole apoyo a cierto tipo de medidas que permite que les restrinjen sus derechos humanos y reformas legislativas que violentan la Constitución de la República.
Para Héctor Carrillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD, el trabajo del gobierno ha sido enfocado en “hacer pensar a las personas que están seguras” en medio del régimen de excepción, sin resolver problemas estructurales que deben tratarse a mediano y largo plazo y que no está relacionado solo con las capturas e internamiento de las personas.
“Esto no va a resolver el problema este ha venido creciendo son medidas que ya se han hecho -pero sin la publicidad de ahora- entre 2019 a noviembre 2021 se dieron más de 99 mil capturas de personas en flagrancia (60%), estas capturas masivas ya se han dado y no han resuelto el problema”, indicó. “Y en este gobierno estamos viendo una profundización de ese uso arbitrario, ya no hay manera de evitar arbitrariedades de cualquier funcionario público. Y cuando el Estado no asiste a Audiencias de este tipo, el mensaje para la población es claro: no hay nadie que controle el gobierno. Y en este momento pueden tocar a cualquier ciudadano como ya sucedió con los privados de libertad y derechos elementales como sus vínculos familiares, pérdida de su trabajo, su salud, su vida porque son 52 personas que han fallecido, ¿Quién responde?, cuando un Estado no asiste a una Audiencia de este tipo la respuesta es que, -no le da cuentas a nadie-”, sentenció Carrillo.
Asimismo, las organizaciones de derechos humanos, reiteraron, que seguirán acompañando y estarán al lado de las víctimas de la violencia social y del Estado, con gestos de solidaridad y respeto a su dolor y con la intención permanente de apoyarlos en sus luchas por la justicia y exigiendo una respuesta del Estado.
