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El alto costo de alimentos y servicios básicos impactan considerablemente a las grandes mayorías de la población que ganan el salario mínimo o menos. Foto Diario Co Latino/ Archivo.

Políticas de gobierno impactan la seguridad alimentaria

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Los representantes de las 22 organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria se pronunciaron ante el alto costo de los  alimentos y servicios básicos que impactan considerablemente a las grandes mayorías de la población que ganan el salario mínimo o se mantienen en un empleo informal.

Adela Bonilla afirmó que OXFAM ha señalado que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se ha visto deteriorado a causa del COVID-19, y señalan que estos 10 hombres poseen más riqueza que 3,100 millones de personas pobres.

“La CEPAL estimó que el 30.7% de la población salvadoreña vive en pobreza, de los cuales un 8.3% se encuentra en condiciones extremas. Y que las mujeres entre los 25 a 59 años de edad muestran tasas de pobreza más altas que los hombres en el mismo rango de edad”, sostuvo.

Sobre el incremento del costo de la vida, Bonilla agregó que la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) estima que en El Salvador, alrededor de 900 mil personas estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda en el período previo al de -hambre estacional- (marzo-mayo 2022)”.

Adalberto Blanco indicó que existen dos grandes factores que inciden en el incremento del costos de la Canasta Básica, uno es externo y otro interno. Sobre el primero señaló que la inflación ha marcado a muchos países en el planeta, pero que esta afectación es distinta de un país a otro, incluyendo la región centroamericana.

“Se dice que Panamá, por tener su economía dolarizada, podemos comparar el desempeño y Panamá ha tenido una inflación que no supera el 2% al final del año pasado, mientras El Salvador llegó hasta el 6.11% al finalizar el año 2021, es decir, El Salvador no está aplicando política pública adecuadas”, subrayó. “Internamente el Estado está ausente del sector agropecuario, no hay apoyo directo al campesinado y se eliminaron muchos programas de agricultura familiar y no han sido sustituidos por otros. No hay control de precios, ni especulación nacional y parece ser que se prioriza la importación de alimentos antes que la producción nacional y eso desmejora y desmotiva la producción local”, reafirmó Blanco.

La Mesa por la Soberanía Alimentaria reitera que el Estado debe aplicar medidas para atender los niveles de inflación que golpean la economía de la población con menores recursos económicos, y rechazaron la forma “irresponsable” del endeudamiento del gobierno que crece de manera continúa que culminará en “más endeudamiento fiscal”, lo que repercutirá en menores acciones y atención en los territorios y el claro ejemplo son el inexistente trabajo de las alcaldías en sus municipios.

“Esto provocará un aumento en tasas e impuestos municipales a la poblaciones más vulnerables, como vendedoras del mercado, tortillerías, cooperativas. Y, por tanto, los costos están siendo trasladados a los consumidores finales y sus efectos en la práctica del déficit fiscal”, indicó Blanco.

En cuanto al papel de la Defensoría del Consumidor, Krissia Romero explicó que si bien se han visto noticias de delegados de la institución hacer controles sobre precios de productos de primera necesidad, esta ha sido ante las protestas y denuncias de la población a través de las redes sociales.

“Realmente, las acciones que han hecho la Defensoría del Consumidor no han logrado evitar lo que a especulación de precios o el acaparamiento de algunos productos siga en ascenso o pare definitivamente. Lo que vulnera los derechos de las familias salvadoreñas”, indicó.

Para Zulma Larín el rápido aumento de los costos y el debilitamiento de la institucionalidad del actual gobierno ha permitido una “inoperancia general” que deja en desamparo a la población vulnerable.

“La población debe comprender que para resolver estos problemas tiene que haber mucha organización y movilización social, y en ese sentido llamamos a la población a organizarnos y hacer nuestras denuncias, y no llorar en nuestros hogares en donde la pobreza impacta en su situación de carencia de alimentos”, manifestó. “Y como este gobierno su política es bajarle capacidad a las instituciones y esto ha sido desde el inicio de este gobierno que hay un deterioro, cada día que pasa se debilita la institucionalidad que había sido creada a partir de los Acuerdos de Paz, y que veníamos impulsando para tener un Estado, que trabajara con sus instituciones y en cambio ahora, es una gestión que ha hecho de los funcionarios públicos ser adornos”, acotó Larín.

Teresa Hernández consideró que eliminar el impuesto del IVA a los productos de la Canasta Básica sería una buena medida ante la situación en que se encuentra la economía de la gente más vulnerable. Así como un control más estricto a la especulación y una regulación permanente.

“Se debe crear con plena participación de agricultores y agricultoras la reserva estratégica de alimentos para garantizar precios, tanto para las personas productoras como para la población en general”, afirmó.

“Retomar la propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, propuesta por este espacio colectivo -por ahora se encuentra archivada. por más de 13 años en a Asamblea Legislativa- así como ratificar la reforma constitucional que garantice el derecho humano al agua y la alimentación”, pidió Hernández.

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