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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
La directora Regional de la Fundación Cristosal, Celia Medrano dijo este lunes que espera que el presidente de la República, Nayib Bukele, no observe ni vete la nueva Ley Especial para la Protección Integral de Personas en Desplazamiento Forzado, que ayudará a resolverles situaciones complicadas a pobladores que han sido obligados a salir de sus hogares por violencia de pandillas y convertirse en desplazados internos.
“Consideramos que el presidente Nayib Bukele no debería de retrasarla observándola, mucho menos vetándola. Creemos, más bien, que desde la Presidencia de la República se puede ejercer liderazgo”, manifestó Medrano, tras advertir que vetarla sería una decisión política errónea.
No se ha definido de dónde se sacarán los fondos para el funcionamiento de la nueva normativa; no obstante, hay mucha alternativas -según plantea la representante de Cristosal- por lo cual el tema de los fondos no será motivo para no aprobar la nueva ley.
Medrano aseguró que, si bien es cierto han bajado los homicidio en el país, las extorsiones han ido en aumento y los grupos relacionados con crimen organizado siguen en los lugares y se continúa sacando gente de sus viviendas.
“Lo cierto es que los grupos, por lo menos relacionados con pandillas y grupos organizados, mantienen el control del territorio; han bajado los homicidios, pero han subido las extorsiones, y las comunidades son claras en plantear: aquí están. No han perdido el control de los territorios, entonces estamos hablando de una relativa paz”, recalcó.
El alza de extorsiones debería llamar la atención para aplicar adecuadas políticas públicas y los desplazamiento forzado; “nos obliga a generar una interrelación entre políticas de desarrollo, entre políticas de cultura de paz, entre una adecuada política de disuasión de la migración, de disuasión de la violencia a partir de acciones conjuntas de diferentes instancias del Estado”, dijo la activista.
Medrano también aclaró que la baja de homicidios no se ha dado necesariamente donde se ha implementado el plan Control Territorial; esta baja es en todo el país y se ha dado aun en aquellos municipios donde no se ha puesto en marcha el plan gubernamental, aseguró.
Ante esta situación, Medrano, quien participó en una entrevista televisiva considera que la disminución de los homicidios puede estarse dando por una decisión de las mismas pandillas de disminuir los asesinatos entre ellos. “Pero si el número de extorsiones está subiendo y la gente nos está diciendo que incluso el accionar se fortalece, estamos partiendo de un análisis equivocado”, advirtió.
Según ella, “no se debería de considerar que la militarización y la presencia de policías y militares en municipios específicos, bajo el plan Control Territorial, es automáticamente la razón de la disminución de homicidios”.
Medrano dijo que de mucha gente que va en las caravanas hacia Estados Unidos, al investigar un poco sobre las razones que lo hicieron quedarse sin empleo, se descubre que muchos fueron extorsionados, sacados de sus viviendas por grupos del crimen organizado y hoy, al no contar con la ayuda necesaria, no tienen otra salida que emigrar; “desde ese punto de vista este no sería un migrante económico”. Explicó que desde ya, a pesar de no tener la ley vigente, una persona desplazada interna por violencia, o a punto de serlo, puede ya acercarse a la Dirección de Atención a Víctimas, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, porque ya incluyeron en su mandato la atención a personas desplazadas por violencia.
“La oficina ya existe y tiene por mandato atender a cualquier víctima de cualquier hecho delictivo, no solo la migración forzada; es una oficina para personas que sufren cualquier tipo de vulneración y, además, tiene atención local”, sostuvo el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, también presente en la entrevista, y añadió que estas son para atender a la víctima, independientemente de otra instancia.
Según Medrano, las mismas comunidades lo dicen; además, recientemente el mismo fiscal general de la República ha citado que el aumento de extorsiones es una realidad en el país, argumentó la directora regional de Cristosal, cuando fueron cuestionados sus datos por el entrevistador.
