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Saúl Méndez
Colaborador
Centros Judiciales informó que René Antonio Pimentel Aristondo fue condenado a 50 años de prisión por el delito de feminicidio agravado, cometido el 26 de febrero de 2024 en Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
Según la entidad de justicia, el condenado se aprovechó del vínculo familiar que mantenía con la víctima para quitarle la vida.
Las investigaciones establecen que el imputado habría actuado motivado por el interés en los bienes de su tía política, una mujer de 79 años. Pimentel pretendía apoderarse del dinero que la víctima mantenía en sus cuentas bancarias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana.
Durante la vista pública se determinó que el hechor fue quien alertó a las autoridades policiales y a familiares sobre el hallazgo del cuerpo sin vida dentro de la vivienda de la víctima, ubicada en el distrito de Chalchuapa. El cadáver fue encontrado dentro de una pila y el acusado aseguró a los agentes que se trataba de una muerte accidental por posible ahogamiento.
No obstante, tras las primeras investigaciones, el imputado fue capturado días después del hecho; al momento de su detención se le incautaron libretas de ahorro y otras pertenencias de la víctima.
En el proceso judicial se estableció, mediante autopsia médico-legal, que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación, además de politraumatismos severos en el tórax y el abdomen.
De acuerdo con la investigación, el ahora condenado habría generado un vínculo de cercanía y confianza con su tía tras el fallecimiento del esposo de esta, con el objetivo de acceder a sus bienes económicos, entre ellos un seguro de vida, pensión y cuentas de ahorro.
Las pruebas presentadas durante el juicio confirmaron la autoría del procesado en el crimen.
Feminicidios en 2025
Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), al menos 26 casos de feminicidio fueron registrados en El Salvador en 2025, lo que representa una reducción del 33 % en comparación con el año anterior.
La mitad de los crímenes (13) fue cometida por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que los otros 13 correspondieron a «otros agresores», según estadísticas de Ormusa elaboradas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
De acuerdo con Ormusa, «las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes y adultas; sin embargo, los rangos de edad son diversos, con casos entre los 10 y los 80 años, lo que confirma que la violencia feminicida afecta de manera significativa a las mujeres a lo largo de su vida».
Centros Judiciales también informaron sobre la condena de ocho años de prisión impuesta a un sujeto por agresión sexual contra una menor de edad.
El imputado mantenía una relación cercana con la familia de la víctima, lo que le permitió tener acceso directo a la menor.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla emitió fallo condenatorio de ocho años de cárcel contra Boris Stanley R. G., tras declararlo responsable del delito de agresión sexual en menor e incapaz. Durante la vista pública, la sede judicial valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales, además de imponer responsabilidad civil.
Los hechos ocurrieron en 2024, en la jurisdicción del departamento de La Libertad. Según la investigación, el imputado se aprovechó de su cercanía con el entorno familiar y laboral para quedarse a solas con la víctima, de 12 años, y perpetrar el delito.
Tras dar por acreditados los hechos, el tribunal ordenó que el condenado cumpla la pena en el centro penal que designen las autoridades correspondientes.
La violencia sexual contra las mujeres, a diferencia de la tendencia observada en los homicidios, registra un aumento significativo en El Salvador en los últimos años. En concreto, se reporta un incremento del 28 % al comparar el promedio anual del último quinquenio.
También se observa un aumento del 3.6 % en los casos de violación, considerado el delito más grave dentro de la violencia sexual. Con 2,749 casos registrados entre junio de 2024 y mayo de 2025, este delito ocupa el segundo lugar entre los que la Fiscalía General de la República (FGR) clasifica como de «mayor impacto social», solo por detrás de los robos y hurtos. Las principales víctimas son niñas y adolescentes.
De las denuncias vinculadas a violencia de género, las de carácter sexual son las más numerosas en el país, con un 13.7 % más que la violencia psicológica, que ocupa el segundo lugar. En menor proporción, la Fiscalía también registra denuncias por violencia física y patrimonial.
