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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Un plan de Control Territorial que pase de ser “solo fotografías y discursos en redes sociales”, enfocado en derechos humanos, género y diversidad fue lo que solicitaron diversas organizaciones sociales, ante la situación de la seguridad en el país.
La Colectiva Feminista, la Asociación COMCAVIS Trans, Servicio Social Pasionista y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho son algunas de las organizaciones que pidieron al Ejecutivo abordar el problema de seguridad basándose en la garantía de los derechos fundamentales de los salvadoreños.
“El abordaje de la conflictividad no basta con castigar al culpable, es necesario reparar el daño y garantizar que la violencia sufrida no vuelva a ocurrir (…). No estamos jugando, necesitamos acciones concretas y reales”, manifestó la directora de COMCAVIS Trans, Bianca Rodríguez.
Partiendo “del rechazo al abordaje populista y meramente punitivo” del tema, las organizaciones que conforman la Plataforma por la Seguridad Ciudadana presentaron propuestas para la elaboración de una política pública, a fin de incidir proactivamente en las iniciativas del nuevo gobierno.
La propuesta, entregada a Sandra Ágreda, subdirectora de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública “plasma la prevención de la violencia y delincuencia, atención a las víctimas, además de aportar insumos para una política integral con enfoque de derechos humanos de igualdad y no discriminación”.
“No creemos que el aumento de penas por sí mismo, encarcelación desmedida, el discurso de guerra y la simplificación de la violencia en el paradigma del combate al enemigo sea la respuesta a la complejidad de la criminalidad y violencia que sufre el país (…). El Estado debe orientar sus acciones a la prevención”, expuso Rodríguez.
De acuerdo con la defensora de la comunidad de lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales existen formas distintas de abordar el problema basándose en la garantía de los derechos fundamentales de la población y sea esta la que oriente las acciones del Estado para su desarrollo humano e integral.
