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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Una Ley de Soberanía Alimentaria debe cumplir con aspectos como la plena participación ciudadana, la garantía de los derechos de las
personas consumidoras, la protección, conservación y declaratoria de patrimonio nacional de la biodiversidad del territorio nacional”,
opinó Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, como medidas de fondo para enfrentar la crisis que dejará la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria que aglutina a veintidós organizaciones y redes a nivel social, se pronunció en el marco de las afectaciones que está causando la emergencia sanitaria en la población rural y pueblos indígenas que obtiene menores ingresos económicos y se encargan de hacer producir la tierra.
Blanco agregó que se debe reconocer y proteger el aporte de las mujeres rurales y pueblos indígenas para el cuidado de la vida, así como el apoyo a iniciativas que junto a las organizaciones en favor de crear mercados locales y la creación de reservas estratégicas de alimentos.
Al citar el 4to Informe Mundial de Crisis Alimentaria 2020, Adalberto Blanco explicó que, la región centroamericana antes de la pandemia COVID-19, ya tenían una elevada “inseguridad alimentaria y nutricional”. Que alrededor de 4.4 millones de personas ya se encontraban en condiciones de crisis o emergencia en el 2019, por tanto, en el contexto de la crisis sanitaria se podría duplicar la cantidad de población afectada.
“Por esto hay que garantizar el acceso a tierras de forma equitativa entre campesinos y campesinas, incorporar el Derecho Humano a la Alimentación y finalmente crear un fondo especial para su sostenibilidad basado en cargos a la producción y consumo de comida chatarra”, sugirió.
En cuanto a El Salvador, la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 señaló que alrededor de 126,000 hogares, un 20%
de la población, vive en inseguridad alimentaria y un 64 % se encuentra en riesgo de llegar a esta categoría. Esta situación preocupa a las organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria, porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para este año registra el menor presupuesto en los últimos ocho años.
“Desde la primera propuesta de la Ley de Soberanía Alimentaria (SSAN) presentada a la Asamblea Legislativa en 2008, han pasado doce años y presentado doce propuestas diferentes de Ley SSAN, y de igual forma, han transcurrido ocho años, sin que se reconozca el derecho humano a la alimentación en la Constitución de la República, por la Asamblea Legislativa, como resultado de anteponer los intereses económicos de una
minoría privilegiada que impide que el país cuente con instrumentos de políticas públicas para hacer frente a situaciones que ponen en riesgo
la vida de la población salvadoreña”, sostuvo.
En la denuncia de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, se señala que la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19 ha quedado expuesto que un “país importador de alimentos”, es incapaz de garantizar por propia cuenta el derecho humano a la alimentación de la población, tras considerar que luego de 48 días de cuarentena, ya se están agotando los medios de vida de la población.
“Esto tiene un impacto en los hábitos alimenticios, que obligan a las familias con vulnerabilidad económica, a crear estrategias que van desde la reducción de porciones alimenticias, eliminación de tiempos de comida, priorizando a la niñez, consumo de alimentos poco nutritivos, venta de activos, préstamos a usureros y arriesgarse saliendo de sus casas para obtener alimentos.
Esto nos acerca a una crisis alimentaria nacional, en especial a familias en donde la mujer es jefa de hogar”, acotó.
Asimismo, expuso que el Ejecutivo ha tomado decisiones inconsultas y unilaterales, sin basar las medidas que toma a un estudio riguroso y técnico en la introducción de alimentos sensibles al país, que terminan afectando a productores y productoras en pequeño y la distribución minorista en el territorio nacional, en contraposición de la industria cañera que continúa extrayendo agua de los mantos acuíferos y contaminando el medio ambiente y vulnerando la salud de las comunidades rurales.
