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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Juan, Gerardo Y José, son mis tres hermanos que fueron secuestraron el 29 de diciembre de 1989, por tres personas vestidas de civil y soldados del Destacamento Militar #7, de Ahuachapán. Tengo el expediente de ellos que abrí desde el principio que los buscamos en cuarteles, Policía Nacional Guardia Nacional y penales. Y nadie nos ha dado razón de ellos”, recordó Blanca Gladys Salazar Zaldaña.
El confllicto armado interno en la década de los años ochenta, que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, arrebató la vida de 75 mil salvadoreño, pero arrastra alrededor de 10 mil desaparecidos. De estos los familiares y sobrevivientes, aún esperan del Estado una respuesta de justicia y resarcimiento moral, psicológico y económico.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador, realizó el IV Encuentro de Víctimas del Conflicto Armado Interno, denominado “Las Víctimas de Graves Violaciones a sus Derechos Humanos, demandan del Estado salvadoreño, el Cumplimiento de Derechos, Verdad, Justicia y Reparación”.
El objetivo de la reunión fue estudiar la propuesta de ley de “Reparación y Acceso a la Justicia, que será presentada al pleno legislativo que validarán las víctimas, que deberán ser aprobadas por las víctimas, familiares y sobrevivientes, que demandaron en sus mensajes elementos sustanciales como el acceso a la verdad, la justicia y reparación integral.
Blanca Gladys, alega dos razones de vital importancia para conocer el paradero de sus tres hermanos, quienes eran directivos de la Cooperativa San Cayetano El Rosario, del municipio y departamento de Ahuachapán, primero la verdad para llegar a la justicia y luego la reparación.
“Nosotros hemos sido víctimas por esas desapariciones y porque también, sufrimos atropellos, los cateos a las casas, nos llevaban al cuartel o teníamos que dormir afuera (escondidos), con los niños que teníamos entonces, hemos perdido la esperanza de encontrarlos. Y con esta ley, queremos saber dónde están ellos, como familia pensamos que no importa sino los condenan (autores materiales), y hay testigos del secuestro, pero solo queremos saber dónde los dejaron, somos seres humanos y no pueden hacernos esto, mi mamá tiene 83 años, y aún los llora a ellos”, reafirmó.
Ovidio Mauricio González, coordinador de la Asociación de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, explicó a los asistentes la situación actual del proyecto de ley, que ha sido revisado junto a otras organizaciones en derechos humanos y jurídicas, que cuentan con larga data en el tema de la justicia y reparación, que inició desde la década de los ochenta.
“En el año 2009 se presentó una propuesta de política de reparación a víctimas al gobierno de Mauricio Funes, que consistía en una ruta de paz, educación en derechos humanos hacia las fuerzas militares y policiales y actos conmemorativos. Así como, nombrar un funcionario o subsecretario de derechos humanos, para que cumpliera con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero solo se logró el decreto 204, en el gobierno presidente Salvador Sánchez Cerén, que es la reparación a las víctimas, que consideramos pirríca”, argumentó.
Asimismo, consideró que los legisladores no han dialogado con las víctimas, y mucho menos consultar a las organizaciones en derechos humanos, aclarando que una convocatoria a estos colectivos no es una consulta, per se, al considerar que se debe ahondar en la postura de las víctimas para aplicar de manera integral las líneas de reparación.
“Una de las líneas principales de reparación es el proceso judicial. El acceso a la justicia, porque hasta la misma sentencia sobre la masacre de El Mozote, el proceso juidicial es una reparación, entonces por qué evitar el acceso a esta, por qué negarle eso a las víctimas. En cuanto, a la propuesta de sustituir con labor social la sentencia, pues entonces, a la persona que robó una libra de azúcar allá en Morazán y lo tienen procesado por robo. Les pregunto (a legisladores), que delito es más grave un genocidio o crímenes de lesa humanidad, no podemos esperar medidas de esa índole”, opinó.
Guadalupe Mejía, que trabaja desde la década de los ochenta en el Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos “Marianella Garcái Villas” (CODEFAM), consideró oportuno el estudio y debate de los artículos propuestos en la ley de “Reparación y Acceso a la Justicia y Reparación para las Víctimas”, a partir de las vivencias del pasado y la situación en la que se encuentran actualmente.
“Queremos una ley que contenga justicia, la reparación y lo principal la verdad, para que nos digan qué hicieron con nuestros seres queridos, para que estos hechos no vuelvan a repetirse y esos hechos que vivimos fueron muy crueles para nosotros. Y también luchamos, para que sea reconocido el 30 de agosto, como el día nacional del desaparecido del conflicto armado, son complementos de reparación y eso es, lo que quisiéramos como víctimas”, expresó.
Organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y CEJIL, también se manifestaron. “Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad”, manifestó Fabian Salvioli, Relator Especial de la ONU, en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Por su parte, CEJIL adujo “Frente a la posibiliad de que la nueva iniciativa retome estos objetivos, abiertamente contrarios a las obligaciones internacionales del Estado de El Salvador, solicitamos de manera inmediata a la Asamblea Legislativa que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos con respecto al alcance de las amnistías”.
