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Francisco Martinez, reside en la Comunidad Cuatro Vientos, desde hace 27 años, vive en extrema pobreza y no cuenta con recursos suficientes, para asentarse en otra zona. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana

“No somos usurpadores somos personas con derechos”: Alba Díaz

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Queremos que sepan que no somos usurpadores, somos personas que estamos en este lugar por necesidad, fueron nuestros abuelos quienes vinieron a esta zona, nacieron nuestros padres, y luego nacimos nosotros, son más de tres generaciones y casi llegamos a la cuarta generación”, explicó Alba Díaz, presidenta de la comunidad Cuatro Vientos, en reacción a un posible desalojo.

El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA), con el acompañamiento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se pronunció junto a las familias de la comunidad Cuatro Vientos, para exigir el respeto al debido proceso, la garantía de audiencia y defensa, así como, se analice la pertinencia de la continuidad del proceso, que en este momento incumple los requerimientos de la Ley para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles.

Alba Díaz, presidenta de la Comunidad Cuatro Vientos en el cantón El Zapote, municipio de San Luis La Herradura, La Paz, cdice que el desalojo es una flagrante violación a los derechos de las personas a una vivienda digna. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana

El Boulevard Costa del Sol es una vía colmada de ranchos y hoteles de playa que con el aumento de la oferta turística ha ido reduciendo los “espacios públicos” para llegar a las playas, que se refleja en los estrechos pasajes peatonales o que los propietarios privados van dejando cada vez menos a lo largo de esta zona turística salvadoreña, además de los desalojos de comunidades.

La Comunidad Cuatro Vientos, desde hace 45 años se encuentra establecida en el cantón El Zapote, kilómetro 72 del bulevard Costa del Sol, municipio de San Luis La Herradura, departamento de la Paz, cuyos habitantes denuncian los intentos de un desalojo de 65 personas, de la comunidad, que ha generado temor e incertidumbre entre los comunitarios que suman 190 familias, ante el proceso judicial del que perciben desde las autoridades un “favoritismo” con la entidad demandante.

“La comunidad Cuatro Vientos está conformado por 190 familias, en la cual, tenemos 43 adultos mayores, 70 niñas (0 a 18 años), 56 niños(0-18), mujeres 141 y hombres 115, y somos la población que trabaja en esta zona”, afirmó.

“Aquí, los pobladores van a diversos condominios, hoteles, edificios dedicados al turismo o ranchos privados como meseros, cocineros, vigilantes, hay mujeres que se dedican a sacar conchas para los cocteles y así subsistir, solo queremos que nos respeten nuestros derechos”, explicó Díaz.

La demanda se encuentra en el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, fue presentada en mayo del presente año. Bajo el proceso establecido en la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, decreto legislativo No 23 del año 2009. Fue el Banco Agrícola que vendió a la empresa demandante Quirobel S.A de C.V., a sabiendas de que existía población establecida, explicó Teresa Hernández, abogada de FESPAD.

“Jurídicamente, se da apertura a la demanda y dentro del proceso el siguiente a la demanda es una inspección, – quiero aclarar- que ese decreto legislativo 23 de la Ley para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, tiene un proceso expedito de un desalojo de 12 días para aplicarlo, pero ese paso de la inspección fue el pasado mes de julio de este año”, advirtió.

“Hubo una inspección del Juzgado de Paz, San Luis La Herradura, acompañada por al Policía Nacional Civil y representantes de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, y que no pudo realizarse el desalojo porque la demanda presentaba algunos vacíos y estos han sido permanentes”, argumentó Hernández.

Representantes de la Comunidad, junto al Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVIR), y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) denuncian el procedimiento arbitrario en el desalojo. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana

Entre ellos, han señalado la participación de agentes de la PNC, enmascarados, quienes llegaron a pedir datos personales de la comunidad Cuatro Vientos, ofreciendo ayuda del gobierno para la comunidad.

Asimismo, consideraron que se debe evaluar la “conveniencia” en la continuidad del proceso judicial, al considerar que se incumplieron los requerimientos de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles.

“Vinieron a mi casa como a las 10 u 11 de la mañana, dijeron que eran del gobierno unos muchachos y me preguntaron cuántos años tenía de vivir aquí, les dije que 27 años y luego, me dijeron que me iban a venir a dejar víveres y que estuviéramos pendientes porque íbamos a tener vivienda digna”, comentó Francisco Martínez.

“Le tomaron foto al niño ( quien padece discapacidad motora) eso fue todo hace 4 meses y no han vuelto. Y ahora salen con esto de la demanda, pues la acción que toman los que tienen dinero lo están haciendo mal, porque aquí todos somos pobres, solo agradezco a Dios que tenemos un hogar humilde, pero es nuestro hogar”, sostuvo Martínez.

Este cúmulo de inconsistencias, irregularidades y vacíos en el proceso, consideró William Murcia, abogado de FESPAD, como “una dinámica irregular, maliciosa en la toma de los datos personales de los habitantes de la comunidad Cuatro Vientos” y el desarrollo del proceso judicial.

“Hay un caso en donde han demandado a cuatro miembros de la misma familia, en una comunidad no menor de 185 familias. Y hemos identificado que existe una práctica de ir generando salidas solo de grupos de familias de la totalidad de la comunidad. Esto evidencia menos ruido para no visibilizar el drama que viven las familias cuando viven estos episodios de desalojo” , explicó William Murcia.

Entre otras irregularidades les llama “poderosamente la atención” a los abogados de FESPAD y la Comunidad Cuatro Vientos es que la demanda de desalojo también toca partes del bosque salado (manglar) de la zona, que ningún privado puede tratar de quitarle al Estado salvadoreño.

Sobre la tenencia de la tierra y la seguridad jurídica, Murcia agregó que en el acompañamiento brindado a los habitantes de la comunidad Cuatro Vientos han encontrado que las comunidades asentadas en el boulevard Costa del Sol, e incluso los asentamientos en la isla Tasajera, cuentan algunos con una escritura pero esta no otorga el dominio de la propiedad.

“El título de propiedad es un documento que no es inscribible (en el registro), si bien una familia la posee y que la entregó un notario -pero este se cura en salud- cuando declara que ese documento solo transfiere el uso de la tierra, pero la familia no tiene el dominio del inmueble”, señaló.

“Entre las irregularidades de la demanda contra la comunidad Cuatro Vientos tenemos el caso de una señora que posee sus escrituras y están inscritas legalmente, pero igual ha sido demandada. Aquí es tierra fértil para estafadores que ofrecen servicios jurídicos. Al final, quien debe decretar y marcar jurisprudencia en la tenencia de la tierra es el Estado y sus instancias correspondientes”, agregó Murcia.

Matilde Peña, residente de la comunidad Cuatro Vientos, reiteró que la Asamblea Legislativa debería reconocer el “impacto negativo” que tiene la aplicación de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, que afecta directamente a las poblaciones más vulnerables por lo que pidió su derogación.

“Queremos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de seguimiento al proceso y al respeto de los derechos humanos de las personas habitantes de la comunidad Cuatro Vientos”, indicó.

“Al señor Nayib Bukele, presidente de la república, queremos que brinde atención a las problemáticas reales del país y promueva el derecho a una vivienda adecuada para las familias de la comunidad Cuatro Vientos. Y que el Estado atienda la Observación General #7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a una vivienda adecuada, que prohíbe los desalojos forzosos de esta naturaleza”, puntualizó Peña.

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