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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Vivo en la comunidad de Sisimitepet, y en el Día Internacional de la Mujer Indígena queremos recordarle al Estado salvadoreño y la población en general, que las mujeres indígenas de los pueblos nahua pipiles, existimos”, dijo Sofía Morán, integrante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, Sonsonate.
La declaración de Sofía fue dada en el marco de que diversas organizaciones comunitarias de Pueblos Indígenas se pronunciaron al conmemorar del Día Internacional de la Mujer Indígena, con el acompañamiento de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Las organizaciones reiteraron en su mensaje al gobierno su “responsabilidad por los derechos de los pueblos originarios”.
“Hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia, también hemos sido marginadas y violentadas en nuestros derechos. Entonces, en esta mañana queremos decirles ¡que existimos!, pese a muchos intentos que los diferentes gobiernos han hecho para invisibilizarnos, y algunos incluso, exterminarnos”, reseñó Morán.
“Nuestras abuelas han sido muy valientes por su ejemplo de resistencia, y fueron quienes en momentos difíciles legaron sus saberes, su cultura y, pues, por ellas hemos recibido ese conocimiento, ese legado heredado. Y por esto, demandamos el derecho que tenemos a que se protejan nuestros territorios y específicamente a nuestro abuelo río Sensunapan”, señaló.
La demanda de protección al río Grande de Sonsonate o Sensunapan, agregó Morán, se debe a la decisión de la jueza de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de archivar el caso ante el silencio de las instancias de gobierno para presentar información requerida por este tribunal.
“Hace poco llegaron delegados del Ministerio de Medio Ambiente a hacer una nueva inspección a los lugares que hemos defendido, porque técnica y jurídicamente está probado que este proyecto (represa) es inviable, pero, están buscando la manera de lograr un permiso ambiental, diciendo que no afectará la zona”, indicó.
“Estos técnicos del MARN constataron toda la riqueza vegetal y animal, como la cueva de los pericos que conocemos como -La Periquera-, donde se pretende construir un muro y descubrieron un hábitat de murciélagos, entonces, creemos que es imposible construir en la zona”, acotó Morán.
Para Ariela González, de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, la situación de las mujeres indígenas en diversos territorios en el país es una “enorme deuda a sus derechos humanos”, y, por tanto, sin acceso a la justicia en la lucha que lideran por los bienes naturales y ancestrales que forman parte de su cosmovisión.
“La población indígena y en especial las mujeres nunca conocieron el Plan de Protección para los Sitios Sagrados del río Sensunapan, que fueron identificados y documentados previo por la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Cultura, sólo realizó intermitentes contacto con la población”, reveló.
“La amenaza sigue latente y nos preocupa mucho más cuando vemos esa visión acelerada de la administración pública de aprobar proyectos, la postura de funcionarios como el ministro de medioambiente, que contraría de forma evidente el derecho ambiental como el principio de precautoriedad, que les permite impedir situaciones que vulneren derechos de los pueblos indígenas o ambientales”, explicó González.
El llamado de las comunidades es a las autoridades gubernamentales y locales, responsables de “tutelar los derechos humanos de la población”, “escuchen las voces” de cualquiera de los sectores de la vida nacional y que en este caso era el de las “mujeres indígenas”.
Delmy Hernández, originaria del cantón Pusthan, Nahuizalco, Sonsonate, del Comité Indígena de Nahuizalco, denunció una acción de intimidación y amenaza de la Policía Nacional Civil y militares, luego, de una actividad colectiva de la comunidad que se oponen a un proyecto urbanístico residencial en Sonsonate.
“Un miembro de la comunidad fue perseguido, 24 horas después de la actividad, llegó (a su casa) un miembro de la Policía y cuatro de la Fuerza Armada, exigiendo el número de DUI a la esposa, la madre y su hermana. Ante la intimidación ella entregó el DUI y le tomaron foto. Estamos siendo violentadas en nuestros derechos”, manifestó.
“Le estamos diciendo al Estado y al gobierno, que nosotras aquí y por lo tanto él (presidente Nayib Bukele), tiene la obligación de protegernos, que los acuerdos tomados no le olviden, porque él dice que está en obligación su gobierno de cuidarnos y de defendernos, pero vemos que lo ha hecho de una forma que violenta nuestros derechos”, consideró Hernández.
Hernández reiteró la postergación y demora a resarcir los derechos que les corresponden como Pueblo Indígenas, quienes han alzado ahora su voz, porque su patrimonio natural y cultural está siendo agredido por construcciones urbanísticas y empresariales que sólo tienen como objetivo lucrar por estas obras.
“Las residenciales y urbanizaciones sólo construyen y se van, y a las comunidades (del entorno) no nos consultan en nada, no nos toman en cuenta a pesar que somos del lugar y es nuestro patrimonio porque habitamos allí, ni nos consultan para tomar decisiones -les digo- nos sentimos intimidados de hablar o expresarnos, ganas de callarnos, nos aislamos por esas leyes como el régimen (de excepción)”, reafirmó Hernández.
“Hay un abandono de las comunidades y del río Sensunapan por parte del Estado, por eso exigimos que los bienes comunes sean respetados”, reiteró en su intervención, Nahomi Dueñas, técnico territorial de la UNES al señalar que esta protección y ressarcimiento debe iniciar con la naturaleza, así como los saberes y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural salvadoreño.
“Las mujeres indígenas han jugado un papel muy importante en defensa y resistencia del río Sensunapan, dentro de un sistema capitalista, extractivista, patriarcal, colonial y racista que ha impuesto sobre sus vidas y cuerpos. Mujeres con conocimiento ancestral y reconocimiento identitario que tienen una respuesta alternativa a estos proyectos de degradación de la naturaleza que atenta contra sus vidas”, indicó.
“Atentar contra la naturaleza es atentar contra nuestras vidas, por eso exigimos el respeto de la naturaleza y sus conocimientos ancestrales, porque es respeto para ellos y nosotros. Y el derecho a la vida significa también, poder vivir de forma plena, con dignidad en un ambiente sano que nos permita garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria”, concluyó Dueñas.
