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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Vidalina Morales, María del Carmen Sifuentes y Nelly Rivera son tres mujeres que han dedicado sus vidas a la defensa del agua, y ahora en contra de la minería metálica que afecta el medio ambiente y la biodiversidad. Unidas y trabajando cada una de sus organizaciones esperan perseverar y lograr que el “bien común” se imponga sobre intereses económicos y políticos.
La Resistencia Comunitaria en las comunidades
Vidalina Morales, activista y defensora de derechos ambientales, es una de las figuras más prominentes en el movimiento social que exige la prohibición de la minería metálica en el país, y que se obtuvo en 2017, así como por la defensa del agua y otros derechos sociales y económicos desde ADES-Santa Marta.
“Tenemos el urgente compromiso de buscar alternativas para enfrentar esta problemática, que ciertamente atenta contra la vida en nuestros territorios, tanto en Honduras como Guatemala y El Salvador. Y es importante porque hablamos de la Casa Común que nos alberga a todos y todas”, dijo Morales.
Sobre Cerro Blanco, señaló que algunas investigaciones científicas y técnicas señalan que la trituración de la roca liberará arsénico, plomo y sulfuro, lo que va a generar drenaje ácido. Y para obtener 2.5 millones de onzas de oro, tendrían que triturar al menos 10 millones de toneladas de roca en el lugar.
Este material tóxico sólo en Guatemala afectará directamente por cien años su medio ambiente por el drenaje ácido. Y las empresas mineras ya se habrán ido y exportado todas sus ganancias a sus países de origen.
“Esta amenaza directa e inminente que tenemos con el proyecto minero Cerro Blanco en Jutiapa Guatemala es preocupante, porque impactaría a esta cuenca hidrográfica Güija-Lempa, que son aguas que en un 60% recorren nuestro territorio que sería altamente contaminado si abre operaciones la mina en Asunción Mita. Debemos unirnos y resistir por territorios libres de contaminación, de explotación y extractivismo”, solicitó.
“Hemos sido claros en todo el proceso de estos espacios articulados, que no serán nuevos, pero son esfuerzos para unir cada día a más sectores, pero debemos sostenerlo y seguir denunciando los atropellos, adversidades y la criminalización, al resistirnos a proyectos que impactan a la naturaleza y a las comunidades históricamente empobrecidas, y que la minería podría agudizar más”, indicó Morales.
¡Aquí Vivimos, Aquí Resistimos!
Para la activista de ADES Santa Marta, la población en sus territorios debe enfocarse en la “resistencia comunitaria”, y que si bien, se han aprobado leyes para la explotación y extracción de metales en el país, la lucha deberá ser la derogación de la Ley General de Minería, que deja en riesgo la vida de la población salvadoreña.
“Hay muchos posicionamientos de la academia, las iglesias históricas, las comunidades y el movimiento social al respecto de la minería metálica y sus nefastos alcances contaminantes. Entonces, hagámonos escuchar y sigamos fortaleciendo la resistencia comunitaria”, planteó.
“No vamos a ceder un centímetro más para esas empresas que quieren explotar los minerales en nuestros territorios y estas articulaciones y encuentros nacionales, binacionales y multilaterales por la defensa del bien común porque el impacto de la minería trasciende fronteras, seguiremos impulsando estos esfuerzos colectivos”, reiteró Morales.
Aura Minerals operará Cerro Blanco
“Es nuestra preocupación que en agosto próximo inicie operaciones la mina Cerro Blanco a través de mina subterránea pese al irregular Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa”, resumió, María del Carmen Sifuentes, originaria de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, y lideresa de la organización ecologista de la Iglesia Católica “Laudato Si”.
Sifuentes, es maestra de profesión, formadora académica de generaciones mitecas, conocida en su comunidad como “Marichu”, y quien tomó la decisión como otros vecinos de convertirse en defensores de derechos ambientales en Asunción Mita, con el fin de preservar los bienes naturales de sus territorios.
“Tras la consulta que realizamos el 18 de septiembre de 2022, que dio el voto por el No de la minería, hemos seguido luchando para que esta mina no opere en modalidad subterránea, y mucho menos a cielo abierto. Es un proyecto fallido que no ha logrado sacar ni un gramo de oro ni plata u otros minerales en todos este tiempo atrás (24 años) ”, reseñó.
“El Estudio de Impacto Ambiental les falló porque se han encontrado con aguas termales con temperaturas que alcanzan hasta los 100 grados, lo que no les permite proceder, aunque tenemos temor que sin importar eso, siempre ingresen y usen químicos tóxicos que caerán a los ríos de la zona y, por tanto, a El Salvador, esa es la mayor inquietud”, sostuvo Sifontes.
En este contexto la 5a edición de la Marcha Acuática, en las aguas del lago Güija, unió las voces de estas mujeres de las comunidades fronterizas entre Guatemala y El Salvador, para denunciar la inminente amenaza de las operaciones de Aura Minerals, en suelo miteco, que ahora es propietaria del proyecto Cerro Blanco, luego de comprarlo a BlueStone Resources. Este proyecto minero está a tan solo 58.8 kilómetros de Metapán, Santa Ana, El Salvador.
Aura Minerals ha creado antagonismo entre las comunidades
Marichu recalcó que la defensa de los bienes naturales inicia con marcar y exigir “ciertas restricciones”, como el cuidado del uso y consumo del agua para la población. Es una carrera contra el tiempo frente al poder que muestran las multinacionales mineras cuando llegan a territorios.
“La Comisión de iglesia Católica “Laudato Si” , y la resistencia en Asunción Mita seguimos en pie luchando, y Cerro Blanco, ahora en manos de Aura Minerals, nos tensiona, porque sabemos de los destrozos a la naturaleza y ese antagonismo que han creado en Honduras (Mina San Andrés), en donde la población sufre este conflicto social están más empobrecidos y se están acabando sus bienes naturales”, sostuvo.
“Lamentamos, también, que la Ley de Prohibición de Minería Metálica, aprobada en el año 2017, por el pueblo salvadoreño haya sido derogada el año pasado, cuando lucharon más de 10 años en alcanzarla, y ahora están indefensos ante la industria minera”, recalcó Sifontes.
Los gobiernos no son dueños de los países
María del Carmen Sifuentes aclaró, sobre el contexto regional y el manejo del poder de los gobernantes que fueron elegidos por voto popular de la población, que es el pueblo el soberano, el que tiene la libre determinación de denunciar lo injusto o incorrecto, y es el deber de cada gobierno estar atento a proteger estos derechos.
“Centroamérica es la Patria Grande y tenemos muchas cosas en común, como pueblos, tengamos presente que los gobiernos no son dueños de los países. Nuestras naciones no son finca de nadie, y menos pueden vender o negociar los territorios con extranjeros. Porque todos somos dueños de los bienes naturales, nos pertenecen a todos y todas”, reiteró Sifontes.
Minería Metálica nunca en territorios fronterizos
Nelly Rivera, presidenta de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), femenista y defensora de derechos humanos, trabaja con las mujeres de la zona del Lago de Güija-Lempa, en defensa del medio ambiente y la biodiversidad.
Sobre la vigencia de la Ley General de Minería, Nelly señaló que bajo su implementación permite dos situaciones “peligrosas” , primero, cualquier multinacional minera puede radicar en el país. Y, por el otro lado, existe un vacío por la “ incapacidad o falta de voluntad política” del actual gobierno para establecer un diálogo con la población que será afectada en el país.
“Aquí se debe dialogar primero con el país vecino, que es Guatemala, para tratar de abordar un Tratado de Aguas Transfronterizas, donde se prohíba la minería metálica, que afectarían a las comunidades de esas zonas, entre ambos países, porque directamente quebrantarán la biodiversidad y su modo de vida, esto no tiene rumbo, y si creen que sí lo tiene, es sólo para la destrucción”, alegó.
“Tenemos un empecinado gobierno que quiere extraer oro, pero no nos extraña que esto obedezca a compromisos ya establecidos de las empresas mineras multinacionales. Y en ese sentido, debemos enfocarnos en una mayor organización comunitaria en donde nos involucramos mayormente las mujeres, porque siempre hemos defendido el territorio”, argumentó Rivera.
Rivera advirtió, que desde el movimiento ambientalista, social y mujeres, siempre ha existido una postura de resistencia a estos megaproyectos, pero, también, han presentado alternativas frente a estas inversiones extractivistas y contaminantes.
“Existe una línea oficial que les manda a los funcionarios a no escucharnos y los han contratado para estar en sus puestos justificando estos errores. Todo un aparato estatal que trabaja para que no se contradiga ni la voluntad o intereses de este gobierno, entonces, lo que queda es apelar al pueblo por su organización y resistir en defensa de sus derechos”, expresó.
“El presidente Nayib Bukele, recientemente dijo: “No quieren Bitcoin, no quieren Minería. Y bueno, nosotras pensamos -que bueno que ya lo entendió-, que no queremos eso. Y agregó: ¿Qué quieren?, bueno, le podemos decir algo básico y es el diálogo, que escuche nuestras propuestas, antes de tomar decisiones que nos afectan a todas y todos”, puntualizó Rivera.
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