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Organizaciones representantes de la clase trabajadora se dieron cita en la Plaza Divino Salvador del Mundo, exigiendo el respeto y el cumplimiento de sus derechos laborales. Foto Diario Co Latino/Ronald Castillo

Movimientos rechazan propuestas en detrimento de los derechos laborales

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Aumento al salario mínimo, no más despidos de trabajadores, respeto a la libertad sindical, desprivatización de las pensiones, no aumento del IVA y otras tarifas de servicios básicos, son algunas de las demandas de las organizaciones sociales y movimientos populares, durante la marcha del 1º de mayo en que se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores.

Desde plaza al Divino Salvador del Mundo cerca de treinta organizaciones y movimientos recorrieron la alameda Roosevelt para conmemorar la gesta histórica de obreros en el mundo, que posibilitó el surgimiento del Día Internacional del Trabajador, momento oportuno donde unieron sus fuerzas para expresar a una sola voz el cumplimiento por el respeto a los derechos laborales reconocidos en la Constitución y tratados internacionales firmados por El Salvador. Las organizaciones pidieron un alto a la política de incentivos fiscales para proyectos de supuesta inversión en el país, rechazaron las propuestas de legislación en detrimento de los derechos laborales históricamente garantizados como las ocho horas de trabajo, prestaciones sociales, seguridad e higiene ocupacional entre otras.

También exigieron a la nueva Asamblea Legislativa donde Nuevas Ideas es el grupo con mayor diputados, aprobar un nuevo sistema de pensiones públicas, universales, solidarias y de beneficio definido, así como garantizar la estabilidad laboral de trabajadores de ese Órgano de Estado.

El coordinador general del Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), Wilfredo Berrios detalló que desde hace muchas décadas el movimiento social y popular luchó por 8 horas labores y 44 semanales, pero hoy el país está retrocediendo décadas cuando la explotación del capitalismo era más, actualmente el presidente Bukele esclaviza más a la gente, violentando los derechos humanos y laborales, mancillando y pisoteando la Constitución de la República, adquiriendo un poder nefasto; comentó que ya hay una iniciativa para reformar la ley y quitar las ocho horas laborales por doce horas de trabajo diario.

Durante la marcha los protestantes andaban listos para cualquier situación que fuera incomoda ante las autoridades. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura

“En forma unida, organizada y en rebeldía debemos ponerle un alto ya al abuso autoritario de Bukele, Nuevas Ideas y GANA, debemos hacer presencia, ya no será la única y exclusiva actividad del primero de mayo, hay otras actividades. De seguro, todos los que han sido engañados por estos partidos ya están arrepentidos de ver que están incumpliendo aquellos compromisos que en su momento hizo Bukele”, aseguró Berríos.

Añadió que entre otras de las demandas está la libertad sindical y no más chantaje del ministro de Trabajo, Rolando Castro, al negarle credenciales a las juntas directivas de los sindicatos que no son de su agrado, suspender el cierre y recorte de programas sociales; más atención a la agricultura y soberanía alimentaria y apertura de los archivos militares para la investigación y juicio de los autores de las masacres y reparación de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, especialmente la masacre de El Mozote.

Mientras tanto, Sonia Urrutia, representante del Bloque Resistencia y Rebeldía Popular, dijo que en día de la clase trabajadora piden al Gobierno la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y reapertura del programa de agricultura familiar en beneficio del campesinado que produce la alimentación básica del país, ratificación de la reforma constitucional del derecho humano al agua y aprobación de la Ley General de Aguas como un bien nacional y público, controlado por el Estado; respeto a las leyes políticas y programas creados para mujeres y juventud, así como políticas claras de protección al medio ambiente y anulación de permisos ambientales a proyectos urbanísticos en Valle El Ángel y otras áreas vulnerables.

“En este primero de mayo como clase trabajadora decimos aquí estamos, y en las condiciones que sean vamos a seguir luchando por la reivindicaciones más sentidas del pueblo, contra el régimen autoritario y corrupto de Bukele, por un nuevo sistema político de participación popular y por nuestra segunda independencia. El Salvador está en crisis económica y el Gobierno en crisis fiscal y financiera desde el segundo semestre de 2019, a estas difíciles condiciones se sumó una crisis política con el intento de golpe de Estado el 9F de 2020 por parte del Ejecutivo contra el Legislativo, y la posterior militarización del país encima de eso un mes después se declaró la pandemia con las ya conocidas repercusiones en la vida nacional”, recalcó Urrutia.

A criterio de la sindicalista, las crisis, los malos manejos de la pandemia y el incumplimiento de promesas no le causaron costos políticos al gobierno de Bukele, al contrario el pueblo le refrendó el apoyo en las elecciones del 28F por sus candidaturas a diputados y alcaldías, con lo cual se configura una nueva composición del poder que rebasa y revierte las honestas intenciones de la población. El actual gobernante representa el proyecto político y los intereses de un grupo de empresarios que pretende ser parte del club de los oligarcas, rodeado de gente inescrupulosa, vinculada a su clan familiar con la nueva Asamblea, Bukele espera que los diputados de Nuevas Ideas y GANA le sean totalmente servirles, aprueben privatizaciones de empresas públicas en favor de su grupo empresarial, le deben incentivos fiscales a sus empresas, nombren a magistrados bukelistas para la Corte Suprema y la Corte de Cuentas, elijan a un fiscal general que cumpla sus órdenes y un procurador de Derechos Humanos cómplice de sus arrebatos contra los derechos más elementales de la población, en fin se tratara de que le aprueben todas sus medidas antipopulares.

Para las organizaciones, El Salvador vive una profunda crisis que se manifiesta con los altos índices de desempleo y migración, desintegración social con cuadros críticos de delincuencia y marginación, así como la emergencia de un régimen autoritario y populista que amenaza con coartar las libertades públicas y derechos democráticos conquistados en los Acuerdos de Paz.

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