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“La fiscalía pedía detención y la acusaba de un delito grave, pero es tan superficial la acusación que el juez, si bien pasa el caso a instrucción, demuestra lo débil de la acusación porque cuando la acusación es fuerte, se decreta detención”, dijo el abogado de Susy Melba Rodríguez, Pedro Cruz, al finalizar este martes la audiencia inicial en la que catorce personas son acusadas de delitos de peculado (desvío de fondos públicos), lavado de dinero y activos, estafa agravada e incumplimiento de deberes. La etapa de instrucción será conocida por el Juzgado Quinto de Instrucción
En el desarrollo de la audiencia inicial entre el 13 y 14 de enero, la Fiscalía General de la República sostuvo por acusación que Sigfrido Reyes cometió peculado cuando fungió como presidente de la Asamblea Legislativa, entre 2011 y 2015, apropiándose de al menos $106,000.
A criterio del equipo fiscal, Reyes se solicitaba viáticos para misiones oficiales a sí mismo, en su calidad de presidente de ese órgano de Estado, obviando que la solicitud de viáticos pasa por escrutinio de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, como lo establece su reglamento interno, y que en esta convergen representaciones de distintos partidos políticos.
La defensa presentó al menos 134 documentos que respaldan el carácter oficial de los viajes y, además, la fiscalía habría considerado una serie de erogaciones en dólares, cuando en realidad se trataba de la moneda que circula en el país al que viajó en calidad de funcionario; la fiscalía afirma que en Costa Rica, Reyes gastó $50,000 cuando en realidad gasto 50,000 colones, unos 80 dólares al cambio.
De acuerdo al requerimiento fiscal del proceso, en la página 301 del mismo, se señala que Sigfrido Reyes tiene dinero “sin saber la procedencia del mismo” por un monto supuestamente superior a los $212,000 obviando que entre 1996 y 2006, Reyes fungió como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) antes de que fuera diputado propietario por el departamento de San Salvador, entre 2006 y 2015.
La acusación fiscal habría obviado que, en los diez años que fue diputado del PARLACEN, Reyes devengó cerca de medio millón de dólares en salarios y prestaciones, respaldado esto en un documento oficial del organismo regional, por lo que las cuentas del exparlamentario no partían de cero al asumir como diputado y serían estos fondos los que supuestamente se atribuirían al supuesto lavado de dinero.
Acerca del delito de estafa agravada en perjuicio del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) por parte de la empresa Terrein S.A. de C.V., constituida por Reyes en 2013, el abogado Pedro Cruz explicó: “la compra se hizo apegada a la ley con normativa vigente en ese momento, no se estableció una tabla de precios diferenciados para favorecer a una sociedad, la sociedad que adquirió los terrenos no existía cuando el IPSFA los ofertaba a precios de ‘me lo llevo’ porque no los vendía”.
Según la fiscalía, la referida sociedad pagó por unos lotes en Nuevo Cuscatlán un total $440,501, cuando el supuesto precio era superior a los $630,000. Tres empleados del IPSFA son acusados de supuestamente “engañar” a la junta directiva de la institución para vender los lotes a un precio supuestamente menor.
“El IPSFA no perdió un centavo en esa transacción, el requisito para configurar el delito de estafa es perder, entregar el dinero, y el IPSFA no entregó un centavo, no disminuyó su patrimonio”, detalló Cruz.
En los alegatos, Cruz sostuvo que la institución no se ha mostrado agraviada ni ha percibido daños en su operatividad a raíz de una supuesta estafa.
