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Por Leonel Herrera*
La dictadura salvadoreña intenta culminar su proceso de consolidación, propiciando el zarpazo final contra la última trinchera democrática: la sociedad civil organizada y el periodismo independiente. Lo hace con dos estrategias: una es la creciente escalada de represión y persecución política, y la otra tiene que ver con la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).
La estrategia represiva se muestra claramente en la captura arbitraria e ilegal del cooperativista y pastor evangélico José Ángel Pérez y de los abogados Alejandro Henríquez, Ruth Eleonora López y Enrique Anaya Barraza. La detención del reconocido abogado constitucionalista sucedió el pasado 7 de junio y -al momento de escribir esta columna- su abogado y sus familiares desconocen su paradero. Es decir, está desaparecido.
Pérez y Henríquez están en prisión por decisión del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, y López también fue enviada a fase de instrucción con detención provisional por el Juzgado Décimosegundo de Paz de San Salvador. En ambos casos, la detención es totalmente injustificada y representa un abuso judicial que violenta flagrantemente el debido proceso penal.
Y es probable que las capturas ilegales continúen en los próximos días, semanas, meses. Se habla de una lista de personas miembras de organizaciones sociales, activistas, analistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, a quienes la Fiscalía estaría inventándoles acusaciones falsas porque la dictadura los quiere tener en la cárcel.
La LAEX está diseñada para eliminar a las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, denuncian injusticias, señalan corrupción, demandan democracia y acompañan las luchas de la población. La nefasta normativa pone multas de 100,000 a 250,000 dólares, establece penas de 5 a 15 años de cárcel a miembros de organizaciones (y a “terceros vinculados”) que podrían ser condenados por “lavado de dinero” y ordena la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones que “respondan a intereses extranjeros”.
La cuestionada ley se caracteriza por la ambigüedad, subjetividad y abritrariedad en su interpretación e inminente aplicación. Su carácter y propósitos represivos se evidencian de manera inequívoca en su contenido y se confirman con el discurso estigmatizante, criminalizador y de odio político con que sus promotores justificaron su aprobación.
Esta arremetida final de la dictadura contra el último bastión democrático tiene en los jueces y magistrados a los actores claves para su concreción. Ellos están procesando los juicios espurios contra quienes el régimen considera contrarios a su proyecto autoritario; y son ellos los que eventualmente aplicarán las disposiciones de la LAEX.
La cobarde y nefasta actuación de las juezas primera de Paz de Santa Tecla y del Juzgado Duodécimo de Paz de San Salvador fue determinante para la escalada de persecución política. Ellas tuvieron en sus manos la posibilidad de frenar esta estrategia de consolidación dictatorial y dejar libres a Ángel Pérez, Alejandro Henríquez y Ruth López, respectivamente.
También fue decisivo el rol del juez que mandó a Fidel Zavala a la misma cárcel donde presenció los abusos que denunció y el de la “jueza sin rostro” que metió presos a Atilio Montalvo, Pepe Melara y otros dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz. También, los magistrados de cámara que anularon el sobreseimiento de los ambientalistas antimineros de Santa Marta y ordenaron repetirles el juicio en otro tribunal.
Sin el concurso de los jueces, la dictadura no podría criminalizar y perseguir; y sin ellos tampoco podrá aplicar la LAEX. Por eso la ciudadanía democrática debe hacer un llamado urgente a los jueces a no dejarse intimidar, ser independientes y respetar el debido proceso en los casos de persecusión política; y a declarar inaplicable la LAEX, por violar otras leyes, la Constitución y tratados internacionales sobre libertad de expresión, asociación y otros derechos cívicos.
Así que tienen la última palabra, señores jueces, juezas, magistrados y magistradas. De la actuación de ustedes depende la concreción o el fracaso de la estocada final de la dictadura. Ojalá que sean valientes, coherentes, independientes, imparciales, transparentes y justos. Pasen a la historia como prevalecedores de la justicia y no como cómplices de la tiranía.
Hay ejemplos de que sí se puede. En octubre del año pasado, las juezas del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque sobreseyeron definitivamente a los activistas ambientales de Cabañas; y la semana pasada los magistrados de la Cámara Penal de San Vicente apartaron, en este mismo caso, a un juez que tenía conflictos de interés en la nueva vista pública.
Ojalá que los magistrados de cámara que conozcan las apelaciones de Ángel Pérez, Alejandro Henríquez y Ruth López actúen apegados a derecho y reviertan las resoluciones que injustificadamente les decretaron prisión preventiva. Ojalá que también el juez o jueza que conozca la acusación contra Enrique Anaya no repita el vergonzoso episodio de las juezas primera de Paz de Santa Tecla y décimosegunda de Paz de San Salvador.
Asimismo es esperable que la jueza que mandó a prisión a Atilio Montalvo, Pepe Melara y demás veteranos de guerra conceda las medidas sustitutivas que piden los abogados; que se revierta la detención de Fidel Zavala; que el Juzgado de Sentencia de San Vicente confirme la absolución de los ambientalistas antimineros y que sean liberados los demás presos políticos.
Los jueces, juezas, magistrados y magistradas tienen la última palabra. Ellos decidirán si actúan como verdaderos aplicadores de justicia o serán complacientes con la criminalización y persecución dictatorial que busca dar el paso final para su consolidación. La historia los absolverá o los condenará, según lo que ustedes hagan.
*Periodista y activista social.
